De aplicarse sentaría un precedente para dejar impunes actos contra la seguridad de la población|Ley de Amnistía de la MUD: un arma de guerra

El presidente Nicolás Maduro, ha reiterado nuevamente el peligro que representa para la paz y la estabilidad de la Patria, la aprobación por parte de la oposición en la Asamblea Nacional de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, bautizada por el pueblo como Ley de Amnesia Criminal.

Para el mandatario, el ordenamiento jurídico redactado e impulsado por la contrarrevolución, busca generar violencia.

«Esta ley de amnesia criminal es una ley de guerra que va a crear violencia. No es una ley para reconciliar al país. Es una ley para profundizar las contradicciones y llevarnos a niveles de confrontación y de enfrentamiento total entre venezolanos», afirmó categóricamente el presidente Maduro.

Ya en otras oportunidades el abogado constitucionalista, Hermann Escarrá, comentó la gravedad del articulado que contiene el documento ya que permite la impunidad de crímenes graves alegando que se cometieron por “razones políticas”.

“Es una Ley inconstitucional, estoy convencido totalmente, podemos ir norma a norma, ahí hay violación grave de los derechos humanos y del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…) pero además es una Ley que establece una impunidad de tal magnitud que podría llevarnos a la disolución de la República, la disolución del Estado, en particular el Estado de Derecho”, indicó el connotado jurista.

En ninguna parte del texto se considera el derecho de las víctimas

DELITOS EXTREMOS PUEDEN SER PERDONADOS

En esta ley, cualquiera de los delitos, hasta los más extremos, siempre que el móvil haya sido , según el criterio del victimario, político puede ser amnistiado.

El artículo 6 resulta inquietante en su contenido ya que se solicita amnistía para los siguientes delitos graves: “En las circunstancias señaladas y dentro del lapso mencionado en el artículo anterior, se concede amnistía en favor de todas aquellas personas investigadas, imputadas, acusadas o condenadas como autores o partícipes en la realización de acciones con fines políticos que se correspondan con los hechos punibles de instigación pública; intimidación pública; instigación a delinquir; violencia o resistencia a la autoridad; desobediencia a la autoridad; obstaculización de la vía pública; daños a la propiedad; incendio; fabricación,porte, detentación, suministro u ocultamiento de artefactos explosivos o incendiarios; ultraje a funcionario público; asociación para delinquir; agavillamiento; conspiración; traición a la patria; rebelión civil o militar; instigación a la rebelión civil o militar; insubordinación; faltas al decoro militar; ataque y ultraje al centinela; u otros hechos punibles conexos con los fines y circunstancias señaladas en el artículo anterior”.

Tal y como explicó Escarrá, en ningún país del mundo es perdonado el delito de traición a la Patria o aquellos que tienen que ver con el resguardo de la seguridad nacional y territorial.

En sus Confidenciales de ayer domingo, el abogado y periodista José Vicente Rangel, quien ha sido vicepresidente de la República, Ministro de la Defensa y canciller en diversos períodos del Gobierno Bolivariano, insistió en que la aprobación de la Ley de Amnistía “es una aberración jurídica y absolutamente inconstitucional”.

“Con ella se pretende extender un manto de impunidad a las personas que han incurrido en graves delitos”, aseguró Rangel.

“Dos hechos extremadamente graves marcaron la semana que hoy concluye: uno es la aprobación por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de Amnistía (…) una acción inmoral con la cual se pretende extender un manto de impunidad a personas que han incurrido en graves delitos”, argumentó Rangel

El otro suceso lamentable, fue el asesinato de dos jóvenes policías en el Táchira lo que consideró “confirma la existencia de un plan para calentar la calle y crear una situación de caos que conduzca a un golpe contra la Constitución”.

Y es que un hecho no deja de estar desconectado con el otro, porque como expresó el representante del comité de Víctimas de la Guarimba, Luis Durán, en una entrevista concedida al canal del Estado VTV , “la Ley de Amnistía promovida por la contrarrevolución desde la AN tiene por objetivo que las consecuencias del plan golpista La Salida, sean olvidadas.

“Ellos están pidiendo que los hechos de los que fueron víctima nuestros familiares no sean tomados en cuenta. Que nadie sea penalizado por esto ni por hechos anteriores a estos”, aseguró Durán al tiempo que denunció que los parlamentarios de la oposición concibieron el documento sólo considerando a los autores de los crímenes y no a las víctimas.

En ese sentido, advirtió que la derecha fascista busca quedar impune para continuar “arremetiendo contra el pueblo”. Y es que de aplicarse esa ley sentaría un precedente para que de aquí en adelante ningún acto de terrorismo y atentado contra la seguridad y la paz de la población pueda ser castigado.

Terroristas, banqueros prófugos, corruptos y evasores de impuestos serían "perdonados"

UNA ALIANZA CONTRADICTORIA

Pese a que la oposición y la contrarrevolución en Venezuela, tienen como base fundamental de su discurso que el socialismo es un modelo fracasado en todo el mundo, por lo cual es necesario derrocar al Gobierno Bolivariano, no tuvieron reparos en solicitar apoyo a la desprestigiada Internacional Socialista para que respaldara la iniciativa de la ley de impunidad y amnesia criminal.

Como era de esperarse, el cónclave, que de socialista sólo conserva el nombre, y cuyo vicepresidente es el actual presidente de la coalición adeco-burguesa en la Asamblea Nacional (AN), emitió una resolución en la “instó” al ejecutivo venezolano a “acatar la Ley de Amnistía”.

De este modo, esa caduca instancia, viola su propia carta ética de constitución que señala que una de sus conductas debe ser : “Apoyar una acción internacional que favorezca la paz, la tolerancia, el diálogo, la comprensión y la cooperación entre los pueblos”.

La Ley de Amnesia Criminal, es una propuesta que sólo toma en cuenta el punto de vista de los victimarios, de quienes cometieron los delitos. En ningún momento, la normativa considera la situación de las víctimas y de sus familiares.

En todos los países donde se han dado procesos de Reconciliación Nacional, especialmente para cerrar las heridas dejadas por guerras civiles, dictaduras militares y regímenes de exclusión social y racial, los mismos han sido impulsados tras la creación de comisiones de investigación que toman en cuenta el tratamiento de los traumas de sobrevivientes y las reparaciones a las víctimas y sus familiares. En este caso, no se contempla esa consideración.

Por tal razón, en reiteradas oportunidades el abogado constitucionalista Hermann Escarrá, ha señalado que el nombre del texto es ya en sí una aberración porque indica una supuesta “reconciliación nacional” que no puede producirse si sólo se busca proteger a personas que han cometido crímenes donde hay resultado de víctimas mortales.

La traición a la patria es un delito que en ninguna nación es amnistiado

SIN CONSULTA Y SIN RESPALDO

Pese a la insistencia de algunos voceros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que han indicado que la ley “fue sometida a consulta pública”, en universidades y foros, no hay evidencia palpable de ello; no se divulgaron las convocatorias a reuniones, o discusiones, no hay un documento que evidencie la participación masiva de personas en asambleas y la posterior aprobación del contenido.

Sin embargo, sí existe en la justificación de motivos de la ley, actualizada en la versión aprobada, una afirmación que sostiene que no es prioritario para los juristas que la redactaron, el respaldo popular de al misma:

(…) “la visión mayoritaria del cuerpo legislativo acerca de la conveniencia o necesidad de la amnistía no debía ser menoscabada por una opinión popular circunstancialmente contraria a ella, que podría ser expresión de la misma división sociopolítica que la amnistía pretende superar. En la actual realidad venezolana la amnistía recibiría seguramente un respaldo popular mayoritario pero no es eso lo que ahora se quiere subrayar, sino la naturaleza de la amnistía como medida de pacificación y de reconciliación, que responde a los altos intereses nacionales, cuya ponderación ha de efectuar la Asamblea Nacional”.

Por tanto, para la actual mayoría opositora de la Asamblea Nacional, una decisión tomada por ese grupo parlamentario, no “debe ser menoscabada por una opinión popular”.

Esta es la visión legislativa de la oposición, que contradice el papel protagónico y participativo que debe tener un pueblo organizado en democracia tal y como lo establece nuestra Constitución.

T/Modaira Rubio
I/Loayza
F/Archivo CO