El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que prepara una ofensiva contra la corrupción que se ejecutará a partir de enero del 2014.
«De la misma forma que estuve planificando la ofensiva económica, estoy planificando una ofensiva contra la corrupción», dijo el mandatario nacional desde el Palacio de Miraflores.
El Jefe de Estado recibió la Ley Habilitante sancionada en la Asamblea Nacional este martes, con la que podrá legislar en las materias que se delegan.
Según afirmó el Primer Mandatario el documento legal “va a permitir en 12 meses librar la guerra económica”.
En este sentido, aseveró que también con la Habilitante atacará la corrupción a todos los niveles. “Pedí esta Ley Habilitante para ir a una etapa superior en la lucha contra la corrupción” afirmó.
SOBRE LA LEY HABILITANTE
Con ésta el Jefe de Estado adquiere poderes especiales para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en la materias que se delegan durante el plazo de un año.
El primer artículo de la Ley Habilitante otorga la potestad al Ejecutivo de dictar Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley en el ámbito de la «lucha contra la corrupción» y la «defensa de la economía».
El segundo artículo sostiene que en caso de que el Primer Mandatario le confiera el carácter ‘orgánico’ a un decreto y no sea calificado como tal por la Constitución, el mismo deberá dirigirse a la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ser evaluado y se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto, en conformidad al artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El tercer artículo se refiere a que los decretos que dicte el Ejecutivo Nacional tendrán una habilitación de 12 meses para su ejecución, contados desde el día en que se publique en Gaceta Oficial.
El cuarto y último punto de la ley detalla que la Ley habilitante entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.
La Habilitante ha sido una herramienta utilizada por el Gobierno Bolivariano para afianzar el desarrollo de las políticas a favor del desarrollo social.
En el 2001 y 2002 fueron aprobadas 49 leyes habilitantes. Entre ellas destaca la Ley de Hidrocarburo que le valió un fuerte rechazo por los dirigentes de la oposición venezolana que fraguó un golpe de estado efectuado el 11 de abril del 2002.