La Justicia de Buenos Aires prohibió la aplicación del nuevo protocolo que amplía el uso de armas de fuego por parte de los agentes de seguridad de Argentina.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, declaró el miércoles “inconstitucional” la nueva resolución impulsada por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre el uso de armas de fuego para las cuatro fuerzas federales de seguridad y decretó que la norma es “inaplicable” en el territorio porteño.
“Se decreta la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la resolución (…) y su inaplicabilidad en el ámbito territorial de la ciudad autónoma de Buenos Aires”, afirma el juez en la resolución publicada por la diputada de la capital argentina Myriam Bregman en la red social Twitter.
El magistrado le ordenó, además, a la Administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta “el estricto acatamiento” a lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución local, absteniéndose de adherir al reglamento policial.
Asimismo, aseveró que la resolución de Bullrich es una respuesta “espasmódica, chapucera y demagógica a imaginarias o reales demandas sociales de seguridad” y afirmó que esta doctrina lejos de aumentar la seguridad, “somete a los habitantes a riesgos adicionales”.
El magistrado hizo lugar a un pedido de nulidad de la resolución presentado por la diputada porteña Myriam Bregman, la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi), y Carla Laporte, referente de la lucha contra el gatillo fácil.
El Ministerio de Seguridad de Argentina oficializó el lunes este reglamento que otorga mayores libertades a las fuerzas federales y les autoriza el uso de armas de fuego ante cualquier “peligro inminente”, de manera que podrán descargar su armamento sin dar la voz de alto o sin que medie una agresión directa e, incluso, disparar contra personas que estén huyendo.
La propuesta de Bullrich no sólo ha suscitado el rechazo de la Justicia porteña, también de Amnistía Internacional (AI) y de otras ONG, quienes señalan que este nuevo protocolo viola los compromisos internacionales que el país ha adquirido en materia de derechos humanos.
Conforme a datos proporcionados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante 2017, tan solo en Buenos Aires y el Conurbano, 146 personas murieron bajo circunstancias violentas en las que se registró una participación policial. La Correpi alerta que cada 23 horas hay un caso de “gatillo fácil” en Argentina.