La Defensoría del Pueblo alertó este jueves sobre los crímenes de odio que han venido registrándose en el país, en el contexto de las manifestaciones violentas ocurridas entre abril y mayo de 2017.
Esta observación la hizo el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, durante la presentación del informe denominado “En defensa de la paz y por la verdad”, elaborado por esa institución, a dos meses de acciones violentas promovidas por la oposición.
“Para la Defensoría del Pueblo esto es un asunto que involucra a toda la sociedad en su conjunto. Al Estado venezolano, a quienes tienen el ejercicio y la garantía de manifestar, al liderazgo político del gobierno como de la oposición”, dijo.
El funcionario definió los crímenes de odio como los que tienen lugar cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social, por prejuicios que pueden estar dirigidos hacia las personas por su sexo, raza, etnia, religión, identidad de genero, nivel socioeconómico, nacionalidad, ideología, o afiliación política, discapacidad u orientación sexual.
En este sentido indicó que estos crímenes ya han cobrado tres víctimas en el país (Almelina Carrillo, Pedro Josué Carrillo y Danny Subero). Se han registrado más de 17 hechos de agresiones en multitudes que han dejado varios heridos y lesionados por golpes, con palos, gasolina, armas de fuego, puños, armas de fuego.
Destacó que estos hechos deben ser condenados de manera unánime sin excepción. “Es un fenómeno muy grave, que en algunos casos hemos visto que ha tenido el aplauso de un público minoritario pero extremadamente violento en función del apoyo a este tipo de linchamiento”.
“Ni de un lado ni de otro, ni cualquier signo político ideológico puede avalar los crímenes o delitos de odio, y estos deben ser vigilados y sancionados por el sistema de justicia con la misma fuerza con la que he detallado los casos anteriores, independientemente que no han tenido debida atención de los medios internacionales o alguno nacionales”.
A estos casos también vinculó a las tres víctimas de disparos desde edificios a concentraciones públicas. Dos de estas personas fallecieron en Mérida durante una concentración de empleados de la Gobernación, y uno en el estado Táchira.
Durante la rueda de prensa, el Defensor del Pueblo presentó las cifras que maneja sus despacho sobre los hechos violentos registrados en el país y dio recomendaciones al Estado, la sociedad civil y el pueblo en general.