La pasada semana el Gobierno paraguayo señaló que había abatido en un enfrentamiento con guerrilleros a dos mujeres. Resultaron ser niñas de 11 años y de nacionalidad argentina. Las incongruencias e inconsistencias predominan en el relato oficial de los hechos
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Paraguay, el país que tuvo la dictadura más larga de América Latina, con centenares de ajusticiados, torturados y desaparecidos. Donde las élites supieron sacudir la tierra para que no hubiera ningún tipo de reparación ni justicia respecto a ello. Donde crearon un teatro del absurdo y la muerte para derrocar al único presidente en los últimos 80 años que no provenía del designio de las élites, Fernando Lugo, ¿se acuerdan?
Ese es Paraguay, una nación con la concentración de medios más impresionante de la región, aquellos que coincidieron en construir una dictadura y una “dictablanda”, presuntamente benevolente. Un país con disparidades abismales, donde la tierra se la repartieron como una piñata los militares que dirigieron la dictadura y sus amigotes de la oligarquía.
Paraguay es un país donde las élites se inventaron desde hace tres décadas una guerrilla fantasma, invisible, que no realiza acciones armadas, pero que ellos combaten, fabrican enfrentamientos y se vanaglorian. Donde se tortura, pero sus mandatarios miran a otros países para cuestionar sus situaciones de derechos humanos.
La pasada semana el Gobierno paraguayo revivió el fantasma de un grupo guerrillero, el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) del que se conoce muy poco. Lo más atroz fue que el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez y su especializada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se vanaglorian por el asesinato de dos niñas de 11 años, que según ellos, eran combatientes guerrilleras y habían sido abatidas en combate.
Niñas argentinas
Las dos niñas además no eran paraguayas sino argentinas. La Cancillería argentina los encara así: “El Gobierno de Paraguay ha emitido un comunicado indicando que en un enfrentamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) el pasado 2 de septiembre, habría constatado que fueron abatidas dos menores de edad de sexo femenino, involucrándolas en un operativo contra una organización criminal. Por su parte, en conferencia de prensa, la Fiscalía Antisecuestro paraguaya atribuye edades de adolescentes a las mismas. No es posible aceptar que no hayan advertido, quienes fueron testigos de los hechos acontecidos, la escasa edad de las niñas”.
“Fue posible determinar que las fallecidas son dos menores de nacionalidad argentina, nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por tanto, ambas de once de años de edad, resalta el comunicado.
Además en Buenos Aires expresan: “El gobierno argentino ya ha protestado formalmente ante las autoridades paraguayas por esta absurda acusación y confiamos contar con la colaboración del gobierno paraguayo para esclarecer los hechos e identificar responsabilidades”.
Hasta el lugar de las operaciones militares llegó el propio presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, un hecho inusual. ¿Está Paraguay en una guerra? ¿Contra quién? ¿Hay enfrentamientos militares habituales en ese país? ¿Cuál es su apuro señor Abdo?
Por cierto que ese Mandatario es hijo de uno de los principales colaboradores del dictador Stroessner.
Mientras, los medios paraguayos manipulan como suelen hacerlo, colocan en sus portadas que los familiares de dos personas presuntamente secuestradas por el EPP reclaman su liberación y colocan el reclamo de su dolor como un chantaje a los deudos de las niñas.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), señala que es probable que estemos frente a otro “crimen de Estado. El Partido Comunista Paraguayo (PCP) advierte: “El Estado de las patronales asesinó a dos niñas de 11 años, a través de su millonaria y corrompida Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), presentando a las mismas como milicianas reclutadas por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y declarando, a través del fraudulento y mediocre Mario Abdo, como un operativo exitoso a semejante hecho de infanticidio y terrorismo”.
El PCP además resalta: “Familiares y amistades, tanto en Paraguay como en Argentina, aseguran que las niñas nacieron en el vecino país, tenían la edad mencionada en el primer párrafo, vinieron por unos días a ver a sus padres y no tenían ni la más mínima condición de levantar fusiles, mucho menos atacar a soldados de fuerzas especiales”.
El Gobierno paraguayo tiene el descaro de decir que “los padres envían a sus hijos para que se enfrenten a las autoridades”, así lo dijo Federico González, ministro asesor del Poder Ejecutivo, el vocero de Abdo Benítez.
Por su parte, el Frente Guasú que lidera el expresidente Fernando Lugo, manifestó al respecto: “Para un porcentaje importante de la sociedad paraguaya existe un preocupante manto de dudas sobre la claridad de dicho operativo, y sobre el funcionamiento transparente de las Fuerzas de Tarea Conjunta, un organismo al cual nuestro Estado destina más de 14 millones de dólares anuales con el objetivo de combatir al grupo delictivo denominado EPP”.
En el Frente Guasú recordaron también que además “de los casi nulos resultados, existen oscuros antecedentes, como por ejemplo la muerte impune y nunca esclarecida del capitán Enrique Piñánez, violaciones a los derechos humanos, así como denuncias de actos de corrupción; al punto de que hoy, un excomandante de este organismo, el general Ramón Benítez está procesado por cohecho pasivo agravado, asociación criminal y contrabando”. Así se describe lo poco gloriosa que resulta la famosa FTC del Gobierno paraguayo.
¿Ejecuciones?
Hace pocas horas se conoció el resultado de los análisis forenses. A una de las niñas le propinaron dos disparos, la otra recibió seis disparos por la espalda. ¿Combate o ejecuciones? Esta misma chica fue abaleada de frente en otras dos oportunidades.
Por su parte, Miriam Villalba, madre de una de las niñas asesinadas denunció que el Gobierno de Abdo Benítez está haciendo una campaña sucia “para cubrir la ejecución de las dos niñas». Villalba dijo que la familia estaba convencida de que las jóvenes fueron capturadas, torturadas y ejecutadas». No obstante el análisis forense señaló que no hay rastros de torturas.
Para las fuerzas militares paraguayas se trata del operativo más exitosa contra la presunta guerrilla del EPP desde hace 12 años, las acusaciones resultan “una patraña tremenda que están tratando de implantar, que lo hacen en contra del Estado. Tratan de instalar que esto fue un ajusticiamiento y es una operación militar con todos los elementos jurídicos que la respaldan», dijo el general Héctor Grau, director de tecnologías de la información y la comunicación del Ministerio de la Defensa.
La cobardía de la débil versión oficial
Eduardo Soares, un defensor de derechos humanos y miembro de la asociación gremial de abogados argentinos, reveló en una entrevista al medio alternativo Barricada TV, algunas de las incongruencias de la débil versión ofrecida por las autoridades de Paraguay.
“Lo que nosotros entendemos es que estas niñas fueron capturadas, sea en ese lugar o en camino a ese lugar, fueron llevadas al sitio, seguramente a esperar a ver si les hacían una ‘ratonera’ a los padres y finalmente las ejecutaron. Una vez ejecutadas las vistieron con ropas militares, o ropa de su propio Ejército, porque ni siquiera tienen las características de camuflaje del EPP sino de propio Ejército”, indica Soares.
El abogado argentino señala que tan burdo fue el montaje, que en las fotografías divulgadas por el Gobierno de Paraguay, “las únicas heridas y sangre que se les nota es en la cara, los uniformes están intactos, estas chicas fueron ejecutadas y a partir de allí se puso en marcha toda una maquinaria de la prensa paraguaya, para intentar demostrar como dice el general Grau que estas chicas estaban en un anillo de contención de un campamento guerrillero del EPP”.
Otra muestra de la incongruencia de la versión oficial sobre lo ocurrido en el norte de Paraguay, es que precisamente esos uniformes con los que aparecen vestidas las niñas, una vez asesinadas, fueron destruidos casi inmediatamente por las autoridades paraguayas. ¿La justificación? El fiscal Francisco Delpino dijo que debió a la situación de “pandemia” y lejos de asumir la responsabilidad que implica la labor del Ministerio Público en cualquier país del mundo, Delpino se desentendió y dijo que la decisión de destruir los uniformes, correspondían a “otro órgano jurisdiccional” y “que habrán tenido sus razones”.
Necesitaban un “golpe”
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay ha venido siendo cuestionada a lo largo de su historial de desempeño. En junio del año pasado, por ejemplo, el Servicio de Paz y Justicia-Paraguay (Separj-Py) presentó una nota en apoyo a la iniciativa de un senador, Pedro Santa Cruz, para eliminar la FTC.
Vidal Acevedo, vocero del Serpaj-Py, presentó en dicha oportunidad un documento respaldado con la firma de más de 100 activistas en el que recomendaron el desmontaje de la FTC debido a que a “seis años de su creación solo hubo magros resultados e implica un costo económico que podría destinarse a otras necesidades de la población”.
En 2016, también se efectuó precisamente una audiencia pública en torno a la Ley 5036 que implicó la militarización de tareas de seguridad interna en Paraguay, que constitucionalmente debería ser responsabilidad de la policía y no de las Fuerzas Armadas. En dicha actividad los referentes campesinos del departamento de Concepción (norte), relataron los “atropellos de que son víctimas por parte de las fuerzas represivas estatales y el pedido de que se derogue la ley”.
El abogado e investigador de conflictos rurales Abel Areco precisó al respecto: “Policías y militares cometen abusos y no son investigados y sancionados, igualmente, los fiscales y jueces no respetan, avalan las actuaciones irregulares de la FTC y no aplican en forma las leyes que deben garantizar los derechos de la población campesina. En contrapartida, nunca se encuentra al EPP”.
“La situación en el norte sirve solamente para que ciertas autoridades lucren con eso”, advirtió Areco.
Además de esto, hay un rastro que siempre lleva también a Washington, la capital estadounidense, el mismo lugar de donde se apoyó a las dictaduras que llenaron de sangre y horror a los países suramericanos durante varias décadas del siglo pasado. Militares estadounidenses asesoran de forma sistemática a las Fuerzas Armadas de Paraguay.
En julio de 2018, una nota de la Embajada de Estados Unidos en Asunción precisa: “Doce miembros del Vigésimo Grupo de las Fuerzas Especiales del Ejército de los EEUU llegaron al Paraguay para capacitar y entrenar con el Batallón Conjunto de las Fuerzas Especiales paraguayas, desde el 16 de julio al 10 de agosto próximo”.
En abril de este año se conoció que un grupo de militares estadounidenses que entrenaban fuerzas paraguayas salió del país en el contexto de la pandemia de Covid-19. El embajador norteamericano en Paraguay, Lee McClenny comunicó en esa oportunidad que se había cancelado el Entrenamiento de Intercambio Combinado (Joint Combined Exchange Training-JCET) entre las fuerzas militares paraguayas y estadounidenses.
Sobre qué va a ocurrir políticamente en Paraguay con motivo de los recientes hechos es una incógnita. La impunidad es un signo común para la oligarquía paraguaya. A Fernando Lugo se lo destituyó luego de un montaje militar, policial y judicial creado a partir de simular un enfrentamiento con grupos campesinos en la región de Curuguaty. La investigación sobre lo realmente ocurrido duró años y demostró que se realizó una farsa.