El presidente de Brasil, Michel Temer, y el excandidato presidencial Aecio Neves actuaron conjuntamente para impedir el avance de investigaciones de corrupción, señaló el Fiscal General de la República, Rodrigo Janot, en un documento hecho público este viernes.
Según Janot, Neves, “en articulación, entre otros, con el presidente Temer”, intentó obstaculizar la operación ‘Lava Jato’, sobre la trama corrupta en la estatal Petrobras, a través de “medidas legislativas” y “el control del nombramiento de comisarios de policía” que conducían las investigaciones.
”De esta forma, se ve también la posible práctica del delito de obstrucción a la Justicia”, resalta el fiscal Janot, citado en un documento en el que el magistrado del Supremo, Edson Fachin, autorizó el jueves la apertura de una investigación contra Temer.
El presidente, de 76 años, se vio salpicado directamente por la confesión efectuada ante la justicia por uno de los dueños del gigante cárnico JBS, Joesley Batista, que colocó al presidente brasileño en el centro de un escándalo de corrupción.
El empresario confesó que JBS le paga sobornos a Temer desde 2010, según documentos difundidos hoy por la Corte Suprema, y grabó una conversación hecha pública esta semana y que compromete directamente al jefe de Estado.
De acuerdo con la Fiscalía, la grabación demuestra que Temer dio “aval” al empresario Joesley Batista para comprar el silencio de Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de los Diputados y en prisión por corrupción.
El mandatario, en el poder de manera efectiva desde la destitución de Dilma Rousseff el pasado agosto, ha negado cualquier tipo de acto ilícito y el jueves se dirigió a la nación para afirmar enérgicamente que no renunciará a su cargo, a pesar de las presiones de la oposición y de algunos sectores de su base.
No obstante, Temer pudiera ser desalojado del poder si se instaura un proceso penal en su contra, lo cual debería avalado por el Parlamento.
A las ya explosivas revelaciones difundidas el jueves, que han llevado a partidos de la propia base de Temer a exigir su renuncia, se sumaron hoy los documentos revelados por la Corte, en los que Batista confiesa que le paga coimas al mandatario desde 2010, cuando ambos se conocieron.
Según uno de los documentos, catalogado como “Anexo 9”, entre 2010 y 2011 Batista dice que hasta le pagó una “mesada” de 100.000 reales (hoy unos 27.135 euros) a cambio de diversos “favores” en el Ministerio de Agricultura, y se compromete a entregar pruebas de ello.
Dice además, aunque no aclara si se cumplió, que acordó a fines del año pasado con el diputado Rodrigo Rocha, suspendido de su escaño por el Supremo y muy cercano a Temer, el pago al ya entonces mandatario del 5 % de comisión sobre la facturación de una empresa eléctrica del grupo, que precisaba una licencia para operar.
El testimonio prestado por Batista ya ha sido homologado por la Corte Suprema y ha salpicado a otros políticos. La confesión prestada a la justicia por el grupo JBS incrimina en nuevos casos de corrupción al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y a su sucesora Dilma Rousseff.
Lula y Rousseff, ambos del Partido de los Trabajadores (PT) y que ya responden en tribunales en diversos procesos, han sido acusados por directivos del gigante cárnico de haber facilitado a esa empresa el acceso a multimillonarios créditos del banco de fomento estatal a cambio de cuantiosos sobornos pagados desde 2005.
Según esos testimonios, el intermediario de esas negociaciones era Guido Mantega, quien fue ministro de Hacienda en los Gobiernos de Lula y Rousseff y que también ha sido acusado de ejercer ese mismo papel por la empresa Odebrecht, beneficiaria de contratos amañados con la estatal Petrobras.
Este jueves, en medio de fuertes presiones, Temer se dirigió a la nación y afirmó con contundencia que no renunciará al cargo y que probará su inocencia en la investigación que ha iniciado el Supremo. Sobre los audios, lo único difundido oficialmente hasta entonces sobre la confesión de Batista, Temer aseguró que fueron grabados en forma “clandestina” y garantizó que en ellos no hay pruebas de su presunta culpabilidad.