Las amenazas en el ámbito digital “pueden tener un impacto en nuestra democracia, prosperidad, estabilidad y seguridad”. Así de contundentes han sido los ministros de los países de la Unión Europea, que se han reunido este lunes en un Consejo de Asuntos Generales, para aprobar unas conclusiones en las que han equiparado los ciberataques a gran escala a un ataque militar.
Por eso, los ministros comunitarios han asegurado que los grandes ataques a un país miembro través de Internet pueden ser motivo suficiente para que se desencadene la misma cláusula de solidaridad, de asistencia mutua, que está prevista en el derecho europeo para casos en los que un Estado miembro sufre un ataque armado. Algo que ya hace la OTAN.
“Un incidente o crisis cibernética particularmente grave podría constituir una base suficiente para que un Estado miembro invocase la cláusula de solidaridad de la UE y la cláusula de asistencia mutua”, se ha enfatizado desde el Consejo.
En concreto, los ministros se refieren así al artículo 42.7 del Tratado de la UE, que establece que si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio los demás Estados miembros “le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance”. También al artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la UE, sobre que si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o de un desastre los demás le deberán asistir tras petición de sus autoridades.
En este sentido, los mandatarios europeos han reconocido que las amenazas en el ámbito digital “pueden tener un impacto en nuestra democracia, prosperidad, estabilidad y seguridad”, y han instado a abordar la ciberseguridad con un “enfoque coherente” a nivel nacional, comunitario y global. En concreto, han pedido reforzar la cooperación para “prevenir, disuadir, detectar y responder a ciberamenazas” y, al mismo tiempo, ser capaces de “responder conjuntamente” a incidentes cibernéticos a gran escala y a actividades maliciosas en ese ámbito en toda la UE.
Para hacer frente a estas amenazas, los países solicitaron a la Comisión Europea una evaluación de impacto y que proponga para mediados del año próximo la base legal necesaria para crear una red comunitaria de centros de ciberseguridad. Los ministros han recordado además que previamente ya habían dado luz verde a la posibilidad de imponer sanciones a los responsables de actividades cibernéticas maliciosas.
“Cuando la mayoría de los perfiles son falsos y se replican… pues son ciberataques. Y contra los ciberataques hay que defenderse”, ha alertado el secretario de Estado español para Asuntos Europeos, Jorge Toledo, en unas declaraciones a la prensa durante su participación en el Consejo de hoy.
Toledo ha afirmado que la crisis en Catalunya “se puede englobar dentro del concepto de ciberataques”, como parte de una estrategia programada de desestabilización. En este sentido, ha explicado que “se ha constatado un hecho” que se han producido ciberataques relacionados con la cuestión catalana que provenían de los territorios de Rusia y Venezuela, aunque dejó claro que el Gobierno de España nunca ha acusado directamente a las autoridades de ningún país extranjero.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reafirmado que es una prioridad para el Ejecutivo central reforzar la ciberseguridad en España a nivel público y privado y ha subrayado la necesidad de abordar este asunto en conjunto desde la instituciones de la Unión Europea.