El expresidente argentino Mauricio Macri está convencido de que sus crecientes problemas judiciales se deben a una «persecución y venganza» en contra suyo y de su familia por parte del Gobierno que encabezan el presidente Alberto Fernánez y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Así lo aseguró en una carta que publicó en redes sociales en vísperas de que la justicia decretara la quiebra de Correo Argentino, una empresa que forma parte del grupo Sociedad Macri (Socma), y que desde hace dos décadas quedó envuelta en un complejo litigio, cuando dejó de pagar al Estado el canon al que estaba obligado por haber obtenido la concesión de un servicio que, hasta 1997, era estatal.
A pesar de que la causa comenzó en 2001; es decir, antes de la llegada del kirchnerismo al poder (2003), Macri insiste en que ha sido manipulada para perjudicarlo, a pesar de que durante su propia Presidencia, el Correo Argentino llegó a un acuerdo con el Estado para pagarle un monto irrisorio. Es decir, el Gobierno de Macri le quiso condonar una deuda multimillonaria a la familia Macri.
La negociación, que era perjudicial para las arcas públicas, no se concretó solamente porque el caso se hizo público y provocó uno de los escándalos de corrupción más graves que enfrentó el macrismo.
Con él ya fuera de la Presidencia, la investigación avanzó y el lunes tuvo un capítulo crucial, ya que la jueza Marta Cirulli declaró la quiebra de Correo Argentino, lo que pone en riesgo el patrimonio de la acaudalada familia Macri y el futuro judicial del expresidente, quien además, está imputado en una causa penal en la que se le acusa de «perjuicio ocasionado al Estado».
La historia
El expresidente Carlos Menem otorgó en 1997 la concesión del servicio postal al Grupo Macri, uno de los emporios empresariales más poderosos en ese momento. La decisión generó una controversia, ya que hacía poco esa firma había quebrado una empresa automotriz y el Estado se había tenido que hacer cargo de los costos. Pero era la época de oro de las privatizaciones impulsadas por el neoliberalismo.
A pesar de estos antecedentes, el Grupo Macri se quedó con el Correo Argentino y cometió el mismo modus operandi, ya que se endeudó y en 2001 entró en cesación de pagos, lo que derivó en una denuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa contra los empresarios.
En esos años Macri comenzó su carrera política. En 2003, el fallecido expresidente Néstor Kirchner rescindió la concesión e inició una causa para reclamar la totalidad de la deuda del Grupo Macri, pero los intentos de negociación se aletargaron.
Recién a principios de 2017, cuando Macri ya era presidente, una investigación periodística reveló que su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, había negociado el pago de esa deuda de la familia con el Estado.
El acuerdo, que se firmó en secreto en junio de 2016, apenas seis meses después de que Macri asumiera como presidente, permitía que la empresa pagara 300 millones de pesos por el capital de su deuda, más 300 millones de pesos de intereses.
Al investigar el caso, la fiscal Gabriela Boquín consideró que esta cifra, equivalente entonces a unos 37 millones de dólares, en realidad representaba una condonación y no un pago, ya que implicaba una rebaja del 98,8 % de la deuda original dado el tiempo transcurrido (16 años).
Un análisis técnico ordenado por la fiscal concluyó que, en valores actualizados, la deuda real equivalía a 4.277 millones de pesos (unos 285 millones de dólares de ese año) y crecía hasta los 70.000 millones de pesos porque ese sería el monto en 2033, periodo en el que, según el acuerdo, se pagaría la última cuota acordada.
Crisis
El escándalo creció de tal manera que Macri fue imputado judicialmente y su popularidad se vio afectada, por lo que tuvo que anunciar la cancelación del acuerdo y el reinicio de las negociaciones para resolver la deuda, lo que no ocurrió durante su Gobierno. Fue una sombra permanente.
Meses después de que dejara el poder en diciembre de 2019, la justicia intervino Correo Argentino; peritos judiciales comprobaron que el acuerdo pactado en 2016 había sido un intento de perjudicar al Estado y concluyó que la familia Macri debía 5.000 millones de pesos (unos 52,6 millones de dólares a cotización oficial actual). La empresa ofreció cubrir 1.110 millones de pesos, es decir, una quinta parte, en un solo pago, lo que fue rechazado por Carlos Zannini, quien, como Procurador del Tesoro, representa al Estado.
A sabiendas de que se venía la declaración de quiebra que la familia había resistido durante dos décadas, Macri aseguró en una carta que era víctima de una «persecución» porque el kirchnerismo había rechazado todas las propuestas de la empresa a pesar de que eran avaladas por la casi totalidad de los acreedores.
«El gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso», acusó al advertir que «no solo está en juego la integridad» de su familia, «sino la idea misma de justicia».
Según el expresidente, el Gobierno, a través de Zannini, rechazó cobrar «el 100 % de la deuda» para poder pedir la quiebra y afectar a sus hijos, ya que fueron accionistas de la empresa, aunque actualmente ya no forman parte del directorio. «Es la forma de atacarlos para atacarme», resumió, aunque en realidad la oferta de la empresa es pagar solo el 20 % de la deuda que reclama el Estado y cuyo monto ha sido avalado por distintos peritajes.
Además de atacar a la fiscal Gabriela Boquín, quien fue la primera en impugnar el intento de condonación de 2016, Macri también amedrentó a la jueza Marta Cirulli al advertir que, si rechazaba la propuesta de pago, sería «un oscuro hito histórico» que podría transformar al país en «Argenzuela».
Al día siguiente, Cirulli, efectivamente, decretó la quiebra.
Argumentos
La jueza justificó su decisión en un fallo de 44 páginas en el que negó la acusación de la empresa acerca de que el Estado ha sido un «acreedor hostil», o que su posición ha sido «irrazonable o abusiva», ya que representantes de distintos gobiernos han participado de un proceso de negociación que se ha postergado por casi 20 años.
Sobre Correo Argentino, explicó que actualmente ni siquiera tiene actividad comercial. «Se encuentra en una situación ruinosa (…) sin poder afrontar mínimamente sus ahora reducidos gastos ordinarios –que se satisfacen mediante donaciones societarias– y con un desmesurado pasivo concursal y postconcursal», dijo, lo que sostiene las dudas razonables sobre su capacidad de pago.
En el documento destacó un apartado que se interpretó como una respuesta a las amenazas de Macri. «Efectué mis reflexiones serenamente, tras un estudio profundo y minucioso de las muy singulares aristas de este procedimiento, como resulta de la totalidad de las consideraciones efectuadas y de la base legal utilizada», escribió al desestimar que detrás de la causa haya intereses espurios como los que acusa el expresidente.
En medio del revuelo político-judicial que desató la declaración de quiebra del Correo Argentino, la empresa aseguró en un comunicado que esta decisión solo confirmaba «los atropellos, la corrupción y la venganza» que ya había alertado Macri.
«Hoy es un día nefasto para la justicia comercial argentina. Muchos argumentos jurídicos se escribirán de un lado y del otro, pero es increíble que el Estado se apropie de los bienes de una empresa, le deje las deudas y no acepte el pago del 100 %, con lo que ahora la lleva a la quiebra. Todo por venganza e intereses políticos. Un paso más hacia Argenzuela», insistió.