“El informe de la señora (Michelle) Bachelet, es un informe más, hecho por su oficina, por gente muy enemiga de Venezuela y la Revolución Bolivariana; es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones y de datos inexactos, datos falsos; es la lectura dogmática y repetida del antiguo comisionado”.
Las palabras del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recogen con absoluta precisión el verdadero trasfondo del documento emitido por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y exprimera mandataria de Chile, tras su reciente visita a territorio venezolano, en el cual más que una visión imparcial, acorde con su investidura, solo refleja una postura manoseada, ligada estrechamente y sin tapujos a la conjura montada desde Washington para tratar de derrocar por cualquier vía al Gobierno legítimo de nuestro país.
A juicio del Jefe de Estado, “…le dictaron (el informe) desde el Departamento de Estado; ella cedió a las presiones que le hizo Elliott Abrams, presiones personales contra Bachelet”, y es “…un papel mal escrito, que no expresa la verdad de Venezuela, es rechazado por el mundo (…). Yo exijo una rectificación ante las falsedades del informe leído por la señora Bachelet (…), que recuerde la historia de Chile, que le vea la cara al fascismo venezolano”, subrayó Presidente de la República el pasado lunes.
RECHAZO
El documento ha generado una larga cadena de rechazos, como el expuesto por el viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, William Castillo, durante su intervención en la 41° Sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, recogida por el portal de la cancillería venezolana, en la cual apuntó, a manera de ejemplo, que entre las inconsistencias del informe se evidencian las 558 entrevistas realizadas, de las cuales 460 fueron hechas fuera de Venezuela, desestimando “…los avances de Venezuela en materia de derechos humanos e ignorando los graves impactos del criminal e ilegal bloqueo económico ejercido sobre el pueblo”..
“Venezuela está segura que usted sabe -señora Michelle Bachelet- que el informe no refleja la realidad de lo que vio en Venezuela. Exigimos la corrección de su contenido, e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su oficina”, puntualizó Castillo, quien, además, expuso que “…resulta incomprensible el contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada; un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos, y que parece un calco de informes anteriores”.
La misma cancillería, el pasado jueves 4, emitió un pronunciamiento oficial en el cual se hacen 70 observaciones al ya comúnmente conocido como “Informe Bachelet”, cuestionando que en el mismo, entre otras cosas, en gran parte, esta distorsionada visión (…) es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración. En este documento se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
En la misma sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la cual intervino William Castillo, delegados de Rusia, China, Turquía, Belarús, Myanmar, Irán, Cuba, Nicaragua, Bolivia y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), también expresaron su repudio al documento suscrito por la expresidenta chilena, por considerar que en su contenido no se toman en cuenta las graves consecuencias del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al pueblo venezolano por el Gobierno estadounidense, secundado por algunos lacayos, lo cual representa, de hecho, una brutal violación de nuestros derechos humanos.
Lisandra Astiasaran, quien intervino a nombre de los países que integran el ALBA-TCP, expuso que la campaña que se utiliza para atacar a la Revolución Bolivariana tiene como objetivo crear las condiciones para desestabilizar la democracia participativa en Venezuela.
A su vez, Elvieelna Díaz, de Nicaragua, formuló un llamado a la ONU, organismo en teoría creado para garantizar cierto equilibrio en el mundo, recalcando luego que brutales medidas como las puestas en marcha por los genocidas de Washington contra gobiernos negados a serles serviles, inciden “negativamente en la promoción y protección de los derechos humanos”; mientras el cubano Pablo Berti denunció que pretenden doblegar “…con carencias y privaciones, la voluntad política y soberana del pueblo venezolano”.
Desde el mismo país donde la señora Bachelet gobernó sin levantar jamás su voz contra la Constitución impuesta por el sátrapa Augusto Pinochet, el Partido Comunista de Chile, a través de un comunicado enfatizó en lo necesario de aclarar “…lo que pudiera entenderse como incongruencias, contradicciones, presunciones infundadas y generalizaciones que significan la falta de imparcialidad en el informe” de la citada dama.
“Nos llama profundamente la atención que en el informe de la alta comisionada no se exprese ninguna condena a los intentos de golpes de Estado y a las amenazas permanentes de intervención militar en Venezuela ni a actos de desestabilización con causa de muerte de sectores opositores de extrema derecha”, se puede leer en el pronunciamiento del PCC.
En el mismo texto, remarcaron que “… como lo ha expresado el propio Gobierno de Venezuela se deben hacer todos los esfuerzos por esclarecer la comisión de actos lesivos a los derechos humanos y preservar en compromisos que aseguren su cumplimiento”.
EXCUSA PARA INVADIR
El “Informe” firmado por la dama ya mencionada, quien lamentablemente en no pocas ocasiones actúa como una suerte de viuda pinochetista, ha levantado mucho polvo en los caminos, dentro y fuera de nuestras fronteras, despertando las naturales suspicacias, sospechas, en cuanto a sus intenciones, como bien lo expresó en un artículo ampliamente divulgado la economista Pascualina Curcio.
“…Se ha convertido en práctica habitual la politización e instrumentalización de los derechos humanos como excusa, por parte de EEUU, para invadir territorios y violentar soberanías. Mientras tanto, el Sistema de Naciones Unidas, con discursos ambiguos, sin fijar posición y exigir el respeto de la norma internacional, ha sido complaciente al poderío imperial y a los intereses de los grandes capitales”, manifiesta, en sus líneas iniciales.
Un poco más adelante, la profesora Curcio denuncia que la señora Bachelet,ata en la misma senda de su predecesora Navy Pally -bajo cuya gestión se desencadenaron los hechos que condujeron a la invasión de Libia y el asesinato de Muammar Gadafi, con anuencia de la ONU- y exige la presentación de “…las pruebas y precisiones de todas y cada una de las graves acusaciones que hace en su informe”.
La analista, a lo largo de su artículo, hace una serie de apreciaciones sobre el “Informe Bachelet”, reclamándole, al final que demuestre, entre otras cosas, la supuesta existencia “de 4 millones las personas que han dejado Venezuela. Le adelantamos que le será difícil, si es que no quiere entrar en contradicción con las propias cifras de Naciones Unidas, las cuales indican que en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil la tasa neta de migración es negativa, es decir, que en esos países son más las personas que han salido de las que han entrado. Por lo tanto, si de Venezuela se han ido más de 4 millones de personas hacia esos países, significa que de allí han salido muchas más de 4 millones. Demuestre dónde están entonces esos supuestos más de 4 millones de venezolanos”, conmina.
DESMONTAJE
En un descarnado análisis elaborado por el equipo de Misión Verdad, titulado “Informe Bachelet será otro instrumento para intentar el cambio de régimen”, se desnuda el objetivo específico del mamotreto bacheletista: la justificación del lawfare, el método “judicial” instrumentado por el imperialismo estadounidense para justificar por vías supuestamente “legales” el derrocamiento de gobiernos que no le son afines. Así ocurrió con Dilma Rousseff y Lula da Silva, en Brasil, de la misma manera como pretenden hacerlo con Rafael Correa, en Ecuador; y Cristina Kirchner, en Argentina.
El equipo de Misión Verdad, como primer punto, denuncia la exclusión, omisión y subordinación del discurso en su metodología:
“…Es un procedimiento habitual y por el que, lamentablemente, no debería haber sorpresa: se presentan los ‘hechos’ con la mayor cantidad de recursos aparentemente empleados para, con una escenografía ‘amplia’, entubar los elementos interesados con el fin de narrar bajo el revestimiento de objetividad, profesionalidad, imparcialidad y orgullosa metodología. De esta manera se promueve un contenido como verificado, corroborado y sin fisuras, cuando en realidad no va más allá del clásico sesgo de confirmación y la orientación interesada del discurso”.
“…El informe -dice el trabajo de Misión Verdad-, deja por fuera mucho de lo recabado, en particular ‘los pronunciamientos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos con relación a la situación de Venezuela, incluyendo los resultados de las visitas realizadas al país’”.
El segundo punto, “las fuentes empleadas: Parcialización, Agenda Política y Luis Almagro, (…) la misma literatura, la misma disposición narrativa, el mismo esquema justificativo de la intervención, y el mismo sistema de señales de los actores interesados –(…) Pudiéramos citar los conflictos de intereses (monetarios) del Foro Penal Venezolano, la compulsión del Observatorio Venezolano de Violencia y su forma prospectiva de ‘predecir’ conflictos y muertes violentas, las omisiones estridentes de Provea o el sistema NED–Usaid-FreedomHouse-Open SocietyFoundations que nutre a la mayoría de las organizaciones que sustentan el informe, cuando no es directa y explícitamente el Departamento de Estado o la Unión Europea. El mismo arqueo de siempre de los dispositivos narrativos del cambio de régimen…”.
Su muy probable procedencia de un informe elaborado por el comisionado anterior (algunas, algunos, sostienen que el informe está elaborado desde mucho antes de que la señora Bachelet pusiera pies en territorio venezolano), sus innumerables omisiones, modo de presentación y lenguaje, constituyen los siguientes ítems del análisis. El séptimo, pone acento en verdadero fondo del asunto: “…Las compuertas del Lawfare”, por ahí van los tiros a los cuales se suma la señora Bachelet, escudada en su cargo. Así, la gente de Misión Verdad, en torno al infame “Informe”, desgrana:
“… Disminuye la fallida campaña prosanciones como algo beneficioso para la población venezolana, (…) transfiriendo sus consecuencias a un asunto exclusivamente de gobernabilidad. Favorece al expediente de criminalización de la Revolución Bolivariana y sus alianzas en perfecta sintonía con el discurso de la empresa criminal corrupta bolivariana y avanza en la intención de procesar a su liderazgo en tribunales y fiscalías de Estados Unidos y ‘países aliados’ como si fueran un asunto de justicia ordinaria, confiriéndole un rango de extraterritorialidad y capacidad de maniobra a otros países y grupos políticos atentando, aun más, contra la Carta de las Naciones Unidas, la legislación y el orden internacional”.
El pasquín bacheletista también cumple con otros cometidos no menos significativos: “… Envalentona a los actores domésticos y foráneos a intensificar las múltiples campañas de violencia, desestabilización y demás expresiones de guerra híbrida, como el caso de la criminalización del programa vital impulsado por el chavismo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que dan pie a unas posibles sanciones para involucrarlo en el centro del bloqueo estadounidense en curso contra Venezuela; absuelve a criminales dentro y fuera del país, impunizándolos ante el Estatuto de Roma y la Convención de Ginebra;, pero también, en contrapartida, señala ese vacío que urgentemente tienen que llenar los países que defiendan la Carta de la ONU para revisar, reformar, caracterizar, tipificar y levantar jurisprudencia, estableciendo precedentes en contra de las acciones corporativas, estatales y no estatales y los nuevos mecanismos de acción/desestabilización/agresión, atacando la naturaleza misma y definición de lo que significa una guerra entrando en la segunda década del siglo XXI (…)”.
En fin, la mayoría de los analistas serios, coinciden en que el mamotreto con pretensiones de “informe” presentado por la señora Michelle Bachelet no es sino un intento más de lavarle la cara a la conspiración contra Venezuela, intentando ofrecerle una suerte de respiración artificial a la oposición interna, luego de seis meses de escandalosos fracasos de quien se autoproclamara “presidente interino” en una plaza pública y desde entonces jamás ha podido levantar siquiera un poquito su agónico vuelo.