La inscripción por parte del Ministerio de Trabajo de España de un sindicato de trabajadoras sexuales publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 4 de agosto, ha montado un nuevo incendio en el Gobierno de Sánchez: el ala más feminista ha puesto el grito en el cielo tras ver publicada la información en distintos medios de comunicación.
El malestar en el departamento de Vicepresidencia de Carmen Calvo, que se ha definido como abolicionista repetidas veces, fue palpable tanto por la decisión misma, como por el hecho de que el área de Igualdad, que revisa proyectos de ley y cualquier legislación sensible, no hubiese sido consultada, ni siquiera informada de este acto administrativo.
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo –el departamento que avaló la solicitud del sindicato– reconoció ante la prensa que ella tampoco estaba al tanto, que le habían metido «un gol por la escuadra» justo antes de anunciar que ya había puesto en manos de la Abogacía del Estado la impugnación de ese registro.
«Yo como ministra y como miembro de un Gobierno feminista, jamás habría dado el ok a que esto se publicara en el BOE», dijo la ministra a la salida de su comparecencia en el Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves a través de Twitter que el Ministerio de Trabajo ha iniciado el trámite de impugnación. «La prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esta actividad ilícita», ha escrito el presidente.
En el Ejecutivo hay malestar no solo porque la mayor parte de los cargos públicos que trabajan en Igualdad, empezando por Calvo, la vicepresidenta, se hayan posicionado a favor de abolir la prostitución, también porque polémicas como esta puedan hacer peligrar una de las banderas que ha agitado Pedro Sánchez desde antes incluso de llegar a La Moncloa: el feminismo.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por eldiario.es desconocen cómo pudo pasar, visto el nombre tan obvio con el que se presentó la solicitud del sindicato, y temen que no haya sido un mero error.
La propia Valerio aseguró ayer que pedirá explicaciones a la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, que de momento no ha hecho declaraciones.
Reacciones encontradas sobre la ilegalización del sindicato OTRAS
El registro del sindicato de trabajadoras sexuales y la decisión del Gobierno de Sánchez de impugnar sus estatutos ha generado numerosas reacciones contrapuestas. Mientras que UGT comparte la actuación del Ejecutivo, CGT Catalunya la lamenta. Comisiones Obreras ha emitido un comunicado en el que manifiestan su «respeto» al derecho a sindicarse como un derecho fundamental y pide «acabar con la explotación, inseguridad y maltrato que se esconde en la actualidad tras la denominación de trabajadores sexuales». Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía asegura que, más allá de la cuestión de fondo sobre regular o abolir, «estamos hablando de estar a favor de los derechos de este colectivo».
En un comunicado, CGT Catalunya «condena las declaraciones de la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio» que dijo que le habían «metido un gol» con la publicación en el BOE del registro de la creación del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) y anunció que ya se habían iniciado los trámites para impugnar este sindicato por problemas «de fondo». «Ministra: No le han colado un gol por la escuadra, porque se ha constituido legalmente, siguiendo los procedimientos y tiempos previstos» alega el sindicato.
«Ministra», continúa el escrito de apoyo a OTRAS, «pese a no te guste no puedes utilizar la Abogacía del Estado para ilegalizar un sindicato (…) Ministra: los sindicatos no vamos a aceptar la ilegalización de un sindicato constituido que busca defender los derechos de las trabajadoras, independientemente del trabajo que realicen», señala el sindicato.
Comisiones Obreras , por su parte, ha expresado su «respeto» al derecho fundamental a sindicarse y ha pedido «acabar con la explotación, la inseguridad, la vejación, el acoso y el maltrato que se esconde en la actualidad tras esa denominación de trabajadores sexuales». «Desde esta organización sindical, política y de clase, debemos promover la reflexión y el debate en la sociedad sobre todas estas cuestiones, teniendo claro que nuestro objetivo ha sido, es y será la mejora de las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores, así como la defensa de los derechos humanos y específicamente de los derechos de las mujeres», argumenta CCOO. El sindicato también pide alternativas laborales para quienes deseen abandonar la prostitución.
La Unión General de Trabajadores, también mediante un comunicado, valora que «el Gobierno adopte medidas para evitar que se otorgue legalidad de cualquier forma a la prostitución, una actividad tras la que se encuentran la explotación sexual, la vulneración de derechos humanos y conductas delictivas basadas el comercio con seres humanos».
La Asociación Internacional L’Escola anunció además que había recurrido la creación del sindicato en defensa de «las actividades relacionadas con el trabajo sexual» porque «lo único que pretende legalizar es un negocio criminal como es el proxenetismo y la trata de personas que no puede existir, es nulo» ha afirmado este viernes su presidenta, Nuria González en La Sexta.
Al contrario, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) «lamenta el debate generado» y los discursos institucionales como el de la presidenta de la Junta, Susana Díaz que, en su opinión, «no hacen más que confundir los términos». «No se trata de debatir si prostitución sí o no, estamos hablando de estar a favor de los derechos de este colectivo» y «que se limite el derecho a organizarse en un sindicato a las trabajadoras sexuales» supone impedirles «defender sus derechos», explican.
Enviar la multa de los «puteros» a casa
UGT expone que «el problema es que en España aún se admita la prostitución, que no es más que la explotación de personas» e «insta al Gobierno a tomar medidas inmediatas contra los proxenetas».
Por su parte, L’Escola pone como ejemplo la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Gava, en Barcelona, donde los clientes sancionados por prostitución reciben las multas en su domicilio. González ha criticado que Barcelona se haya convertido en «destino sexual» promocionado así en «foros de puteros».
APDHA rechaza estos argumentos que «identifican la prostitución con la explotación y la trata de personas» y aboga por «caminar hacia la sindicación del trabajo sexual» que «no es más que avanzar en la unión de las trabajadoras sexuales para defender sus intereses como lo que son, trabajadoras».