En 1995 la Fracción Parlamentaria de Copei en el extinto Congreso introdujo una moción para modificar la Ley Tutelar del Menor que regía en aquellos tiempos, con la intención de reducir la edad de imputabilidad de 18 a 16 años y así aplicar las sanciones penales existentes a adolescentes involucrados en delitos. Grandes presiones mediáticas atizaban las posturas más reaccionarias en aquel tiempo y hoy se retoman en ciertos círculos como si se tratase de un “déjá vu”, cuando los reclamos por la “inseguridad” ponen a los políticos contra la pared.
La reacción en aquel año 1995 no se hizo esperar y el debate llevó no solo a frenar la iniciativa copeyana sino a que Venezuela desmontara el paradigma legal de la situación irregular, para asumir en su legislación el de la protección integral de niñas, niños y adolescentes (NNA), de manera consona con la Convención de los Derechos del Niño (1989) que era y sigue siendo Ley de la República.
Hay un adagio que sostiene: “Cuando señalas con un dedo a alguien, tres dedos te señalan a ti”. Sirve para ilustrar la situación actual, cuando se pretende en la Asamblea Nacional modificar la Lopnna para endurecer los criterios de imputabilidad de adolescentes, como si se tratase de la fórmula mágica contra la violencia delictiva.
Quienes hoy señalan a los adolescentes en conflicto con la ley penal olvidan “los tres dedos”: uno señala en dirección a las instituciones del Estado que han sido incapaces de lograr en 14 años un sistema de protección de NNA que sea realmente eficiente, oportuno y a la altura de los principios de la propia ley. Allí entran desde el Idenna, el Ministerio Público, tribunales y defensorías, pasando por toda la estructura de Gobierno (nacional, estatal o municipal) que no ha atendido adecuadamente la inclusión social integral de un enorme número de NNA.
Otro dedo señala la hipocresía de la sociedad en su conjunto que sigue anclada en una visión punitiva y a quienes no ejercen con responsabilidad su maternidad/paternidad.
El tercero señala a la clase política que sin el menor empacho recurre a rémoras legales para tratar de saciar la sed de respuestas que clama el morbo mediático.
Si alguien merece “mano dura” en todo caso son esos tres sectores, (ir)responsables indelegables de la violencia en la que matan y mueren miles de adolescentes.