Los expedientes violentos de la oposición venezolana (I)

De la emboscada de abril a los paramilitares de la Finca Daktari

Los recientes atentados terroristas contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), por parte del imperio es- tadounidense, colocándose sin ningún tipo de escrúpulos al frente de la oposición venezola- na, en la que ha sido la fase más dura de las arremetidas contra nuestra Patria desde la Guerra de Independencia, han pasado a engrosar el ya voluminoso ex- pediente de quienes se han em- peñado en derrocar primero, al gobierno del comandante Hugo Chávez Frías y, luego, al de Nicolás Maduro Moros.

Incluso en los momentos en los cuales ha optado por participar en procesos electorales –ganando dos de los 26 realizados en estas dos décadas, la derecha nacional, en alianza con sus pares internacionales, ha dejado al descubierto su doble rasero, al intentar apoderarse del poder político apelando reiteradamente a las vías no democráticas, en procura de lograr su cometido de exterminar a la Revolución Bolivariana.

Obviamente, siempre el objetivo ha sido el de recuperar los privilegios perdidos con la llegada al Palacio de Miraflores de “El Arañero de Sabaneta” y entregar de nuevo la explotación de nuestras riquezas al imperio más genocida en la historia de la humanidad.

Para ello han empleado diversas metodologías, como los recientes atentados contra el corazón de la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” de Guri, pretendiendo dejar a oscuras por semanas, quizás me- ses, a 30 millones de personas, en unas criminales acciones afortunadamente frustradas por el Gobierno nacional.

Aquel abril

Desde antes de que el comandante Chávez ganara las elecciones presidenciales el 6 de diciembre de 1998, se inició la campaña para intentar aterrorizar a los votantes e impedir el inminente triunfo del líder de la rebelión del 4 de febrero de 1992. Luego, con un bombardeo inclemente a las mentes de las venezolanas y los venezolanos a través de los grandes medios de comunicación, fueron sembrando el odio y preparando el terreno para uno de los episodios más deleznables en la historia de nuestro país.

Utilizando como excusa el rechazo a las leyes habilitantes aprobadas por la Asamblea Nacional (AN), los sectores de la oposición convocaron a un paro nacional para el 10 de diciembre de 2001 que, si bien no contó con el éxito esperado, se convirtió en el punto de parti- da para lo que ocurriría cuatro meses después.

Con los medios como punta de lanza, fueron preparando su primera gran arremetida: el 9 de abril de 2002, luego de haber calentado por semanas las calles y cobrando la factura del odio inoculado en las mentes de miles, se produjo la consumación de una alianza contranatura, cuando los presidentes de Fedecámaras y la CTV, Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, respectivamente, llamaron a un paro nacional.

Emblemática fue la gráfica en la cual el sacerdote Luis Ugalde, entonces rector de la Universidad Católica Andrés Bello, le alzaba la mano a ambos, rubricando el respaldo de la oligarquía eclesiástica a la conspiración.

El 11 de abril una considerable multitud se concentró en la urbanización Chuao, convocada para una marcha que, sin previo aviso, fue desviada hacia el Palacio de Miraflores por una dirigencia que poco después se separó de la misma, consciente de la emboscada montada por ellos contra su propia gente.

Francotiradores apostados por aquellas mentes criminales en hoteles aledaños al puente Llaguno y al Palacio Blanco –donde se hallaban concentrados los chavistas, también en número importante-, comenzaron a disparar, indiscriminadamente, a uno y otro bando. Previamente, un grupo de altos oficiales implicados en la conjura había grabado un mensaje a la Nación hablando de muertes, mucho antes de haber caído la primera víctima, para justificar todo lo que vendría después.

También como parte del plan, en una edición extraordinaria circulante a media mañana, un otrora gran diario devenido en pasquín fascista, desnudaba en su portada el verdadero objetivo: “La batalla final será en Miraflores”.

La masacre de chavistas y opositores, fría y criminalmente planificada, sirvió como excusa para que varios inte- grantes del Alto Mando Militar implicados en la sedición se rebelaran contra el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, a quien terminaron secues- trando en horas de la noche en Fuerte Tiuna.

Al día siguiente, mientras se iniciaba una despiadada persecución de los afectos a la Revolución Bolivariana, un exultante Carmona Estanga, pasándole por encima a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ante los alaridos de quienes plenaron el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores –fue la última vez que lo pisaron-, se autojuramentó como presidente, consumando así el primer golpe mediático en la historia mundial.

No duró mucho su dictadura. Desde el mismo 12 de abril, los sectores populares de Caracas y de todo el territorio nacional se convirtieron en un hervidero, con un pueblo reaccionando ante la vileza de la acción cometida por los complotados y el sábado 13, en marejadas, se dirigieron hacia los cuarteles a exigir el retorno del legítimo jefe de Estado, Hugo Chávez Frías.

En la capital de la República, miles se dirigieron hacia Fuerte Tiuna y Miraflores, donde los protagonistas del festín de la víspera, todavía con la resaca encima del poder recién asumido, emprendieron veloz y despavorida huída.

La madrugada del 14, un helicóptero que trasladaba a Chávez aterrizó en el palacio presidencial. En realidad había cabalgado hasta allí a hombros del heroísmo de un pueblo que, haciendo historia, lo rescató de quienes tenían como último fin asesinarlo.

El paro petrolero

No terminaron allí las aventuras golpistas de la oposición venezolana en ese 2002. El 22 de octubre, en una suerte de “goteo” y bajo una descomunal cobertura mediática –como parte de un tinglado previamente diseñado-, un grupo de militares comenzó a pedir la renuncia del Presidente de la República desde la plaza Francia de Altamira, municipio Chacao, cuyo alcalde era Leopoldo López.

Varios de esos uniformados estuvieron involucrados en los hechos de abril y habían sido absueltos por el Tribunal Su- premo de Justicia (TSJ), contro- lado por Luis Miquilena, bajo el insólito argumento de que su accionar estuvo “preñado de buenas intenciones”, en una indignante sentencia emitida el 14 de agosto.

Desde ese momento, el lugar se convirtió en escenario de un show golpista magnificado por las transnacionales mediáticas. En sus entretelones, podían co- nocerse sórdidos episodios de tráfico y consumo de drogas, mientras en diversas zonas del país estallaban algunos focos de violencia.

El 2 de diciembre, los respec- tivos jefes de la CTV y Fedecámaras, Carlos Ortega y Carlos Fernández -quien sustituyera al prófugo Carmona Estanga-, una vez más convocaron a una huelga general, que en esa oportunidad implicó la paralización de nuestra principal industria, la petrolera, utilizando para ello mecanismos de sabotaje interno para impedir el funcionamiento de Pdvsa y causar pérdida mil millonarias a la Nación.

Mientras Ortega y Fernández se daban cita desde entonces todas las tardes, a las 6, en cadena nacional de medios privados –que cedieron sus espacios publicitarios a mensajes de la Coordinadora Democrática, predecesora de la ya extinta MUD- para dar el parte del terror sobre los “avances” del paro, la noche del 6 de diciembre fue sacudida por una veintena de disparos en la plaza de la conjura, que en ciertos sectores era llamada sarcásticamente “plaza Augusto Pinochet”, por la cantidad de fascistas allí reunidos.

El tiroteo, que dejó tres muertos y una decena de heridos, fue atribuido de inmediato al Gobierno Nacional, sin ningún tipo de pruebas, por aquellos medios que daban cobertura a aquella suerte de orgía en la que se había convertido en las tras- tiendas la conjura altamirana. Todo ello, pese a que a escasos minutos de producirse el hecho fue detenido el autor material, Joao De Gouveia, un sujeto con problemas psiquiátricos y sin ningún tipo de motivaciones políticas.

Mientras tanto, con su ex- traordinario habilidad y dotes de genial estratega, el coman- dante Chávez optó por no ejecutar ningún tipo de procedi- miento contra quienes habían convertido a la mencionada pla- za en su centro de operaciones sediciosas y así como comenzó el “goteo” en octubre, también se fue diluyendo.

Simultáneamente, el paro con- vocado por la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática, también iba languideciendo. El 21 de diciembre, el buque “Pilín León”, que había sido fondeado por sus tripulantes en el Lago de Maracaibo, fue rescatado, comenzando así el proceso de recuperación de nuestra indus- tria petrolera. Para mediados de enero, el país retornaba a la normalidad y la huelga, que ofi- cialmente jamás fue levantada, había sido derrotada. Para la historia quedó una patética fra- se de Carlos Ortega: “El paro se nos fue de las manos”.

La Finca Daktari

A las 2:30 de la madrugada del domingo 9 de mayo de 2004, efectivos de la Dirección de Servicios de Inteligencia Policial (Disip) y de la Dirección de Inte- ligencia Militar (DIM) –ambos organismos ya desaparecidos–, allanaron la Finca Daktari, ubi-

cada en una zona boscosa del municipio El Hatillo del estado Miranda, propiedad de Robert Alonso -hermano de la actriz y cantante de tercera categoría María Conchita Alonso-, en la cual se encontraban 153 para- militares colombianos, cuya presencia en nuestro país tenía como fin asesinar al presidente Hugo Rafael Chávez Frías.

Esa mañana, mientras las venezolanas y los venezolanos comenzábamos las celebraciones en familia del Día de las Madres, se iban conociendo los primeros detalles del escalofriante plan magnicida orquestado por los sectores más reaccionarios de la derecha criolla, siempre bajo la tutela del imperialismo estadounidense y la complicidad del Gobierno colombiano, en ese entonces presidido por el carga maletas de Pablo Escobar Gaviria, Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con lo revelado posteriormente, entre el centenar y medio de terroristas se encontraban varios “especialistas” en el denominado “corte de corbata”, eufemismo con el cual se denomina la práctica de degollar personas, generándoles un lento desangramiento, lo cual puede darnos una idea de la salvajada que pensaban ejecutar en contra del Jefe de Estado, en una cena con banqueros prevista para la noche del 12 de aquel mes en la residencia presidencial de La Casona.

Al mismo tiempo, portando uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los paramilitares pensaban tomar por asalto el Palacio de Miraflores, el cual sería bombardeado por un oficial traidor de la Aviación venezolana, y la Comandancia de la Guardia Nacional, entre otros puntos estratégicos.

Los detenidos también contaban con experiencia en la mutilación y castraciones de personas vivas, prácticas habi- tuales entre los paramilitares colombianos para sembrar el terror en la población.

Las investigaciones que lleva- ron a la neutralización de este magnicidio frustrado, incluyeron la intercepción de correos electrónicos entre la señora María Luisa Chiossone, quien se autodenominaba “Yuyita”, y el prófugo Pedro Carmona Es- tanga, el mismo que dos años antes había sido echado a pa- tadas por el pueblo del Palacio de Miraflores, tras el golpe de abril, a quien daban un apodo propio de mafiosos: “El Don”.

Igualmente, las investigacio- nes arrojaron otros nombres de peso entre la derecha cri- minal de nuestro país, como el de la diputada Liliana Hernán- dez, quien había sido dirigente juvenil adeca y luego pasó a las filas de Primero Justicia; el exsecretario general de Acción Democrática, Rafael Marín, para el momento integrante de la Asociación Civil “Ciudada- no Común”; los militares Jael Contreras Rangel y Ovidio Pogglioli, ambos vinculados a la dictadura de Carmona “El Breve” y el empresario miem- bro de la rancia burguesía criolla Gustavo Zing Machado, a quien se le atribuyeron fun- ciones de financista de la san- grienta operación.

Han sido 20 años en los cuales la derecha nacional y transnacional, llevada permanentemente de la mano genocida del imperio estadounidense, no han dado respiro a los gobiernos del presidente Hugo Chávez y al heredero de su legado, Nicolás Maduro Moros.

Un par de décadas en los cuales esa oposición extremista no ha tenido ningún tipo de escrúpulos para intentarlo todo, incluyendo los métodos más abominables, en la búsqueda de apoderarse del poder político, sin importarle para nada la sangre que pudiera dejar regada en los caminos de nuestra Patria, como seguiremos viendo en nuestra próxima entrega.

T/ Jimmy López Morillo
F/ Archivo CO