POR: FERNANDO TRAVIESO
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La Venezuela neocolonial de los años 90 recibió órdenes de los poderes fácticos mundiales por intermedio del Gobierno estadounidense de la época de privatizar la industria petrolera venezolana, que nunca dejó de estar bajo el dominio de las transnacionales energéticas, que tomaron el manejo del sector con el golpe de Estado dado al vencedor sobre el bloqueo a las costas venezolanas de 1902-1903, el presidente Cipriano Castro, cuya motivación fue el control de nuestro reservorio de hidrocarburos.
El agotamiento de las reservas petroleras a escala global, reflejado estadísticamente desde 1981, acelera los planes de reprivatizar Pdvsa, por lo que crean los partidos de laboratorio (PJ y VP) para la destrucción del Estado-Nación venezolano, dejando de lado los partidos títeres útiles en la lucha contra el comunismo (AD-Copei). El aumento en la gasolina de 1989 se propuso y ejecutó para eliminarlos y forma parte de sus planes.
El comandante supremo Hugo Chávez Frías, sabiendo en su calidad de estadista de escala mundial, que el objetivo de la oligarquía mundial es el control de la Faja Petrolífera del Orinoco, después de derrotado el sabotaje petrolero de 2002-2003, decide el 26 de febrero de 2007, mediante el Decreto Ley 5.200, nacionalizar las acciones de las extintas Asociaciones Estratégicas presentes para la fecha en la Faja que poseían mayoría accionaria de las transnacionales, hasta en un mínimo de un 60%, asegurando el manejo territorial de una de las áreas mas disputadas geopolíticamente en la historia industrial del planeta.
Las guarimbas, mecanismo para la destrucción del Estado-Nación venezolano, fueron derrotadas gracias a la estrategia del presidente Nicolás Maduro, preservando el legado del presidente Chávez, un modelo socialista para beneficio de las grandes mayorías y la soberanía sobre sus recursos energéticos.
Darle rango constitucional al Decreto Ley 5.200, incorporando un mínimo de 60% de las acciones de las empresas mixtas en el artículo 303 de la Constitución Nacional, y de 55% en el caso del oro, es de suma importancia para la preservación de la integridad territorial venezolana.