Pasada la ebriedad del contundente triunfo electoral, se evidencia de nuevo la importancia de aprender a administrar las victorias para no cesar en la autocrítica, la rectificación y la profundización de la Revolución y también de dimensionar correctamente las derrotas para evitar que pérdidas tácticas se conviertan en obstáculos para los objetivos estratégicos del proceso bolivariano. Por ello, la preocupación sobre el avance logrado por la derecha venezolana en la llamada media luna -sobre la que reiteradamente advirtió el comandante Chávez- y el nuevo eje Anzoátegui-Nueva Esparta (al que por muy poco suman el estado Bolívar), debe pasar por un tamiz mucho más fino que incluye hacer un esfuerzo por comprender mejor el fenómeno paramilitar.
La frontera colombo-venezolana es sin duda un escenario muy complejo para el cual el Estado venezolano no ha logrado diseñar políticas efectivas y ahora debe hacerlo con premura cuando a las muchas variables que normalmente deben valorarse para comprenderla, se suma el poder ejecutivo regional de tres estados fronterizos en manos de fuerzas opositoras. Afortunadamente ayer el Gobierno Nacional anunció la intervención de las policías regionales de esos estados y los nuevos ejecutivos se quedaron fríos en sus anuncios públicos de restructuración de dichas instituciones.
Cerca de 700 Km. de frontera abarcan dos de estos tres estados de la llamada media luna, que pueden convertirse en líneas de convivencia entre estas tres gobernaciones de la MUD y las tres que colindan con ellas del lado de Colombia (Guajira, Cesar y Norte de Santander), todas en manos del partido de Juan Manuel Santos. Pero el peligro no está solo en el hecho de que esos estados sean fronterizos sino que con estas tres gobernaciones, la derecha venezolana se ha apoderado del Poder Ejecutivo en casi la totalidad de la cuenca del Lago de Maracaibo, con la sola excepción del puerto de La Ceiba perteneciente al estado Trujillo, donde sin embargo, el poder del crimen organizado es evidente.
La importancia económica, política y militar del Lago de Maracaibo y los estados que lo albergan es tanta, que Zulia, Táchira y Mérida son tres de los seis estados que se mencionan como objetivos en el célebre Plan Balboa y a su vez están contemplados también dentro de la polémica Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa), que nace vinculada al ALCA, al Plan Puebla Panamá y al Plan Colombia. Mérida por su parte, además de tener acceso al Lago de Maracaibo posee la ciudad más importante del Sur del Lago y cuenta también con el páramo donde se siembran la mayoría de las hortalizas que se producen en el país. Hace muchos años que esta zona ha asido invadida por paramilitares que se han ido estableciendo con el apoyo de trasnacionales vinculadas a la producción agrícola y los terratenientes que nunca han sido tocados en razón de sus latifundios ni de las graves violaciones a las leyes que protegen el ecosistema, posiblemente por temor al costo político que estas acciones podrían implicar. Hoy, dos de las cuatro alcaldías del páramo de Mérida están en manos de la oposición y en las dos que aún pertenecen al PSUV la derecha ha avanzado en el asentamiento paramilitar, la violencia terrorista y ya en los meses pasados lograron impedir durante unos días el traslado de hortalizas a la capital. Otro reto para el próximo escenario de elecciones municipales.
Por toda esta realidad que lo circunda el Lago de Maracaibo es más que petróleo y gas, es recursos naturales y es sobre todo un importantísimo puerto al mar Caribe por donde muchas mercancías colombianas desde el carbón hasta la droga, pueden encontrar salida a Estados Unidos, quien de la droga como de todos los demás negocios, saca la mejor tajada. También hay que recordar que la desintegración territorial y la generación de ingobernabilidad son métodos que el imperialismo ha venido usando en los últimos años para mantener su poder. Todo lo anterior pretende señalar que es muy reducido el análisis de que los posibles planes secesionistas de la llamada media luna, responden solo a los intereses de la oligarquía colombiana cuando en realidad otros intereses geoestratégicos están en juego.
LA PAZ EN COLOMBIA ES FUNDAMENTAL PARA VENEZUELA
El estado narco-paramilitar se está fortaleciendo progresivamente en Colombia desde que el Gobierno colombiano logró su objetivo de “pacificar” a las FARC. Los vacíos de poder que se han generado en toda Colombia también afectan las zonas de frontera con Venezuela. El Estado colombiano ha entregado, sin disimulo, al paramilitarismo los territorios que las FARC abandonaron, por lo que ahora se despliega en el territorio colombiano con mucho más poder militar que antes y, además de las valientes comunidades organizadas, solo sigue encontrando resistencia en el ELN. La “Paz” en boca de Santos es una falacia. Lideres y lideresas que denuncian amenazas a su vida, optan a recibir un chaleco antibalas y un celular de parte del Estado colombiano. Si la consigna es “sálvese quien pueda”, habría que preguntarse para qué sirve el Estado. Santos firma acuerdos de paz y luego no es capaz de cumplirlos, porque en realidad ese cumplimiento es un accesorio innecesario para los intereses que él representa. Continuar el apoyo a esa construcción de la paz sigue siendo una tarea necesaria para el proyecto bolivariano, desde el Gobierno hasta las comunidades organizadas enfrentando cualquier indicio de xenofobia, pues tal parece que la política de posconflicto del Gobierno de Santos se limitará a asesinar y judicializar toda voz disidente y comprar chalecos antibalas para el resto. En cambio continúa levantando su voz para opinar sobre Venezuela mientras la nueva doctrina prepara a las FFAA para ponerlas a la orden de cualquier capricho de EEUU y la OTAN en la región. Mientras no haya paz real en Colombia, con justicia y sin paramilitares, la guerra seguirá permeándose por la frontera y el Estado venezolano no puede simplemente amortiguar, es fundamental convertirse en parte activa del reclamo internacional por el cumplimiento de los acuerdos de paz y acompañar el proceso de diálogos con el ELN, porque la paz de Venezuela también está en juego.
EL POSICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL PARAMILITARISMO EN VENEZUELA
PARAECONOMÍA Y PARAPOLÍTICA
Si estos nuevos ejecutivos regionales se colocan a las órdenes de los intereses intervencionistas, pueden facilitar el avance paramilitar sobre el territorio venezolano para cubrir rutas de tráfico de drogas desde Colombia hacia el Lago y el contrabando de extracción, y podría impulsar un aumento del desplazamiento forzado en Táchira, Mérida y Zulia para dirigirlo hacia Colombia y favorecer las matrices de opinión relacionadas con la presunta crisis que generarían refugiados venezolanos, y en suma un avance de los planes estadounidenses en la región.
Este riesgo es máximo en el estado Táchira donde asumirá la gobernación una abogada, que fue parlamentaria por el estado Táchira desde 2015, prefecta del municipio Junín desde 2008 a 2012 durante la gestión de AD y jefa de organización regional de AD en Táchira. El propio presidente Nicolás Maduro ha denunciado los vínculos de Laidy Gómez con el paramilitarismo colombiano. Hace mucho tiempo que Junín es un área de influencia de los principales grupos paramilitares colombianos.
Hay que insistir en que el paramilitarismo es más que una fuerza militar. Es toda una economía paralela que le da razón de vida y que avanza en su propósito de doblegar y penetrar la economía venezolana a través del lavado de dinero, el contrabando de extracción y un arma de guerra que ha sido indudablemente efectiva: el dólar paralelo. Pero también tiene una maquinaria cultural. Evidencia de que se ha comprendido poco el respaldo que esta maquinaria ha brindado al narco-paramilitarismo a ambos lados de la frontera, fue que algunos dirigentes revolucionarios llegaron a pensar que denunciar los vínculos de la entonces candidata con Uribe Vélez y acercar su imagen a la de las mujeres protagonistas de El cartel de los sapos o “El capo”, haría mella en su popularidad. Grosso error.
Tal como lo explicó hace varios años el investigador Dario Azzellini la permanencia de la guerra es un negocio y en el caso de particular de Colombia el Estado, la estructura paramilitar y las trasnacionales hacen parte del control social en el país. Afirma Azzellini que Colombia es claramente un narco-Estado paramilitar donde el paramilitarismo no es un fenómeno más allá o paralelo al Estado sino que es parte integral del mismo. Esa complejidad del problema es la que se debe comprender y enfrentar desde Venezuela. La tarea gigante no es solamente evitar la consolidación de bases paramilitares colombo-venezolanas en los estados perdidos en las últimas elecciones, sino evitar que el narco-paramilitarismo se imbrique con los nuevos poderes ejecutivos y se haga estado.
NO OLVIDAR ANZOÁTEGUI Y NUEVA ESPARTA
A pesar de las grandes reservas de gas y de petróleo liviano que aún posee el estado Zulia, quizás desde el punto de vista de la producción petrolera sea aún más peligroso el poder logrado en Anzoátegui. Ya que allí se han invertido muchos recursos en la refinería y se han firmado importantes convenios internacionales con Rusia y China. El paramilitarismo también se ha instalado en esa zona del oriente venezolano sobre todo en el estado Sucre donde se vincula, además, al contrabando de extracción de combustible que es probablemente mayor hacia el Caribe que hacia Colombia. Anzoátegui y Nueva Esparta pueden ser ahora centros más favorables para esta mafia internacional vinculada a la pesca industrial y semiindustrial, que usufructúa ilegalmente el subsidio al combustible venezolano y se apropia de la renta petrolera a través del diferencial cambiario ilegal.
LOS RETOS POR VENIR
Es probable que por sobre la inmediatez de los planes secesionistas se imponga la codicia de Ramos Allup y la derecha nacional centre sus esfuerzos en las elecciones presidenciales anunciadas para el año entrante. En este aspecto, los peligros de la retórica socialdemócrata para el proyecto socialista no deben desestimarse. Pero como nunca esta derecha ha sido autónoma ni soberana, es de esperarse que aunque no proclame independencias, trabajará por consolidar en estas regiones “estados paralelos”, orientada y financiada por los Estados Unidos y apoyada en su tarea por los gobiernos de las “naciones huéspedes” lideradas por Colombia, las trasnacionales (incluyendo entre ellas al narcotráfico) y el paramilitarismo.
El Estado venezolano todo debe reaccionar a la altura que exigen las nuevas circunstancias e impedir que estos estados se conviertan en bastiones de la desestabilización del proyecto bolivariano. El Gobierno y la FANB deben echar mano de herramientas como la Ley Orgánica de Fronteras y actuar con contundencia en aras de la defensa integral de la nación y retomar los planes de poblamiento de la frontera donde solo habita aproximadamente un 10 por ciento de la población, sin población no hay estado. Por su parte, el Poder Popular que habita estos territorios que está formado por gente nacida en Venezuela o Colombia pero unida en el ideal bolivariano, debe plantearse como una urgencia fortalecer su control territorial profundizando la organización política real, el trabajo productivo con cadenas completas que garanticen su viabilidad económica, haciendo inteligencia social y preparándose para la defensa del territorio. Hacer de esta derrota al poder constituido, una oportunidad para el poder constituyente que se encarna en el Estado comunal.
Palabras concluyentes de este tema son las de Luis Britto García y Miguel Ángel Pérez Pirela en su libro La invasión paramilitar (operación Daktari): “La infiltración de irregulares y de profesionales de la violencia mercenaria por nuestras amplísimas fronteras no ha concluido. El apoyo a estas fuerzas siniestras por sectores de la oposición y de la oligarquía nacional y transnacional no quedó en el pasado. Quien abre la puerta al paramilitarismo como sirviente termina sirviéndolo. Quien niega la realidad termina siendo negado por ella.”.
María Fernanda Barreto