Las protestas de los pequeños mineros en Bolivia en agosto dejaron como resultado la muerte de cinco personas, cuatro mineros y el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
Como resultado el presidente Evo Morales anuló esta semana los contratos entre mineros artesanales y empresas privadas transnacionales y regresó al Estado esos yacimientos. En vista de que esas empresas no garantizaban los derechos laborales ni retribuían al Estado el derecho a la explotación.
«Las cooperativas mineras solo se justifican si tienen carácter solidario pero si no lo tienen y están acumulando capital en pocas manos deben convertirse en empresas privadas», argumentó el ministro de Minería, César Navarro, después de anunciarse la medida.
El Estado boliviano reconoce a los mineros artesanales, que suman cerca de 100.000, ventajas impositivas y laborales por su condición de integrantes de pequeñas cooperativas cuya función central es crear empleo y no utilidades.
Con el incremento de precios de los minerales hasta el año 2012, esas cooperativas se transformaron en prósperas empresas que ahora reclaman mas ventajas para afrontar la crisis por la caída del valor de los metales.
El Gobierno boliviano ha estimado que alrededor de 36 cooperativas han suscrito contratos con privados que ponen capital y tecnología y se benefician también de ventajas creadas exclusivamente para las cooperativas mineras, que suman 1.700.
Con la medida anunciada por el Ejecutivo boliviano todos esos contratos entre cooperativas y grandes transnacionales han sido declaradas nulas, con la finalidad de que los mineros artesanales «vuelvan a su condición de cooperativas sin camuflarse» en empresas privadas que tienen otro trato impositivo.
La decisión que el Estado boliviano asumió como un acto de justicia social e inclusión fue distorsionado por directivos de las cooperativas que buscaron su propio lucro en detrimento de la clase trabajadora.