Un grupo de madres de niños venezolanos con enfermedades hepáticas graves pidieron a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actuar de manera inmediata para que Estados Unidos levante el bloqueo económico impuesto contra Venezuela, que está impidiendo garantizar los fondos para seguir realizando tratamiento médico especializado a sus hijos.
A través de una comunicación, las madres explicaron a Bachelet que sus hijas e hijos fueron enviados a Argentina gracias a un programa de salud que financia el Estado venezolano, a través de Pdvsa y su filial Citgo, pero luego de las sanciones contra la estatal petrolera no han podido continuar con sus tratamientos.
Esta denuncia de las madres fue acompañada por la hermana María Eugenia Russián, presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), organización con Estatus Consultivo Especial ante Naciones Unidas 2015, que viene denunciando los efectos negativos sobre los Derechos Humanos que tiene el bloqueo financiero de EE.UU. contra el país.
Recordaron que luego de diversas evaluaciones médicas en Venezuela, viajaron a Buenos Aires para recibir trasplantes de hígado y tratamientos pos-trasplantes en el Hospital Italiano de la capital Argentina. “Nuestros niños y niñas nacieron con enfermedades congénitas que les hicieron necesitar de un trasplante hepático para poder seguir con vida e incluso uno de ellos está en espera, también, de un trasplante renal”, reza la denuncia interpuesta ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Las madres señalaron que sus hijos presentan condiciones críticas de salud y aún no han culminado sus tratamientos. Además, necesitan tener una atención médica especializada y controles permanentes que son vitales para su vida.
En la denuncia enviada a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las madres detallaron los cuadros clínicos que presentan sus hijos e hijas: Isabella Guevara Albornoz, paciente de 21 meses de nacida tiene antecedentes de atresia de vías biliares y mal rotación del intestino; Nelson Useche Oropeza de 13 años de edad tuvo un trasplante de hígado y de riñón. Asimismo, Ximena Longa Pérez de cinco años de edad, presentaba cirrosis hepática y fue sometida a un trasplante; María de los Ángeles Amaya de 11 años de edad, ha sido trasplantada en tres oportunidades y Adeleannys Rodríguez Guillén, un adolescente de 15 años, ha recibido en dos ocasiones trasplante y presenta una cicatriz en el óvulo izquierdo del cerebro.
Igualmente, las madres indicaron que, como parte del programa de asistencia médica, Pdvsa-Citgo ha venido garantizando todos los recursos para el traslado a Argentina, así como tratamiento especializado, dotación de medicamentos, hospedaje y manutención para la estadía en Buenos Aires. Sin embargo, luego de las medidas tomadas por el Gobierno de Estados Unidos contra Pdvsa y Citgo, dichas empresas se han visto imposibilitadas de seguir aportando los recursos necesarios para garantizar la continuidad de estos tratamientos.
Aunado a esta situación, también afirmaron que han sido notificadas que deben desalojar los inmuebles donde viven, ya que tampoco se ha podido cancelar el alquiler. Los bancos se niegan a recibir el dinero de Pdvsa por temor a ser sancionados por Estados Unidos. Estas familias quedarán en situación de calle.
A pesar de que se intenta posicionar la matriz de que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela están dirigidas contra funcionarios de alto nivel, la realidad es que ya se empiezan a sentir los estragos de tales medidas en los sectores más vulnerables.
En este caso, son niños y niñas quienes están siendo brutalmente afectados y están sufriendo las consecuencias del bloqueo económico, financiero y comercial contra el país, violando sus derechos a la salud y amenazando gravemente su derecho a la vida.
Este mismo año, Bachelet reconoció el terrible impacto que están causando en el disfrute de los derechos humanos de Venezuela las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos, tal como también lo ha destacado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Para finalizar, en la denuncia se realizó un llamado directo a la Alta Comisionada: “Esperamos que escuche a estas madres y se pronuncie sobre esta grave situación”.