En México, sólo en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas 196 personas defensoras de derechos humanos y 81 se encuentran desaparecidas. El número total de agresiones –que incluyen también amenazas, golpes y allanamientos de oficinas– llega a más de 3.000 en 862 casos, cometidas en 30 de las 32 entidades que integran la República Mexicana.
Una de las peores situaciones es la que se vive en el sureño Guerrero. En ese estado, a 275 kilómetros de la capital mexicana, el antropólogo Abel Barrera abrió en la región de la Montaña, hace 23 años y con todo en contra, una oficina para defender los derechos humanos de la población, mayoritariamente monolingüe de las etnias nahua, na’saavi y me’phaa.
Ha sufrido, junto con sus compañeros, amenazas, persecuciones y agresiones de parte de militares, policías, empresarios y funcionarios. Los ataques iniciaron en 1994, apenas abierto el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, hoy una organización referente de lo que ocurre en Guerrero y el país. Pero no tiene duda. Para Abel Barrera, lo que se vive hoy es peor.
Cuatro entidades concentran 163 de los 862 casos: Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México y Guerrero. Sin embargo no están exentas de violencia extrema contra defensores de derechos humanos las entidades del norte del República, como Chihuahua o Tamaulipas. Los datos se revelan en el informe La esperanza no se agota. Situación de las personas defensoras de Derechos Humanos durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
Lo peor es que la situación tiende a empeorar conforme se acerca el fin del periodo de gobierno de Peña Nieto, del derechista Partido Revolucionario Institucional (PRI). En lo que va del 2017 han sido ejecutadas 30 personas defensoras de derechos humanos y fueron desaparecidas otras ocho (siete de ellas han recuperado su libertad y de una sigue sin conocerse su paradero).
«Los defensores somos considerados enemigos del régimen; y así se nos trata», señala Abel Barrera. Por ello, aunque participen actores no estatales en muchas de las agresiones, el principal responsable es el Estado. No quita el dedo del renglón: «La agresión siempre va a provenir de un actor estatal, porque nuestro trabajo es proteger derechos humanos y quienes violan los derechos humanos son actores estatales».
Y es que, como se documenta en el informe, la mayoría de los conflictos que derivan en agresiones contra defensores de derechos humanos se originaron con la oposición de pueblos y comunidades a políticas públicas. Destacan la oposición a las reformas estructurales como la educativa, la energética, la de telecomunicaciones y la Ley Minera. Otros de los conflictos se derivan de la oposición a los llamados ‘megaproyectos’, como la construcción de represas, autopistas, minas o parques eólicos.
Por ello, el estudio resulta también una radiografía de lo que ocurre en el país: un pueblo que rechaza a su gobierno y que está en contra de las principales políticas públicas.
«Cualquier reclamo de la población es reprimido»
Fernando Ríos Martínez, secretario Ejecutivo de la Red TDT (autora del informe), explica que cada reforma en México ha significado la conculcación de derechos para amplios sectores sociales. Como ejemplo cita la reforma agraria, que ahora permite el despojo de la tierra a los pueblos campesinos e indígenas para entregársela a empresas trasnacionales.
Y cualquier reclamo de la población es reprimido por el gobierno. «Estamos viviendo ahora en un Estado que, ante cualquier intento de oposición a sus directrices no duda en reprimir. Quienes protestan se encuentran con el garrote [cachiporra] o, incluso, con la muerte», explica Ríos Martínez.
Los defensores de derechos humanos en México, un país reprobado internacionalmente en esta materia, deben vivir además con la criminalización de su trabajo cotidiano, advierte el sacerdote y filósofo Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la organización decana de defensa de derechos humanos, con sede en la Ciudad de México.
Miguel Concha refiere que incluso se han tipificado en el código penal mexicano delitos diseñados para ser aplicados a la gente que protesta, como «ataques a las vías de comunicación» (cuando se entorpece el tránsito vehicular por alguna protesta) o el de «ultrajes a la autoridad» (cuando se interpela a funcionarios en la calle).
El presidente del Centro Vitoria explica que tanto la criminalización del trabajo de los defensores de derechos humanos como las agresiones en su contra van acompañadas de toda una política gubernamental para justificar el embate: denostación y difamación de las víctimas en los medios masivos de comunicación afines al Gobierno.
Por décadas, la Montaña de Guerrero –donde se encuentra la sede de Tlachinollan– ha sido la región más pobre del país. Hoy también se encuentra entre las más violentas. Es el lugar en el que Abel Barrera y sus compañeros han decidido enfrentar la injusticia, a costa de poner en riesgo sus propias vidas.
En la zona, la legalidad está hecha trizas. Es una muestra del país. En palabras de Abel Barrera, «aquí se gobierna con las armas en las manos; con el uso de la fuerza, y de la fuerza letal». Es México, uno de los peores países para defender derechos humanos.