Karina Batthyány: «El fenómeno de judicializar a los líderes progresistas de América Latina es muy preocupante»

Las ciencias sociales aplicadas a las políticas públicas para combatir con más eficacia la pobreza y la desigualdad y fortalecer los derechos humanos y la participación democrática. Con ese empeño nació en 1967 el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), una influyente institución no gubernamental que hoy cuenta con más de 800 centros de investigación en todo el mundo, principalmente en América Latina. Esta red académica de pensamiento crítico tiende ahora nuevos puentes con Europa a través de organizaciones como Transform! Europe.

De paso por Madrid, la directora ejecutiva de Clacso, la socióloga uruguaya Karina Batthyány, dialoga con Público sobre los principales retos que afrontan los países de Latinoamérica, una región que está, en su opinión, en una encrucijada histórica debido a los riesgos que corren los Gobiernos progresistas ante el avance de los movimientos ultraderechistas y la permanente judicialización de los dirigentes de izquierdas y activistas sociales.

¿Qué retos y qué riesgos enfrenta la nueva oleada de Gobiernos progresistas en América Latina?

Si miramos la realidad política latinoamericana, estamos en una situación ambivalente y de cierta encrucijada. Hoy observamos, por un lado, el retorno y el fortalecimiento de los Gobiernos progresistas, tras la primera ola de inicios de los años 2000. Es el caso de Argentina, Chile, México, Bolivia o la reciente incorporación de Colombia. Por otro lado, ha habido un regreso de la derecha en Paraguay, Uruguay, Ecuador y Brasil.

Lo más preocupante es lo que viene con esa agenda de derecha: el recorte de derechos ciudadanos para la población en general y el retroceso en términos de los avances sociales que habían logrado los gobiernos de esa primera ola. Es el caso de Uruguay, con 15 años de Gobiernos progresistas del Frente Amplio) y donde ahora, después de casi tres años de Gobierno de derechas, vemos que los retrocesos en cuestiones de agenda social son realmente impresionantes.

Tenemos mucha esperanza en que los países con Gobiernos progresistas continúen con las transformaciones sociales pero esos Gobiernos no dejan de estar bajo cuestionamientos permanentes.

Cuestionamientos también en las urnas, ¿no? Como en Chile, con el rechazo a una Constitución de marcado acento progresista.

Sí, tenemos una alerta con lo que pasó en Chile con el rechazo a la nueva Constitución, que además fue un rechazo muy contundente. Casi dos terceras partes de la población votó en contra tras un proceso constituyente que había despertado muchas expectativas y que venía precedido del estallido social de octubre de 2019.

Ahí tenemos una llamada de atención sobre cómo se va a consolidar este Gobierno. Cómo va a lograr reencauzar este proceso constituyente y cuáles van a ser las resignaciones que tenga que hacer el Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric en pos de cambiar la Constitución de 1980 del dictador Augusto Pinochet. Es increíble que esa Constitución pueda seguir vigente en Chile.

En esa encrucijada se asoman otra vez los discursos del odio y los procesos de desestabilización en algunos países.

Es un fenómeno que se está viendo, por ejemplo, a través del lawfare. Se está judicializando la política en muchos países. Ese fenómeno de judicializar a los líderes progresistas en América Latina es muy preocupante. Y no solo a dirigentes políticos, también a activistas de los movimientos sociales. Son causas judiciales en la mayoría de los casos inventadas.

En el caso de Argentina, por ejemplo, se llegó al extremo en este sentido. No solo por el proceso de judicialización de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, sino por el intento directo de matarla, de asesinarla, con todo lo que ella representa. Fue presidenta de dos Gobiernos progresistas en Argentina (2007-2015). Y eso es cultivar la grieta, es decir, producir una voluntad de separación entre quienes están a favor y quienes están en contra. Se llega así a niveles extremos que muestran el fomento del odio.

Nos preocupa mucho la aparición de esos fenómenos de inestabilidad política porque, evidentemente, están atentando contra los procesos democráticos que surgen a principios de siglo después de la etapa de las dictaduras, especialmente en el Cono Sur.

Parecía que esos procesos democráticos se habían consolidado pero, claramente, no lo están y se está intentando desestabilizarlos en todos los frentes. Porque también es muy preocupante la criminalización y judicialización del activismo social. Todos los días están matando líderes de los movimientos sociales que previamente han sido criminalizados o judicializados. Eso es profundamente preocupante desde una concepción democrática.

Como en otras partes del mundo, América Latina también ha visto surgir con fuerza a líderes y partidos de ultraderecha

América Latina está en esa encrucijada de la que hablaba antes. Y uno de los desafíos de los Gobiernos progresistas es cómo enfrentarse al auge de los movimientos de ultraderecha. Son movimientos muy bien articulados en algunos países, no solo a nivel nacional sino internacional.

Es el caso del Brasil de Jair Bolsonaro. Pero también y de otra forma en El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele. Se están fortaleciendo también en Chile, con el excandidato presidencial José Antonio Kast o en Argentina, con el economista neoliberal Javier Milei.

Y no hay que olvidar el caso de Uruguay, donde tenemos al partido militar Cabildo Abierto. Cuando escuchábamos a su líder, Guido Manini, durante la campaña electoral de 2019, pensábamos que no iba a tener apoyos, pero sí los tuvo y hoy cuenta con tres senadores y varios diputados. Hace diez años esto era impensable en Uruguay y nos habla del avance de los movimientos de ultraderecha en América Latina y en el mundo.

Es sumamente preocupante porque los discursos de estos movimientos son totalmente contrarios a los del ala progresista y suponen un retroceso en los derechos sociales, en los avances económicos, políticos, culturales… Esa tensión está presente en la región.

Dentro de unas semanas se celebran unas elecciones cruciales en Brasil donde se juega la permanencia de Bolsonaro o el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva. Es un claro ejemplo de esa tensión.

Brasil es un país absolutamente clave en la región. Parece que el triunfo de Lula se va a dar, pues el expresidente brasileño lidera las encuestas con más de 12 puntos de ventaja. Está el riesgo de que Bolsonaro no acepte el resultado electoral. Pero hay otro riesgo en el supuesto de que sí acepte una eventual derrota en las urnas. Es el riesgo de la representación que esos sectores derechistas y ultraderechistas van a seguir teniendo en la sociedad y en la política brasileña. Al igual que sucede en otros países, como en Argentina o en algunos países de Europa.

Es un asunto que nos tiene que llamar profundamente a la reflexión. Entre los ejes principales de trabajo de Clacso está, precisamente, el de la democracia y los riesgos de la inestabilidad política.

¿Cómo se puede combatir desde la academia contra esos riesgos de inestabilidad?

Hay un proyecto en el que estamos trabajando ahora, por ejemplo, que es el de las plataformas para el dialogo social. Creemos que hay que construir un dialogo social amplio que articule a la academia, a los movimientos sociales y a quienes participan en las políticas públicas para avanzar en esos nudos críticos de las sociedades latinoamericanas. El objetivo es lograr algún día unas sociedades más justas, más equitativas y más solidarias.

América Latina es la región más desigual del mundo. ¿Cómo pueden las ciencias sociales ayudar a revertir esa situación?

Desde una forma de entender las ciencias sociales como la generación de conocimiento oportuno y necesario para lograr transformaciones sociales. Tratamos de incidir en los distintos países de América Latina y el Caribe en el terreno de las políticas públicas al aportar temáticas que se colocan en la agenda pública para el desarrollo de esas políticas. Campos temáticos donde detectamos los principales nudos de nuestras sociedades. Por ejemplo, todo lo vinculado al cambio climático, las migraciones, las desigualdades sociales, las cuestiones de género, la calidad democrática…

Usted ha publicado varios trabajos sobre la cuestión de los cuidados, un derecho todavía poco reconocido en la región.

Es uno de los nudos críticos de las desigualdades sociales y de las desigualdades de género en una región donde, a diferencia de Europa, no tenemos sistemas de bienestar social. Y la cuestión de los cuidados, entendida como un derecho más, hoy es un déficit en nuestra región.

Hay una demanda de cuidados enorme que recae en las familias y dentro de los núcleos familiares, en las mujeres en un 80% de los casos. Y no contamos con políticas públicas consolidadas para atender este tema. Lo que hemos logrado desde la academia feminista y desde los movimientos feministas es que el cuidado se instalara en la agenda pública y algunos países están desarrollando políticas o están en camino de hacerlo. Es un buen ejemplo del papel de las ciencias sociales y su articulación en la agenda pública.

F/Publico.es