Para Rubén Rumbos y Arquímedes Quintana, dirigentes de la Revolución en el estado Cojedes y autoridades de la Universidad Deportiva del Sur (UDS), la Ley contra Guerra Económica, propuesta por el presidente Nicolás Maduro Moros y aprobada recientemente por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), representa un avance en la transición hacia la transformación del Estado.
Consideran que la nueva normativa legal permitirá a las entidades políticas territoriales, gobernaciones y alcaldías a nivel nacional disponer de 2 billones 697 mil millones de bolívares, provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) del Consejo Federal de Gobierno(CFG).
Agregaron que esta medida complementaria tiene una dirección transformadora en la estructura estatal para las contrataciones inmediatas de obras públicas para el pueblo y la adquisición de bienes necesarios para el funcionamiento de dichas entidades.
GRAN RESPUESTA
En gacetilla de prensa, los declarantes expresaron que en el marco de la crisis económica que sufre el país, esta ley viene a dar respuesta para las compras del Estado, para disminuir la burocracia gubernamental, y además los precios de las contrataciones de las obras estarán más ajustados a la realidad para evitar los embates de la inflación inducida a través de Dólar Today.
De igual forma señalaron que “las compras del Estado tendrán la visión de fomentar nuevos actores económicos, disminuyendo las relaciones con intermediarios y beneficiando a la producción con valor agregado local, la cual es fundamental para la generación de empleos y la activación económica regional”.
Los funcionarios públicos resaltaron que una vez puesta en marcha la ley, se acelerarán los servicios de obras públicas que beneficiarán al pueblo, tales como agua, electricidad, recolección de desechos sólidos, transporte público y vialidad, sobre todo en el ámbito rural.
Indicaron que la iniciativa del Presidente Maduro “es oportuna por cuanto representa un control para la corrupción, ya que el Estado promoverá la participación activa de nuevos inversores sin gestores y con los mecanismos de inspección se fomenta una cultura de honestidad y la ética socialista en la venta de bienes y servicios”.