Ingrid Escamilla, de 25 años, fue apuñalada y desollada salvajemente por su pareja, Érick Francisco, de 46 años, en 2020, en Ciudad de México. Su asesinato provocó una ola de conmoción e indignación no solo por la brutalidad del crimen, sino porque los policías filtraron las fotografías de su cuerpo desmembrado.
Varios tabloides publicaron las imágenes en primera plana y se difundieron en las redes sociales, lo que puso sobre la mesa el debate sobre la cobertura de los medios de comunicación ante este tipo de crímenes.
El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma del artículo 225 del Código Penal Federal –bautizada como ‘ley Ingrid’– que tipifica y sanciona la difusión de información o material audiovisual relacionado con un hecho delictivo.
La ley castigará a quien a través de cualquier medio fotografíe, copie, reproduzca, difunda o distribuya una información relacionada «con un procedimiento penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la ley señale como delitos».
Por estos delitos se establecerá una pena de cuatro hasta diez años de cárcel y de 100 a 150 días de multa. Además, las sanciones aumentarán en una tercera parte –en su mínimo y máximo– si la información que se difunda «se refiere a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad».
El senado debe ahora revisar y, eventualmente, aprobar la reforma.
«Castigar la revictimización»
El presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Fernando Macías Olvera, destacó que el objetivo es evitar que los servidores públicos encargados de resguardar la escena del crimen «sean los primeros en divulgar y publicar las imágenes, videos e información de la víctima, lucrando con la tragedia y haciendo más terrible ese momento para familiares y seres queridos».
Por su parte, la diputada Laura Imelda Pérez Segura recordó que a Ingrid Escamilla «no se le dio la protección jurídica adecuada ante la revictimización que sufrió cuando se filtró a los medios las fotografías de la escena del crimen».
«Se exponía de forma explícita el cuerpo de la víctima, dañando el debido proceso y en agravio de la dignidad, intimidad e identidad. Es necesario castigar la revictimización, estereotipar, discriminar y estigmatizar a mujeres, niñas y adolescentes, así como a las personas con discapacidad. Hoy la ley Ingrid será una realidad», espetó.
El caso de Escamilla todavía no se ha resuelto porque ha sufrido atrasos por la pandemia y también por el cambio de defensa del imputado, quien confesó ser el autor de crimen al día siguiente de perpetrarlo.
Según datos recientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, solo en el mes de enero se registraron 75 feminicidios en todo el país, 14 de los cuales ocurrieron en el Estado de México, que encabeza la lista a nivel nacional.
Además, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el pasado año se cerró con más de 3.400 mujeres asesinadas, de las cuales más de 920 sufrieron un feminicidio.
Celebración en las redes
La noticia de la aprobación de la reforma fue celebrada en las redes sociales, en especial, por muchos colectivos feministas.
«El caso de Ingrid Escamilla nos llenó de rabia, y millones de mujeres nos organizamos en redes sociales para contener la difusión de las fotografías que la revictimizaban. Este doloroso ejemplo, hoy sirve para cuidar a muchas otras mujeres: quedó aprobada la ley Ingrid», escribió la diputada Andrea Chávez.
«Me da mucho gusto que haya hoy una ley como la ‘ley Ingrid’, era urgente detener la revictimización, falta mucho camino en el ámbito administrativo y los procesos de acceso a la justicia, mientras ya se avanzó un paso», aseguró una usuaria.
Otra internauta dijo: «Celebro la aprobación de la ‘ley Ingrid’ en la Cámara de Diputados. Es una herramienta fundamental para combatir la filtración de material que revictimiza a las mujeres y exhibe sus cuerpos en un imposible circo de morbo que solo contribuye a seguir violentando a las mujeres».
«La aprobación de la ‘ley Ingrid’ abona a la protección de la dignidad humana de las víctimas, y asegura penas más severas en aquellos casos que sean en contra de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad víctimas de algún delito», recordó la profesora Rosalba Valencia.
F/RT
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