La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad, en primera discusión, la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados (jueves 11/2/2016).
Quienes estuvimos allí observamos que los discursos de los diputados se centraron en argumentos políticos, pero eludieron la situación actual de la seguridad social, sus avances y limitaciones, los objetivos a mediano y largo plazo para cumplir con la norma constitucional.
El diputado que presentó el proyecto de ley no hizo mención del costo económico y del financiamiento de ésta, requisito indispensable para demostrar su viabilidad, beneficiando a más de 3 millones de pensionados y miles de jubilados de la Administración Pública.
Según declaraciones del diputado Miguel Pizarro la aplicación de esta ley tendría un impacto presupuestario de 372.000 millones los primeros 12 meses (U.N. 30/1/2016). Además, en el proyecto se estima que el valor del beneficio será equivalente a sesenta y siete (67) Unidades Tributarias (U.T. Bs. 177) mensuales, Bs. 11.859. El bono de alimentación es superior al salario mínimo de Bs. 9.648,18, lo cual es una inconsistencia.
La solicitud de bonos de alimentación, salud y recreación son de vieja data. No es verdad, como lo afirmaron varios oradores en la AN que es una iniciativa de un partido o un dirigente, sino de movimientos sociales que han luchado durante años por conquistar esa reivindicación.
La petición es justa pero solo es un complemento de la pensión o jubilación. Es más importante crear el Fondo de Seguridad Social, soportado en la Ley de Pensiones y Jubilaciones, con financiamiento de las ganancias petroleras, garantizando el pago actual y futuro de las pensiones y jubilaciones.