La ley de monitorización de redes sociales es un paso adelante en Alemania (Opinión)

Abundan los argumentos razonables en contra de la nueva ley de redes sociales que acaba de aprobar el Parlamento alemán e impone grandes sanciones a compañías como Facebook y Twitter si no eliminan contenido ilegal de sus páginas de manera expedita. Sin embargo, ninguno de esos argumentos propone soluciones a una situación que se ha vuelto intolerable.

¿Es una exageración catalogar lo que ocurre como “intolerable”? Consideremos que entre el “contenido” que se ha permitido en Facebook este año están las escenas de un padre asesinando a su hija de once meses, cuatro personas torturando a un hombre con discapacidad mental, una adolecente siendo violada y animales siendo mutilados.

A esto se les suma un gran número de crímenes menores, que a veces son tildados de “relativamente inofensivos”, como lo son el porno de venganza, la intimidación cibernética, incitaciones al terrorismo, las noticias falsas, la difamación y los discursos de odio.

Si esta lista le produce náuseas, entonces puede entender porque los legisladores alemanes decidieron actuar.

Cada cultura limita los discursos de odio que hacen daño. Las redes sociales han enriquecido nuestras vidas de muchas maneras, pero lamentablemente por ahí se violan a menudo las normas del discurso apropiado, llegando a un punto en que lo aterrador se ha vuelto rutinario.

LIMPIAR INTERNET

Alegar que Facebook, Twitter u otras redes sociales son sólo plataformas para compartir contenidos y no son responsables por las consecuencias negativas del servicio que prestan es como argüir que una compañía de petróleo no debe hacerse responsable por el derrame de uno de sus cargueros porque su propósito no era contaminar el ambiente, sino transportar crudo.

La intención no importa. Aún si Facebook y Twitter nunca se propusieron convertirse en medios de comunicación, como lo son los periódicos ylas  televisoras, la realidad es que en eso se han transformado. En el caso de Facebook, esa evolución le ha resultado muy lucrativa.

La compañía reportó unos 7 mil millones de euros en ganancias a principios de este año fiscal. El gigante de las redes sociales puede invertir económicamente en ayudar a limpiar el desastre que ha creado en la Internet. En este marco, las sanciones millonarias de la nueva ley son razonables.

Los críticos de la ley argumentan que ésta transfiere la responsabilidad de determinar que está bajo la protección de la libertad de expresión del Estado a las compañias privadas. El argumento no concuerda. Las instituciones privadas –como la cadena de televisión CNN, la revista alemana Der Spiegel y hasta los periódicos locales– ya tienen el deber de interpretar las leyes constantemente sobre qué cae bajo discurso apropiado y qué no. Si se equivocan, les esperan sanciones y demandas de difamación. La situación sería simplemente la misma para las plataformas de redes sociales bajo esta nueva ley.

A otros les preocupa que las nuevas leyes propicien excesos a la hora de bloquear contenidos, que eliminen más contenido del necesario con miras a evadir sanciones. También existe la inquietud de que cualquier material político que sea controvertido pueda ser más fácilmente censurado, intencionalmente o no.

Estas preocupaciones son razonables, pero la ley tiene mecanismos que les exigen a los operadores de redes sociales justificar apropiadamente sus decisiones y dar a conocer explícitamente cuál de sus empleados responderá ante las autoridades por esas decisiones y por el contenido ilegal que se encuentre en sus respectivas redes.

Hasta ahora, cualquiera que haya intentado contactar a Facebook y a Twitter sabe cuán opacas y herméticas son estas organizaciones. La ley es un buen comienzo para que las compañías empiecen a responder por las ramificaciones de su existencia. Sin sanciones legales no existen incentivos para que Facebook, Twitter, y otros cambien su manera de operar.

Si es verdad que las compañías de redes sociales son capaces de monitorizar por sí solas, ahora contarán con la ayuda del Estado. La nueva ley da pie a una discusión entre el Estado y las compañías privadas. Sin la ley no habría discusión.

Alemania puede sentirse orgullosa de ser el primer país en aprobar una ley como ésta. No será perfecta y requerirá de revisión, pero, en estos momentos, es mejor que la alternativa de no hacer nada.

Por Jefferson Chase (JCG) para DW