Los analistas estiman que el crecimiento económico pudo ser mayor si los grandes capitales, sobre todo transnacionales, no se hubieran apropiado de por lo menos 370 mil millones de dólares otorgados por el Estado, que debieron servir para importar los bienes y servicios requeridos por el proceso productivo nacional.
Sin embargo, el sector privado en Venezuela, a pesar de que en su discurso histórico y hegemónico ha afirmado que el Estado es ineficiente y por ello no debe intervenir en la economía, acude a este mismo Estado para que le dé las divisas que necesita para la importación.
En ningún país existen leyes que obliguen al Estado a otorgar divisas a los empresarios. Cuando se asignan se hace en casos puntuales, bajo condiciones obligatorias y su incumplimiento equivale a sanciones legales, o al menos a excluir a los beneficiarios. En Venezuela, el procedimiento se ha convertido en un “derecho adquirido” por “ley no escrita”.
De tal contradicción los analistas construyen algunas interrogantes muy pedagógicas: ¿por qué las empresas –al menos las más grandes- no generan sus propias divisas tal como lo hacen en otros países? ¿Por qué el Estado debe entregarles a los empresarios las divisas provenientes de la exportación del petróleo? ¿Por qué los empresarios “exitosos” afirman que el venezolano de a pie es improductivo porque se siente con derecho a ser subsidiado por el rentismo petrolero, si ellos mismos no tienen voluntad (ni capacidad) para producir sin las divisas del Estado?
La discriminación, además de clasista, esconde una actitud empresarial fraudulenta (incluyendo a los accionistas de la banca privada) que raya entre el cinismo y la criminalidad, de acuerdo con una investigación de Pasqualina Curcio, investigadora y profesora asociada de la Universidad Simón Bolívar.
Curcio destaca que durante la IV República, si bien el tipo de cambio fue casi siempre fijo (por lo general por debajo del valor real de la moneda), los empresarios privados, sobre todo los grandes, podían acudir al sistema financiero y adquirir las divisas que quisieran cuando su capacidad de compra (nunca de retribución) se lo permitiera.
El mecanismo era comprar las divisas en el mercado cambiario, por lo general a una tasa fija sobrevaluada, una parte la destinaban a importar lo mínimo imprescindible que les permitiera producir o abastecer el mercado interno y de esa manera y mediante una ilusión óptica hacerse ver como eficientes, sobre todo imprescindibles para el Estado, y la otra parte la dejaban fuera.
El Estado debe controlar el uso de sus divisas, atendiendo a los intereses del pueblo venezolano, verdadero propietario y dueño de los recursos, sostiene Curcio.