Los ataques a Venezuela también utilizan derechos humanos como excusa

*El infame “informe” presentado el 16 de septiembre por mercenarios pagados por el Cártel de Lima forma parte del sistemático asedio contra nuestro país en diversos frentes

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Durante su intervención en la 75a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el pasado 23 de septiembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, entre otros aspectos se refirió a la “violación sistemática de derechos humanos a los venezolanos migrantes, políticas anacrónicas y xenófobas contra los migrantes de nuestros país, inclusive desde altas esferas de Gobierno de esos países” y al “silencio cómplice” ante tales hechos, tocando el doble rasero con el cual la denominada “comunidad internacional” afronta temas vitales, dependiendo de quiénes gobiernan determinadas naciones y en función de cuáles intereses.

No lo mencionó puntualmente, pero al día siguiente, al recibir el documento La verdad de Venezuela de manos del canciller de la República, Jorge Arreaza, y del fiscal general, Tareck William Saab, sí abordó directamente el infame “informe” difundido el 16 de septiembre por una comisión supuestamente “independiente” de derechos humanos de la ONU –con financiamiento del Grupo de Lima, creado exclusivamente para atacar a Venezuela-, en el cual lo señalan de cometer crímenes de lesa humanidad junto a otros integrantes de su tren ministerial.

“No es independiente, es dependiente del Grupo de Lima, dependiente de Mike Pompeo, de los gobiernos del continente que odian a Venezuela ¡Absolutamente envenenado!”, expresó de manera contundente, ya sin la rigurosidad protocolar del día anterior, el Primer Mandatario.

“Es un bodrio insustentable, está lleno de mentiras, manipulaciones, exageraciones e inventos, trabajando medias verdades con grandes manipulaciones”, recalcó.

En esa dirección había apuntado el titular del despacho de Relaciones Exteriores, durante una rueda de periodistas ofrecida el 19 de septiembre conjuntamente con la máxima autoridad del Ministerio Público, en la cual afirmó que es “algo insólito, (…) es irresponsable, es un fraude, absolutamente y es un monumento a la propaganda de guerra”, y denunció cómo se está “haciendo política con los derechos humanos y no política para los derechos humanos».

Nada casual tuvo que la publicación del “informe” –una “operación mercenaria”, como bien lo definiera el jefe de la diplomacia venezolana-, coincidiera con la gira del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, por Surinam, Guyana, Brasil y Colombia, en la cual el objetivo fundamental era acentuar la escalada de agresiones contra Venezuela, en lo que, a juicio de Arreaza, es “un acto de campaña”, mientras que para Tareck William Saab, su fin es “hacerle el juego a la política exterior de Estados Unidos».

Para contrarrestar el mencionado adefesio, ambos funcionarios, en compañía del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron el miércoles 23, también en rueda de prensa, La Verdad de Venezuela, y ratificaron que el elaborado por quienes en realidad respondían a los lineamientos del Cártel de Lima está signado por errores políticos y metodológicos, y subrayaron que en nuestro país hay una representación de la ONU que vela por los derechos humanos y “mantenemos cooperación y comunicación constante con ellos”.

El canciller enfatizó que el “informe”, forma parte del ataque “multiforme y multidimensional contra nuestro país por países cartelizados y afines con los Estados Unidos. Es poco profesional ignorar esto”, y añadió que de las fuentes utilizadas por la “comisión ad hoc”, 85 por ciento son secundarias. “No hay familiares ni testimonios. Apenas el 15 por ciento es válido y seguramente está en manos de la comisionada (Michelle) Bachelet”.

“No podemos avalar un ataque de esta magnitud contra Venezuela… El Estado (está) en su obligación de no darle validez a una resolución respaldada por países que no nos reconocen”, puntualizó.

Entre algunos ejemplos citados durante el encuentro con los periodistas, el fiscal general de la República mencionó: “La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dice que en la Masacre de Barlovento hay cinco personas desaparecidas que siguen sin ser encontradas. ¿Pudiese darnos los nombres? No dan nombres”. Y desmonta lo afirmado por la misma dama sobre la presunta existencia de “motivos razonables para creer que en Venezuela existen violaciones a los derechos. Esto no existe en el derecho nacional ni internacional”.

Ausencia de pruebas

El 19 de septiembre, en declaraciones ofrecidas vía telefónica a La Noticia, programa de Venezolana de Televisión, el abogado y escritor Luis Britto García también se refirió al tema y expresó extrañeza porque “salga un informe de la ONU lleno de falacias, con una enorme ausencia de pruebas y de precisiones de las cosas que se alegan, justamente cuando Venezuela prepara las elecciones parlamentarias para elegir al nuevo Poder Legislativo”.

Britto García, quien forma parte de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales, capítulo Venezuela, recordó: “Se está convocando para elegir una nueva AN, para terminar la fractura constitucional que ha habido con las actitudes de la actual mayoría opositora y justamente aparecen todas estas acusaciones contra Venezuela, intentando deslegitimarla, cuando Venezuela lo que está intentando es cumplir con las normas de la democracia en medio de una agresión multilateral de Estados Unidos, de los países aliados y de un sector de la oposición”.

“Los derechos humanos son una de las causas más nobles que existen, pero pueden ser utilizados para las causas más innobles”, sentenció.

Invocando el R2P

Por si alguien tuviera dudas de las verdaderas intenciones de la “comisión independiente” al hacer público el mencionado mamotreto, el mismo fue utilizado como argumento para urdir una vez más la invasión de nuestra patria, por el títere de la Casa Blanca autoproclamado en su discurso de fantasías frente a una ilusoria Asamblea de las Naciones Unidas:

“Hoy les pido a todos los representantes de Estados Miembros que asuman la responsabilidad de asistir al Gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”, dijo ante su audiencia imaginaria, y exigió de manera delirante la activación del “principio de protección internacional”, conocido como R2P.

Este principio establece “la responsabilidad que tienen los Estados y la comunidad internacional de proteger a las personas frente a cuatro tipos de crímenes: genocidio, crimen de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad”, este último precisamente el que se le atribuye en el infame “informe” al presidente Nicolás Maduro Moros, obviamente no por casualidad.

Satanizar al Gobierno

“Se trata de una ‘Misión Internacional de determinación de hechos’ sobre la República Bolivariana de Venezuela, cuya naturaleza viene de una resolución hostil contra nuestro país bajo la nomenclatura 42/25, impulsada por el autodenominado Grupo de Lima, súbdito de la Casa Blanca, en el marco del 42o período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH), la cual creó esa ‘misión’, otorgándole un mandato cuyo principal objetivo es satanizar al Gobierno Bolivariano y las instituciones del Estado venezolano en materia de derechos humanos”.

La explicación anterior fue dada por el abogado con maestría en Derecho internacional Edgardo Toro, quien detalló que la “misión”, eufemísticamente autodenominada “independiente”, estivo integrada “por tres personas nombradas a dedo por el presidente del Consejo de Derechos Humanos el 2 de diciembre de 2019, sin la debida aprobación de ese órgano de Naciones Unidas, cuya membresía corresponde a 47 países de todo el hemisferio. Es una evidente arbitrariedad el no respetar el proceso de selección de los ‘expertos’ que posee la ONU”.

“Marta Valiñas, de nacionalidad portuguesa, quien es la presidenta, Francisco Cox Vial, de nacionalidad chilena, y Paul Seils, de nacionalidad inglesa, fueron los responsables de elaborar el ‘informe’ fantasma. Son personas con dudosa reputación y poca experiencia en el campo de derechos humanos. El caso más escandaloso es el de Cox, vinculado a la dictadura pinochetista y al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Los tres fueron seleccionados por su posición política contra el Gobierno venezolano y por estar vinculados a la Corte Penal Internacional”, precisó el también diplomático especialista en derechos humanos.

“Es importante destacar que los integrantes de la nefasta ‘misión’ no fueron seleccionados por la alta comisionada, Michelle Bachelet. Como se dijo anteriormente, fueron nombrados por el expresidente del CDH, de nacionalidad senegalesa, Coly Seck, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 42/25 del CDH. Obviamente, la Oficina de la Alta Comisionada le brinda el apoyo técnico-logístico”, acotó Edgardo Toro.

El abogado prosiguió destacando que “a esta nefasta ‘Misión’ se le adjudicó un presupuesto de más de 5 millones de dólares, motivos más que suficientes para inclinar su postura. Es decir, vendidos para atacar la sagrada soberanía de la patria bolivariana”. También aclaró que “el alcance de este informe es meramente político-mediático. No tiene efecto vinculante. Venezuela y los países amantes del Derecho internacional y del derecho de los pueblos a la paz lo rechazan de plano”.

El diplomático hizo énfasis en la forma en la cual “los enemigos de la patria de Bolívar y Chávez lo manipularon a su manera y pretenderán acudir a instancias internacionales para formalizar acusaciones infundadas contra el legítimo Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Pero al igual que el mercenario Luis Almagro y sus nefastos ‘informes’ sobre nuestro país en la OEA, está destinado al fracaso. El Estado venezolano, fiel a su diplomacia bolivariana de paz, continuará rechazando y condenando la creación de esa ‘misión’ y toda la resolución que la impulsó, por vulnerar los principios del derecho internacional como el respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de los asuntos internos y la integridad territorial. Igualmente, por vulnerar los principales pilares del multilateralismo, como son el diálogo genuino y la cooperación”.

Uso politizado de DDHH

Edgardo Toro consideró severamente cuestionable en el contenido del “informe”, la “manipulación y el uso politizado de los derechos humanos y de los trabajos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es el órgano rector en la materia”.

Insistió en la importancia de que “el pueblo venezolano esté al tanto que detrás del mismo no existe ninguna preocupación real por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Su principal objetivo no es otro que utilizarlos como herramienta para agredir al legítimo Gobierno venezolano y sus instituciones. No es casual que promueva de manera abierta y descarada improperios contra el Presidente constitucional de la República y demás miembros del Ejecutivo Nacional, con la vil intención de continuar impulsando la matriz de opinión negativa en esa materia y de esta manera sumarse a las constantes, desgastadas e increíbles acusaciones por parte del régimen supremacista de los Estados Unidos. Los miembros de esa ‘misión internacional’ resultaron ser verdaderos y vergonzantes súbditos del Gobierno de Donald Trump”.

Resaltó lo que ya han denunciado las principales autoridades del país, que se trata de “un pseudo informe completamente plagado de mentiras y falsos positivos, que de manera grosera pretende sumarse a la campaña internacional con la cual han pretendido desconocer al legítimo Gobierno venezolano y sus instituciones e igualmente promover por medios violentos y no constitucionales un cambio de régimen político en el país”.

“Definitivamente, este pseudo informe no tiene justificación alguna. El pueblo venezolano condena firmemente su contenido y los rechaza, ya que el mismo pretende imponer a la fuerza mecanismos de monitoreo e intromisión en los asuntos internos y de esta manera vulnerar nuestra soberanía”, concluyó Edgardo Toro.

T/ Jimmy López Morillo
F/ Cortesía
Caracas