La ONU critica a España por mantener «un patrón de impunidad» sobre las desapariciones del franquismo

La ONU vuelve a tirar de las orejas al Gobierno español por ignorar las recomendaciones que le hizo el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias cuando visitó España en 2013. En un informe, fechado en 7 de septiembre, los expertos se muestran «preocupados» al «constatar que la mayoría de las recomendaciones para que los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a reparaciones no han sido plenamente implementadas», lo que mantiene a los descendientes de las víctimas «librados a su propia suerte». 

«Se observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad […] contrario a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España», dice el informe, que critica la falta de acción de los tribunales españoles en este sentido. Asegura la ONU en el documento de seguimiento remitido al Gobierno que no solo el Estado está faltando en su obligación de investigar las desapariciones forzadas sino que, además, se dan «constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina».

El Grupo de Trabajo enfoca sus críticas directamente al Ejecutivo de Mariano Rajoy por no «actuar con la debida urgencia y celeridad» ni «asumir un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema como se había recomendado en el informe de visita». Se refiere concretamente, y no es la primera vez, a la financiación de exhumaciones y procesos de identificación de los restos para que «estos no dependan exclusivamente de algunas comunidades autónomas, así como de particulares o asociaciones privadas».

Desde que Rajoy llegó al Gobierno en 2011, los presupuestos generales del Estado no han destinado ni un euro a cuestiones relacionadas con la Memoria Histórica, pese a que hay unas obligaciones recogidas en la ley de 2007, cuya existencia recuerda la ONU.

El informe que emitió el mismo grupo de trabajo en 2013 se incluía «eliminar los obstáculos jurídicos de orden interno» que impiden investigar y juzgar estos crímenes o «asumir sus obligaciones internacionales y comprometerse de manera más activa y urgente en la determinación del paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura», poniendo especial énfasis en la «urgencia y celeridad» debido a «la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos».

Cuatro años después, la situación es la misma. Y ante este incumplimiento, el informe da un plazo de 90 días al Estado para que «presente un cronograma actualizado en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones aún pendientes y las fechas previstas para cada una de ellas».

F/eldiario.es
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