Esta masacre fue un vergonzoso ejemplo del terrorismo de Estado ejercido por gobiernos que representaron en el pasado los intereses de la burguesía y las clases dominantes
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El 4 de octubre de 1982, bajo el mandato del presidente del partido Copei, de la socialdemocracia cristiana, Luis Herrera Campins, 23 miembros del Frente Guerrillero Américo Silva fueron asesinados por un bombardeo en una operación de la Fuerza Aérea Venezolana. Posteriormente, se envío un componente de más de mil uniformados con órdenes de disparar y rematar a cualquier sobreviviente. Sin lugar a dudas no fue un enfrentamiento como señalaron voceros del Gobierno. Fue una masacre.
Los medios de la época, al servicio del poder establecido, se refirieron al hecho como un “enfrentamiento de militares con grupos guerrilleros”, pero las investigaciones posteriores realizadas al reabrirse el caso en la búsqueda de justicia, así como el testimonio de un sobreviviente, AlejandroVelásquez Guerra «Camarita», señalan que las víctimas fueron capturadas con vida, torturadas y ajusticiadas muchas de ellas con tiros de gracia en la cabeza.
Para entonces, la Federación de Derechos Humanos denunció “las extrañas circunstancias en la que murieron los miembros del Frente Guerrillero Américo Silva” y solicitaron una investigación al Congreso Nacional y la Fiscalía General de la República, pero toda la información se mantuvo archivada, siendo ocultada, silenciada y desvirtuada durante los 40 años de gobiernos de Acción Democrática y Copei, destaca.
Este hecho permaneció “engavetado” durante los años del bipartidismo adeco-copeyano y fue el Estado social de derecho y de justicia, fundado por el comandante Hugo Chávez, y establecido con la Constitución de 1999, el que ordenó reabrir la investigación para llegar a la verdad de los hechos.
Las masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo son tres vergonzosos ejemplos del terrorismo de Estado ejercido contra el pueblo por gobiernos que representaron en el pasado los intereses de la burguesía y las clases dominantes y ahora quieren regresar al poder por la vía electoral para imponer nuevamente un modelo neoliberal y aplastar cualquier tipo de resistencia popular al mismo.
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA MASACRE COMO MECANISMO REPRESIVO
Al cumplirse treinta años de este nefasto suceso, la Defensoría del Pueblo editó un libro con testimonios de sobrevivientes y de sus familiares. Allí se señala que la de Cantaura, debido al elevado número de víctimas, 23, y a la violencia demostrada por los cuerpos armados del Estado, constituye “el primero de cuatro eventos emblemáticos en la década de los 80 que demuestran fehacientemente cómo la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela formó parte de una política estructurada, consciente y planificada desde las más altas esferas del poder durante el período 1958-1998”.
“En las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado se aplicó la represión policial, la tortura y los asesinatos selectivos en nuestro país por razones políticas. Pero la masacre como mecanismo represivo institucionalizado inicia formalmente con Cantaura su siniestro registro. Y decimos que esta masacre es la primera de cuatro, porque a ella (04/10/1982) le seguirían en menos de una década la masacre de Yumare (08/05/1986), la masacre de El Amparo (04/10/1988) y la mayor masacre de todas: la iniciada el 27 de febrero de 1989, de la que quizá jamás conoceremos el número exacto de víctimas”, prosigue el texto.
La lista de fallecidos la integran: Sor Fany Alfonzo, Diego Alfredo Carrasquel, Eusebio Martel Daza, Carmen Rosa García, Beatriz del Carmen Jiménez, María Estévez, Emperatriz Guzmán, Jorge Luis Becerra, Mauricio Tejada, Luis José Gómez, Julio César Farías, Roberto Rincón, Nelson Pacín, Enrique José Márquez , José Miguel Núñez, Rubén Alfredo Castro, Baudilio Valdemar, Antonio María Echegarreta, José Isidro Zerpa, Carlos Hernández Anzola, Ildemar Lorenzo, Carlos Alberto Zambrano y Eumenidis Gutiérrez.
NO TODOS ERAN GUERRILLEROS
El ministro de Relaciones Interiores de la época, Luciano Valero, declaró a los medios que “el comando guerrillero fue totalmente eliminado”, pero que desconocía hasta el momento el número de heridos. Más tarde, la historia demostró que no todos los caídos eran insurgentes, ni estaban armados. Así lo señaló una nota publicada en el blog Noticias de Anzoátegui, firmada por Adriana Méndez, al conmemorarse 35 años de este trágico crimen.
“El 4 de octubre de 1982 a las 5:30 am, aviones Canberra y Bronco de la Fuerza Aérea Venezolana, cuatrocientos hombres de la Fuerza Armada Nacional y decenas de efectivos de la Disip procedieron a atacar un campamento donde 40 ciudadanos efectuaban una reunión del Frente Américo Silva, del partido Bandera Roja, para ese entonces revolucionario. La reunión se efectuaba en un lugar conocido como Los Changurriales de Evans, cerca de Cantaura, en el estado Anzoátegui. ¡Fue una emboscada que acabó con la vida de hombres y mujeres de entre 16 a 30 años!”, escribe Méndez.
“Es oportuno aclarar que entre los caídos en la brutal masacre de Cantaura había jóvenes procedentes de Caracas y otras partes del país, cuyos familiares aseguraron a los periodistas que habían salido de sus casas para participar en una reunión política, pero no eran, como pretenden afirmar algunos malintencionados, miembros de la ya casi extinta guerrilla venezolana. Algunos de los capturados fueron asesinados a quemarropa, a las mujeres les mutilaron los senos, a otros los descuartizaron o fueron rematados por los organismos de seguridad y represión del Estado Venezolano”, explica el texto.
“Investigaciones posteriores revelaron que este hecho fue una operación de exterminio, a pesar de que el movimiento guerrillero armado venezolano ya estaba prácticamente extinguido. Fue una delación. Norberto Antonio Rebánales fue el traidor que lograron infiltrar en las filas del Frente Américo Silva antes de la masacre. La mejor prueba de esto es que de los 23 cadáveres, 14 presentaban tiros en la nuca: habían sido rematados estando heridos. Un modus operandi que también se repitió en las masacres de Yumare, Caño Las Coloradas y el Caracazo. Aquel horrendo genocidio fue llevado a cabo durante el Gobierno del socialcristiano Luis Herrera Campins, quien avaló la masacre llevada a cabo por la Disip, capitaneada por Henry López Sisco, quien se ufana de tener más de 200 muertos en su haber. Contó con el visto bueno del ministro de Relaciones Interiores de entonces, Luciano Valero, del Gobierno estadounidense de ese momento, presidido por Ronald Reagan, y de los organismos internacionales, incluyendo a la Iglesia católica. López Sisco hoy está imputado por la justicia venezolana, pero huyó del país”, reitera la nota que culmina con la invitación a los actos que se realizaron ayer en Los Changurriales de Evans y en la plaza Bolívar de la capital del municipio Freites, para conmemorar los 35 años de la Masacre de Cantaura.
UNA NUEVA CONTRAOFENSIVA CONTRA LOS PUEBLOS
Para muchos analistas, estos horribles asesinatos formaron parte de la contraofensiva imperialista que surgió en la región tras el golpe de Estado contra el Gobierno socialista de Salvador Allende en Chile, en 1973. En el Cono Sur esta iniciativa fue conocida como Plan Cóndor. En Venezuela esa doctrina de exterminio de la izquierda también tuvo repercusiones con las actuaciones represivas de los cuerpos de seguridad y de algunos agentes que fueron entrenados y mantenían vínculos directos con la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) para perseguir a los militantes y activistas revolucionarios.
Lo que ocurrió en Cantaura forma parte política del exterminio contra la oposición que puso en marcha la derecha neoliberal en los años 60, 70 y 80 en toda la América Latina. Casi dos décadas de gobiernos populares, de izquierda, anticapitalistas, antineoliberales y antiimperialistas en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y en el Caribe, hicieron pensar a muchos que el gorilismo, la represión militar contra civiles, los desaparecidos, torturados y ajusticiados de ese período oscuro de nuestra historia no regresarían, la ofensiva neoliberal puesta en marcha nos indica lo contrario.
Regresó la brutal represión a Argentina, la persecusión de la disidencia y de la resistencia popular, que cuenta ya con la figura de Milagro Sala, como expresión de la intolerancia política y la discriminación a los pueblos indígenas, y el trágico caso de Santiago Maldonado, como posible retorno de las desapariciones forzadas.
En Brasil, regresa el asedio y la persecusión a los sectores populares y a todos quienes se opongan a las políticas hambreadoras del Gobierno de facto de Michel Temer.
Argentina y Brasil son dos escenarios que plantea la derecha neoliberal para retomar el poder, saltando por encima de la voluntad de los pueblos. En el primer caso, se usó el engaño, como quieren hacer ahora en Venezuela, que quieren disfrazarse los lobos de corderos y los responsables del terrorismo de Estado en el pasado (AD, Copei y sus aliados en la MUD) quieren volver al poder por la vía electoral haciéndose pasar por “demócratas”. En el segundo, el golpe de Estado institucional.
OPERACIÓN EXTERMINIO
Estas son las palabras de uno de los sobrevivientes, AlejandroVelásquez Guerra “Camarita”, que están recogidas en el libro editado por la Defensoría del Pueblo en 2012:
“Cantaura fue una operación de exterminio. A muchos de los compañeros que agarraron vivos, después los tirotearon en la nuca o en la frente. Hubo un compañero que se enterró allí mismo. Consiguió una zanja, se tiró en ella y los soldados y la Dsisip le pasaban por encima, de allá para acá, y él metido allí, nada más con los ojitos afuera. Tres días. Él (Luis Pereira, que vive en Santa Inés) escuchó cuando un soldado le dijo a un teniente: Mi teniente, aquí tenemos a una herida. Y el teniente le dice: ¡Pero bueno! ¿Y qué les he dicho yo? Y sintió cuando le dispararon de arriba hacia abajo, y después la cruzaron de balas. La mataron. Esa muchacha era Beatriz del Carmen Jiménez. Tenía 24 años. A un colombianito también lo agarran vivo, y el otro que se enterró, Cándido, escuchó cuando imploraba que no lo mataran, y sin embargo lo asesinaron. Así que no era solo la Disip la que tenía órdenes de ejecutar el exterminio. El ejército también. ¡Si eran como diez hombres por cada uno de nosotros!”.
T/ Redacción CO
F/ Archivo y Roberto Gil
Caracas