El 15 de diciembre se cumplen 22 años de la aprobación en referéndum popular de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fue la primera vez que el pueblo tuvo la oportunidad de decidir sobre su Carta Magna, su guía de convivencia y principios, en casi 200 años de historia.
Desde entonces, la novedosas Constitución calificada por el comandante Chávez como “la mejor del mundo” ha soportado golpes de Estado, intentos de desestabilización, ha sido vituperada y perseguida por los representantes de la oligarquía criolla, junto a sus secuaces políticos, religiosos y económicos, pero a su vez ha sido defendida férreamente en las calles y en los comicios electorales por un pueblo consiente que la conoce, la debate, se refugia en ella y la considera como una madre protectora, garantía de todos sus derechos.
De hecho, la Constitución de 1999, que consagra por primera vez en Venezuela y el mundo la democracia participativa y protagónica, al contrario de la Constitución de 1961, en la que el pueblo delegaba el poder (democracia representativa), representa un gran obstáculo y una muralla para quienes a los largo de 20 años han pretendido un cambio de régimen por la vía violenta en conchupancia y, con el apoyo y respaldo, del Gobierno imperialista de Estados Unidos, junto a países aliados de derecha y organismo tutelados como la OEA, el FMI, la Unión Europea.
El golpe militar de abril de 2002, con el que el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, apoyado por la CTV, la Iglesia y militares traidores, se hizo brevemente con el poder, es un claro ejemplo del escollo que representa la Constitución de 1999 para sus pretensiones de acceder y mantener el poder y recuperar los privilegios perdidos desde que Hugo Chávez se alzó con la victoria en diciembre de 1998, poniendo fin a la hegemonía política, económica y religiosa que detentaba el poder desde la disolución de Colombia, la de Bolívar, en 1830.
Durante el golpe de Estado contra Chávez, en abril de 2002, cuando la derecha asume el poder, sus primeras decisiones consistieron en arrojar el cuadro del Libertador Simón Bolívar al baño, abolir la Constitución aprobada en referendo popular en 1999, eliminar el nombre de República Bolivariana y anular el grupo de 49 decretos de leyes habilitantes firmadas el 13 de noviembre de 2001. Entre las pocas acciones como jefe de Estado de Pedro Carmona se decretó la restitución de los créditos indexados.
Convocar a una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Constitución de acuerdo a los nuevos tiempos formaron parte de las promesas y compromisos electorales contraídos por Hugo Rafael Chávez Frías durante su campaña en 1998.
“Juro sobre esta moribunda Constitución, juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro”, dijo Chávez al juramentarse.
Luego los venezolanos fueron convocados a un referéndum consultivo el 25 de abril de 1999 para que decidieran si aprobaban o no la propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo que fue sometida a aprobación popular.
La patria buena
La nueva Carta Magna fue aprobada en consulta popular el 15 de diciembre de 1999 en medio de torrenciales lluvias que provocaron una de las más grandes tragedias sufridas por Venezuela, que dejó miles de víctimas en el hoy estado La Guaira, debido al deslave del Warairarepano que arrastró miles de toneladas de piedras, barro y escombros hacia el litoral y afectó las zonas pobladas.
La Constitución venezolana de 1999, se ha dicho, se convirtió en la primera en reconocer los derechos de los pueblos indígenas, estableciendo como oficiales sus lenguas y reconociendo derechos sobre los territorios ocupados ancestralmente. Desde el punto de vista ambiental, esta Constitución es pionera en la región al reconocer derechos ambientales, entre estos el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El 15 de febrero de 2009 se realizó un segundo referéndum de modificación constitucional en el cual se aprobó la primera enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, con el único fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida.
Derivadas e hijas de esta Constitución son las 49 leyes polémicas de la “habilitante” aprobadas por la Asamblea Nacional al comandante Chávez en noviembre de 2000. Entre ellas están la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que incrementaba a 30 por ciento la tributación de las transnacionales en las actividades de extracción petrolífera y fijaba en 51 por ciento la participación mínima del Estado en sociedades mixtas, la Ley de Pesca, que imponía fuertes restricciones a la pesca de arrastre y comercial en beneficio de los pescadores artesanales y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que permitía expropiar latifundios y beneficiaba a los campesinos que buscaban cultivar pequeñas extensiones de tierra.
A lo largo de más de 20 años de duro batallar contra fuerzas internas y externas se ha construido y sentado las bases de una sociedad igualitaria que garantiza los derechos del pueblo venezolano, legislando a favor de las mujeres, de las personas con discapacidad, a favor de los pueblos indígenas, protegiendo el ambiente y empoderando al pueblo a través de las leyes del Poder Popular: las comunas, los consejos comunales, las ciudades comunales, es decir, construyendo la “patria buena” a la que se refería el comandante Chávez.
T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO