OPINIÓN

Por: Javier Buenrostro

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Este lunes, 6 de julio, la Fiscalía General del Gobierno de Bolivia presentó cargos formales contra el expresidente Evo Morales por los delitos de «terrorismo» y «financiamiento al terrorismo». El proceso se ha identificado como Caso Audio, debido a que el gobierno golpista difundió en noviembre de 2019 una supuesta conversación entre Evo y el dirigente cocalero Faustino Yucra, en donde se alega que el exmandatario coordinó desde su exilio en México bloqueos en las principales ciudades para impedir el ingreso de alimentos y combustibles en los días posteriores al golpe de Estado que sufrió a manos de los ultraconservadores bolivianos.

Desde el principio, Evo Morales ha negado las imputaciones señalando que el audio es en realidad un montaje de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez para mantenerlo fuera de la escena política y electoral boliviana. A pesar de lo endeble de las acusaciones, Faustino Yucra fue detenido en abril y puesto en prisión preventiva bajo acusaciones de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita de explosivos, terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo.

No es la primera vez que el gobierno golpista, a través de la Fiscalía General de Bolivia, levanta cargos contra Evo Morales y solicita su arresto. En diciembre del año pasado, pidieron a la Interpol la emisión de la ficha roja para su localización y detención, pero la institución rechazó la petición a final de enero.

Si las medidas judiciales no prosperaron hace meses, ¿qué le hace pensar al gobierno de Áñez que insistir sobre los falsos cargos de terrorismo contra Evo Morales tendrá diferentes resultados? Es prácticamente imposible que la Interpol emita una ficha roja para ejecutar la detención del expresidente boliviano cuando es algo que ya ha rechazado con anterioridad. En el muy remoto caso de que esto sucediera, el gobierno de Alberto Fernández no ejecutaría la extradición dado el estatus de refugiado que tiene Evo en Argentina. El tratado de extradición entre ambos países sostiene que esta no se concederá si la persona requerida ostenta la condición de refugiado o asilado político, y el pedido de extradición proviene del país que motivó el refugio o asilo.

Las nulas posibilidades de que las ridículas acusaciones progresen dejan en evidencia que la intención principal es impedir el regreso de Morales a territorio boliviano y continuar con la judicialización de la política en tiempos electorales, además de establecer cortinas de humo que funcionen como control de daños para impedir que el gobierno golpista siga derrumbándose en sus simpatías, especialmente Jeanine Áñez, que estará en las boletas electorales.

El gobierno de la antigua presentadora de televisión, cuya única responsabilidad al asumir el cargo era convocar a elecciones para que Bolivia pudiera contar con un presidente legal y legítimo, se ha ido complicando debido a que la pandemia por el coronavirus ha impedido establecer con claridad una fecha para las elecciones presidenciales. En primera instancia, estaban previstas para celebrarse el 3 de mayo pasado, pero tuvieron que ser reprogramadas y aplazadas para el 6 de septiembre. Sin embargo, los epidemiólogos creen que para esa fecha Bolivia estará viviendo el pico de la pandemia en su territorio, por lo que no se descarta un nuevo aplazamiento de la jornada electoral.

Mientras esta incertidumbre continúa, lo que cada vez se afianza con mayor fuerza es la caída en las preferencias electorales de Áñez y el liderazgo en ellas de Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. El coronavirus ha alterado la forma tradicional en que se llevan a cabo las campañas electorales, ya que se prohibieron las reuniones y los eventos públicos. En este escenario, el MAS está interesado en que las elecciones no se sigan postergando de manera indefinida mientras que el oficialismo apuesta a lo contrario, buscando revertir la dañada imagen que tienen en la actualidad. Esto es poco probable, considerando que el manejo de la pandemia no ha sido el adecuado, lo que está provocando el colapso del sistema de salud y cifras récord de contagios en Bolivia.

Esta será la pugna que veremos en las siguientes semanas: si las elecciones se realizarán en la primera semana de septiembre, como están previstas, o se volverán a aplazar. No solo Arce y el MAS están en contra de una nueva prórroga. También el expresidente Carlos Mesa, de la agrupación política Comunidad Ciudadana y segundo en las preferencias electorales, critica las medidas de la administración de Áñez, a quien ha demandado no alargar su gobierno utilizando argumentos alrededor de la crisis sanitaria.

Tanto Luis Arce como Carlos Mesa están poniendo de ejemplo las elecciones que se llevaron a cabo este domingo en República Dominicana, un país que cuenta con una tasa de contagio de Covid-19 similar a la de Bolivia. Proponen medidas como la ampliación del horario de votación a diez horas, la obligación del personal electoral y los votantes de desinfectar sus manos con alcohol, las mesas de votación con mascarillas, guantes y gel antibacterial, y mantener un metro y medio de distancia en las filas electorales.

A la luz del panorama actual de Bolivia, que fluctúa entre la incertidumbre electoral y de salud pública por el coronavirus, las imputaciones contra Evo Morales, que no son nuevas, sino ya reiterativas, parecen ser llanamente el intento por impedir que regrese a Bolivia y, a la vez, detener la caída de la popularidad de la presidenta interina, quien no está honrando su compromiso de ser un gobierno de transición cuya única tarea era convocar a nuevas elecciones.

Es cierto que el coronavirus ha trastocado los tiempos de la vida pública en todo el mundo y Bolivia no es la excepción, pero habrá que encontrar salidas políticas a la situación actual o la crisis sanitaria que ya se vive puede escalar en una mayor crisis política que incremente los riesgos en todos los aspectos de la vida nacional del país andino.