La derecha en la Asamblea Nacional (AN) busca devolver al pasado a Venezuela, presentando (ni siquiera reformando) un instrumento paralelo, excluyente, que sustituya a la moderna Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con la que incluso la radio y TV privada estuvo de acuerdo al momento de su aprobación en el año 2000.
El motivo de este asalto parlamentario es evidente: la Ley Orgánica de Telecomunicaciones vigente puso orden en una Venezuela donde las concesiones de radio y TV se usaban como título nobiliario y feudal, convirtiendo al espectro radioeléctrico en algo similar a un latifundio lleno de baldíos ociosos, en manos de una clase privilegiada que recibía dichas concesiones como favor del Gobierno de turno, que pasaban ilegalmente de generación en generación (siendo las concesiones un hecho jurídico personalísimo) y que incluso consintió la presencia de emisoras ilegales (que se han disminuido en este siglo XXI).
Además la ley establece el espacio para servicios de radio y TV de nuevos actores, diversos al público y el privado: la radio y TV comunitaria.
Es tal el modo turbio en que el Parlamento tomado por la derecha debate el tema, que William Castillo, director general de Conatel, informó que el ente regulador de las telecomunicaciones a su cargo no fue invitado para debatir esta reforma.
¿Por qué?
¿Será que buscan re-privatizar el espectro radioeléctrico (tal como la llamada «Ley de producción nacional» pretende hacerlo con 4 millones de hectáreas que la Revolución Bolivariana dio a los campesinos) a favor de las familias que usaron un bien de la Nación, sin ni siquiera cumplir sus obligaciones tributarias, por ejemplo?
Las usuarias y los usuarios, productoras y productores nacionales independientes, debemos estar alertas.
El Artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su primer numeral, establece que ninguna ley puede establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales.
Ninguna ley puede hacer retroceder los derechos conquistados, y uno de esos derechos, sin duda, es el derecho del uso libre de las concesiones, con un único administrador y árbitro: el Estado.