Por: Arturo Tremont

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Las organizaciones de derechos humanos hacen tanta presión, por los medios a su alcance, que obligan a declarar a las oficinas burocráticas de las Naciones Unidas su preocupación por la suerte de los niños y niñas, víctimas de la guerra, encerrados en campamentos inhóspitos de los países europeos, abandonados a su suerte por los traficantes de humanos, enjaulados como animales y separados de sus padres en los Estados Unidos.

El impacto de ver a tres migrantes africanos, cada uno de ellos con un bebé ahogado en el mar Mediterráneo, luego de un naufragio donde murieron cien personas, es la muestra de la tragedia que se vive diariamente en las costas europeas. Los líderes políticos de España y Alemania han llegado a acuerdos bilaterales para atender esa oleada migratoria, cuya onda expansiva la produjo un pequeño barco bautizado “Aquarius”.

Es un tema complejo, de implicaciones políticas, sociales y económicas. Los gobiernos van a las reuniones mundiales y establecen compromisos, luego se quedan en el papel o en los escritorios de los funcionarios encargados de cumplir con los programas de previsión social dedicados exclusivamente a los niños y niñas,

No hay comparaciones en las violaciones de los derechos humanos, si uno es peor que el otro, si eso ocurre en los países que están en guerra o la promueven, es un efecto mediático o exagerado por quienes se lucran con la miseria humana.

Los hechos están allí, hay que afrontarlos para cambiar esa realidad. El Estado tiene el compromiso constitucional de adelantar programas de protección a la infancia. Recuperar los espacios perdidos por efectos de la burocracia y ofrecer alternativas viables para cumplir con las metas fijadas en los acuerdos internacionales.

arturotremont@gmail.com
Caracas