La vuelta a Latinoamérica en 12 meses (parte II)

América Latina ha vivido 2021 a toda revolución. Mientras en algunos países de la región la pandemia del coronavirus sigue costando una inmensa cantidad de víctimas, las consecuencias económicas y sociales son una constante para toda la región. En lo político, para muchos observadores vendrá también una creciente mirada hacia la izquierda

__________________________________________________________________

Esta es la segunda entrega de un resumen sui generis de los hechos más relevantes ocurridos en América Latina y el Caribe durante 2020. Un muy difícil año para todos y todas. Para esta entrega quisimos también actualizar la previsión económica y social hecha por la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

«La dinámica del crecimiento en 2021 está sujeta a una alta incertidumbre relacionada con el riesgo de rebrotes de la pandemia, de la agilidad para producir y distribuir las vacunas y de la capacidad para mantener los estímulos fiscales y monetarios para apoyar la demanda agregada y a los sectores productivos», señaló el 16 de diciembre la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

Para Bárcena las difíciles condiciones económicas provocadas por la pandemia del nuevo coronavirus, “han sido exacerbadas por los problemas estructurales que la región arrastra históricamente”.

El año 2021 será otra dura prueba, también una oportunidad para avanzar en la exhortación histórica hecha por el Libertador Simón Bolívar para superar las dificultades: “Unámonos y seremos invencibles”.

Venezuela: batallas y victorias ante el asedio

El asedio económico, financiero y hasta militar de los gobiernos de Estados Unidos contra Venezuela continuó incrementándose durante el año 2020. La situación de pandemia y las exhortaciones de organismos multilaterales para detener la ejecución de medidas coercitivas multilaterales no frenó ni siquiera en un milímetro las agresiones de la Casa Blanca.

Por el contrario, en plena pandemia, Estados Unidos incrementó sus medidas de bloqueo económico, comercial y financiero, sus provocaciones militares y el uso de mercenarios para intentar derrocar al Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y generar caos, violencia y derramamiento de sangre en el país.

En el mes de mayo, cuando Venezuela avanzaba en las medidas de contención de la Covid-19, un grupo de mercenarios que pretendía invadir el país por las costas de La Guaira y Aragua fueron derrotados por los cuerpos de seguridad del Estado y por la propia organización popular.

El grupo de agresores había sido formado y entrenado por especialistas de empresas de seguridad y guerra de Estados Unidos, contratadas por el diputado de ultraderecha Juan Guaidó y su equipo. Su derrota fue estruendosa.

Esos mismos mercenarios partieron desde costas de la vecina Colombia para perpetrar sus planes. Esa fue otra constante durante todos el año, el uso de territorio colombiano para organizar la agresión contra Venezuela. El Gobierno de Iván Duque ha protegido, amparado e incluso participado en la preparación de ataques. Un hecho sin precedentes en la historia de las relaciones bilaterales entre Bogotá y Caracas.

La operación Gedeón no fue la única aventura de Donald Trump y el Comando Sur contra Venezuela. En abril anunciaron el despliegue de una fuerza militar naval frente a las costas del país, con el presunto objetivo de la lucha contra el narcotráfico. Curiosa y contradictoriamente, las cifras oficiales a nivel mundial indican que es Colombia, y no Venezuela, el primer país exportador de drogas a Estados Unidos.

El despliegue ordenado por Washington significó diversas acciones de provocación durante todo el año, como el ingreso de buques de guerra estadounidenses a la zona económica exclusiva de Venezuela y el ingreso ilegal de aeronaves militares norteamericanas a la zona de control de vuelos de nuestra nación.

EEUU también profundizó la agresión económica contra el país muchas veces en complicidad con países de la Unión Europea y de algunos gobiernos de América Latina y el Caribe. El nivel de hostigamiento implicó incluso el robo en alta mar de cargamentos de combustible adquirido por Venezuela y el cerco a las exportaciones petrolera del país, con la finalidad de asfixiarlo económicamente por completo.

Hay que destacar también respecto a Venezuela la solidaridad manifestada por varios países, que en momentos difíciles tendieron la mano para aliviar el sufrimiento que causa el bloqueo al pueblo venezolano. Es el caso de la cooperación prestada por China y Rusia en la batalla contra la Covid-19 y de Irán y otros países de la OPEP con el envío de combustibles e insumos necesarios para el funcionamiento de la industria petrolera venezolana.

Bolivia: su regreso de amor

En octubre Bolivia dio una contundente demostración de perseverancia y amor con el triunfo de Luis Arce y el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales efectuadas en esa nación. Tras casi un año de una dictadura impuesta y sostenida por Estados Unidos a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de grupos militares y de la oligarquía boliviana, las grandes mayorías pusieron las cosas en su sitio.

El contundente triunfo de Arce en primera vuelta, con el 55% de los votos, demostró la falsedad de las acusaciones de fraude esgrimidas para justificar el derrocamiento del presidente Evo Morales, cuyo regreso también fue por todo lo alto después de verse obligado a estar asilado en México y luego en Argentina.

Luego de la victoria y de asumido el gobierno, Arce ha comenzado el viraje y la reconstrucción. La dictadura de Áñez en muy poco tiempo

había socavado las conquistas sociales y el sostenido crecimiento económico que había tenido el país durante los gobiernos de Evo Morales.

Los organismos de justicia han empezado a hacer lo propio para garantizar que los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos durante el régimen de facto no queden en la impunidad.

Bolivia ya retomó las relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela, rotas por Áñez, y se reincorporó a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Colombia: protestas y violencia de Estado endémica

Según cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), para la fecha de publicación de este escrito habían ocurrido durante el año 2020 en Colombia un total de 83 masacres. Se trata de la más crítica situación de este tipo en América del Sur.

Durante este año y sin poner reparos en la pandemia, el Gobierno de Iván Duque se dedicó a seguir bombardeando el acuerdo de paz que se firmó entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La violencia parece ser en sí misma un negocio perpetuo para la oligarquía colombiana y la desmovilización de los principales grupos guerrilleros no ha implicado el cese de la represión de Estado y de la actuación de bandas paramilitares en la nación neogranadina. A ello se suma la actuación de las mafias del narcotráfico locales y también importadas de México.

En 83 masacres han sido asesinados 350 colombianos, la mayoría de ellos líderes sociales, campesinos, indígenas y ambientalistas. También dirigentes obreros y personas que sin vinculación con la política se convirtieron en víctimas del terror imperante en el país. Estos hechos ocurrieron en 21 departamentos y 59 municipios del territorio colombiano.

Pese a esta situación, durante 2020, Colombia no dejó de protestar contra el Gobierno de Duque y, por supuesto, contra ellos también se ejecutó la violencia de Estado, en especial con el uso del famoso Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En septiembre, luego del asesinato cometido por la policía del estudiante de derecho Javier Ordóñez, se desarrollaron en todo el país manifestaciones y huelgas, algunas de ellas organizadas por el Comité Nacional de Paro, que integran organizaciones sociales y sindicales.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela, manifestó en el contexto de las jornadas de protesta que la “brutalidad policial está reflejada indiscutiblemente en que hubo disparos. Hubo 14 asesinatos y hubo más de 200 heridos. Exigimos por tanto la restructuración de la Policía Nacional”.

Las organizaciones de trabajadores también protestaron contra la «más agresiva reforma laboral y pensional de los últimos 30 años» en Colombia impulsada por el régimen de Duque.

Haití: la insurrección invisible

Durante todo el año 2020 Haití fue escenario de manifestaciones multitudinarias, la mayoría disueltas mediante la violencia. Las protestas populares exigían cambios profundos en la conducción del país, políticas de inclusión e incluso la renuncia del presidente Jovenel Moisse.

Se trata del país más pobre de la región, lo que no impide que una pequeña élite asociada a transnacionales siga explotando inmisericordemente los recursos del país y expoliando al pueblo haitiano. Una nación sumida en una insurrección permanente ocultada por los grandes medios e invisible para Naciones Unidas y organismos multilaterales de derechos humanos.

Es como si Haití hubiese salido del mapa y la memoria de la opinión pública mundial. Por eso consideramos de mucha importancia incluir su situación en este resumen sui generis.

Entre septiembre y noviembre se realizaron las manifestaciones más fuertes en el país. Las autoridades respondieron con el asesinato de activistas y de estudiantes que lideraban las protestas.

En octubre, por ejemplo, el estudiante Grégory Saint-Hilaire falleció por disparos supuestamente efectuados por un policía de la guardia presidencial dentro del campus universitario.

A comienzos de diciembre organizaciones sociales y políticas denunciaron la intención del presidente Moisse de instaurar una dictadura en Haití por medio de la construcción de nuevas agencias de inteligencia y seguridad.

La oposición haitiana considera que el mandato de Moisse culmina constitucionalmente el 7 de febrero de 2021 y plantean escalar las protestas hasta esa fecha. Para la OEA y para EEUU el período del Presidente haitiano concluye en febrero de 2022, ya que fue elegido en 2017 para un mandato de cinco años.

República Dominicana: más receta neoliberal

República Dominicana tiene poco más de 10 millones y medio de habitantes, y le correspondió la extraña circunstancia colonial de compartir una misma isla con otra nación, Haití, que con otro idioma tuvo un similar y más triste devenir.

El crecimiento económico del país en las últimas dos décadas ha sido sostenido por el turismo y también por los cambios e su legislación para hacerse atractivo a inversiones poco transparentes, del tipo de paraísos fiscales.

El pasado 5 de julio el país concurrió a elecciones y resultó como nuevo presidente Luis Abinader, empresario y tecnócrata, que prometía más neoliberalismo para Quisqueya. Los comicios se caracterizaron por una abstención del 45% de los inscritos en el registro electoral.

Abinader, que triunfó con poco más del 52,5% de los sufragios, construyó un gabinete en el que resaltan funcionarios graduados en el extranjero y vinculados a los grandes grupos económicos que son en la práctica los dueños del país.

Los hacendados de República Dominicana del siglo XX de repente pasaron a estar en la lista de los más poderosos de América Latina, a pesar de ser un país tan pequeño, con un mercado interno escaso y con limitados recursos naturales.

Restará por verse cuánto más resiste un modelo que agranda las diferencias entre la minoría que más tiene y las grandes mayorías que casi nada poseen.

San Vicente y las Granadinas: el rumbo popular continúa

En el mes de noviembre, la nación caribeña de San Vicente y las Granadinas celebró elecciones y por quinta vez consecutiva el pueblo escogió a Ralph Gonsalves como su primer ministro. Se trata de la continuidad de un proceso popular, de reivindicación de la soberanía e inclusión social en este pequeño archipiélago.

El Partido Laborista Unidad (ULP), liderado por Gonsalves, ganó nueve de los 15 escaños en el Parlamento, un aumento de tres escaños, en la mayoría de un escaño anterior que había disfrutado en las últimas dos elecciones generales. Una hermosa ratificación de la construcción de un camino más justo para los pueblos de la región.

San Vicente y las Granadinas ha tenido un notable papel en la integración regional y en la defensa de Latinoamérica y el Caribe como territorios de paz, no ha sido poco lo que ha enfrentado para desafiar las órdenes injerencistas de Washington. No nos olvidemos de ese Caribe en el que a pesar de no ser de lengua latina también hay hermanos con una identidad común de historia y lucha.

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas