«La Unión Europea cínicamente impone sanciones a Venezuela y pide no politizar la ayuda humanitaria, mientras sus gobiernos se niegan a coordinar la asistencia con el Gobierno de Venezuela y hacen envíos a terceros países u organizaciones de dudoso origen, con fines inciertos», aclaró este miércoles el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, ante la subordinación de la referida entidad geopolítica a los intereses de Washington. Lea: Las sanciones son un crimen (+Descargable)
A través de su cuenta en Twitter, el canciller venezolano fustigó la doble moral de los grupos de poder que gobiernan Europa que, aun cuando han manejado erráticamente la pandemia provocada por el coronavirus, pretenden distraer a su opinión pública mundial expresando «preocupación» por el sistema de salud en Venezuela.
«La Europa que ha colapsado por el manejo errático del coronavirus, pretende distraer a su opinión pública expresando preocupación por la pandemia en Venezuela, donde hemos controlado el COVID__19 de manera modélica y ejemplar, con métodos propios y conciencia del pueblo», ratificó.
Igualmente, el diplomático venezolano agradeció a los países independientes que respaldaron la soberanía de Venezuela, así como la forma en que el Gobierno Bolivariano, en coordinación con a Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los médicos venezolanos y el Poder Popular, han enfrentado la pandemia.
«Mientras que ayer en el Consejo de Seguridad (ONU) los Estados Independientes defendieron nuestra soberanía al reconocer los esfuerzos y logros en el control del COVID_19, el grupo de países de Europa ratificó su subordinación total a la política de agresión de Washington», ratificó.
Por otra parte, el embajador representante de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, informó que la delegación presentó ante el Consejo de Seguridad de este organismo un informe detallado sobre la política genocida que mantiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus países aliados.
“Denunciamos ante el Consejo de Seguridad de la ONU la política genocida de Trump y sus aliados colonialistas que crean una segunda catástrofe humanitaria usando la pandemia como arma contra nuestro pueblo”, indicó el diplomático venezolano a través de su cuenta personal en la red social Twitter.
La carta fue remitida a José Singer Weisinger, embajador Enviado Especial de la República Dominicana, quien preside el Consejo de Seguridad.
“Desde al menos el año 2015, nuestro país ha estado sometido de facto a un bloqueo económico, comercial y financiero que ha sido unilateral e ilegalmente impuesto por los gobiernos de los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión Europea, en una acción ilegal que repite, en pleno siglo XXI, los mismos actos de colonialismo que caracterizaron al siglo XIX”, expuso Moncada.
Además, advirtió, en “complicidad de los gobiernos de Alemania, Bélgica, Francia, Liechtenstein, Portugal (…) en la aplicación de medidas coercitivas ilegales contra Venezuela”.
Contra PDVSA
El representante venezolano puntualizó que el despojo de los recursos “en total asciende a más de 9.000 millones de dólares, pero este monto representa sólo una fracción de las cuentas que Venezuela posee en el extranjero y que también han sido robadas, incluidas las que permanecen congeladas con miles de millones de dólares en dividendos de cuentas de la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, y que no han podido ser repatriados desde al menos 2017″.
Dijo que adicionalmente a este robo, el “ilegal y unilateral bloqueo impuesto por los Estados Unidos (…) al mes de febrero de 2020, ha representado pérdidas que ascienden a más de 116.000 millones de dólares”.
Detalló que los ingresos de Venezuela por concepto de la industria petrolera se han reducido en más de un 90%, pasando de cerca de 42.000 millones de dólares en 2013 a casi 4.000 millones de dólares en 2018.
Moncada recordó que estos recursos “podrían haberse utilizado para aliviar la actual crisis del país –una crisis resultante, en gran medida, precisamente, de la misma aplicación de esas medidas coercitivas ilegales–, y para garantizar el suministro de bienes y servicios básicos, incluidos, entre otros, alimentos y medicamentos”.
T/Luis Lovera Calanche con información de VTV
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