A lo largo de 2012, funcionarios de Protección Civil, Policía Estadal, Cuerpo de Bomberos, docentes y demás trabajadores adscritos a la Gobernación de Miranda alzaron su voz en protesta para denunciar el incumplimiento de reivindicaciones laborales y la ausencia de políticas para mejorar las condiciones económicas, sociales y de infraestructura de sus instituciones.
En plena fiesta navideña y a pocos días de terminar el año, los trabajadores no han recibido la segunda parte de los aguinaldos, correspondiente a los 40 días restantes que debieron ser cancelados antes del pasado 1º de diciembre, de acuerdo con lo establecido en el decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.045, de fecha 7 de noviembre de 2012.
Oliver Piñero, distinguido del Cuerpo de Bomberos de Miranda, indicó que la gestión del gobernador Henrique Capriles (Primero Justicia) ha estado caracterizada por la mala administración de los recursos, el incumplimiento de los acuerdos establecidos, represalias en contra de los funcionarios y la ausencia de diálogo.
Sostuvo que para este nuevo periodo de gobierno que iniciará el derechista no guardan nuevas esperanzas, pues califican el gobierno de Capriles como «una gestión nefasta» que amenaza el bienestar de los mirandinos en materia de inseguridad y mejoras laborales.
«Es imposible que mejore nuestra situación, en vista de que él nunca estuvo dispuesto al diálogo y todavía no hay un pronunciamiento sobre la situación de nuestro instituto», señaló.
Un año para exigir reivindicaciones
Las tropas bomberiles ejercieron una huelga de hambre que fue levantada en julio de este año para exigir mejoras laborales, en donde se llegaron a acuerdos que han sido cumplidos «a medias» ya que todavía se mantienen las irregularidades. A la fecha les adeudan 21 meses del capital e intereses del fidecomiso de 2011 y 2012, mientras que el servicio de HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) sólo atiende emergencias.
Este misma situación se repite en el Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda (Iapem), donde sus funcionarios se declararon de brazos caídos el pasado 14 de diciembre, a dos días de celebrarse las elecciones regionales, por el incumplimiento de pagos y las irregularidades que existen con el destino y uso del dinero que se le descuenta quincenalmente a todos los funcionarios públicos adscritos a la Gobernación para el Seguro Social y Ley de Política Habitacional, pues no se honra el compromiso con estos organismos.
El Ejecutivo Regional también mantiene una deuda de 16.749.240 bolívares con la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados Públicos (Capem) desde el año 2009 hasta el mes de octubre del 2012. Por esta razón, el pasado 21 de junio se interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Gobernación para que responda por el destino de los aportes que son descontados quincenalmente a los 11.000 trabajadores adscritos a este organismo.
Los más de 13.000 docentes estadales, entre jubilados y activos, también se mantienen a la espera de que la Gobernación cumpla con el pago del 50% homologación mayo-diciembre de 2011, la cual debió pagarse un 25% para septiembre y otro para diciembre de este año.
Mientras tanto, cerca de 2.000 educadores jubilados no han recibido el capital de prestaciones desde 2010. A esto se suma la deuda de tres días de bono vacacional y dos días de la semana de ajuste salarial, correspondientes al año escolar 2011-2012, que se tenía que cancelar en julio pasado.
Igualmente, el sector salud se pronunció para el pago de deudas pendientes a los 400 trabajadores transferidos de la Gobernación de Miranda al Ministerio de Salud durante 2008 y 2009. A una parte de este personal le corresponde su jubilación por cumplir 25 años de servicios y a otro grupo que se mantiene activo su liquidación.
El decreto que ordena la transferencia de estos empleados fue publicado en la Gaceta Oficial número 39.072, del 3 de diciembre de 2008, donde se expone que la Gobernación de Miranda tenía 10 días para transferir los recursos financieros para el pago de las obligaciones legales contraídas con el personal; no obstante, el personal se mantiene a la espera de que se honre el compromiso.
Deportistas y comunidad exigieron mejoras
El gremio de deportistas, cultores y comunidad también se pronunciaron para denunciar la desasistencia en la región por parte del Ejecutivo Regional, debido a la falta de políticas en materia de deporte y cultura.
Los deportistas se concentraron en la plaza Bolívar de Los Teques el pasado octubre para denunciar la falta de apoyo a los atletas de la entidad por parte del Instituto de Deporte Regional del Estado Miranda (Idermi) y para exigir a la Gobernación la culminación de las obras sobre complejos deportivos, como es el caso de la construcción de la Villa Deportiva La Fragua, en los terrenos de La Fragua, San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias, obra que se paralizó.
El mal estado de la vialidad es otra de las constantes que se repite en los cinco ejes que conforman la región. En el caso de la parroquia El Jarillo, los pobladores de esta zona agroturística denunciaron la ausencia de políticas en materia de vialidad.
En vista de esta problemática y el colapso de la vía, producto de las fuertes precipitaciones que acaecieron en el mes de agosto, el Gobierno Nacional asumió la recuperación total de la vía principal, a través de Fundapropatria 2000, para responder a las peticiones de sus habitantes, a pesar de que es competencia del Ejecutivo Regional.