Una búsqueda rápida en Internet demostrará que la palabra Caura está asociada con turismo, belleza, naturaleza virgen, conservación ambiental. En realidad, estaba. Porque desde la semana pasada, cuando el vicepresidente Ejecutivo, Elías Jaua, dio inicio al Plan Caura, esa zona del sur del país empezó a mostrar su cara menos conocida: la de una víctima más de la minería ilegal en Venezuela.
La penetración de mineros en la cuenca del río Caura (estado Bolívar) comenzó hace ocho meses, calcula el ministro del Poder Popular para el Ambiente, Alejandro Hitcher. Antes, se había concentrado en otros ríos, como el Cuyuni y el Caroní. La presencia de buscadores de oro y diamantes en el Caura es calificada por Hitcher, sin temor a exagerar, como un atentado contra la soberanía, ejecutado por empresas trasnacionales y sectores de la oligarquía criolla. El funcionario confirmó que los mineros se llevan oro, diamantes y coltán del Caura.
“Los equipos que se usan para sacar el oro son sumamente costosos. Una balsa para sacar oro puede costar 2 millones de bolívares”, puntualizó. “Hay inversiones de capital. Y es el capital trasnacional es el que coloca el oro en el mercado internacional” mediante pistas clandestinas.
El Plan Caura es una iniciativa del propio presidente Hugo Chávez, y que cuenta con el personal y los recursos necesarios, destacó Hitcher. Su propósito, en primer lugar, es detener la extracción de minerales en el sur del país, acabar con los equipos y cortar todos los suministros (control total, por parte del Estado, del suministro de combustible); pero también, iniciar la reconversión minera (que los mineros puedan ganarse la vida de otra manera) y remediar el daño causado por esta actividad depredadora. La operación gubernamental rescatará de la destrucción a todo el territorio ubicado en la margen derecha del río Orinoco; es decir, unos 480.000 kilómetros cuadrados ubicados en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
Más de 80 por ciento de los mineros ilegales son extranjeros, confirmó Hitcher. Vienen de Brasil, Colombia, Guyana y las islas del Caribe. “Los esclavizan, los ponen a extraer oro. Con ese oro, vendido ilegalmente, están haciendo dos cosas: robando al país, y deteriorando el ambiente y haciendo que se pierda agua y biodiversidad”.
El trabajo de los mineros provoca un gran impacto en los bosques. “Acaba con la vegetación, acaba con la capa vegetal, erosiona el suelo”, describe Hitcher. “Además, se usa mercurio”, que es un componente contaminante, para separar el material aurífero de otros. En la minería ilegal “tampoco hay seguridad para los seres humanos. Es la mínima inversión con la máxima ganancia”. Eso debe cambiar con la estatización de la actividad minera, y su circunscripción a las áreas definidas por el Ejecutivo Nacional.
AGUA PARA LOS PRÓXIMOS MIL AÑOS
Hitcher dice que la Revolución Bolivariana ha combatido la minería ilegal. Pero recalca que ahora, con el Plan Caura, “le llegó el fin a la minería ilegal en Venezuela”. Recordó la iniciativa de la reconversión minera en el año 2006, ejecutada por la entonces titular de Ambiente, Jacqueline Faría. “Tuvimos aciertos y errores”, admite.
A juicio del Ministro, este es el momento ideal para el Plan Caura, porque la población está sensibilizada con las repercusiones que tiene para el país -debido a la generación de energía- cualquier problema en el río Caroní. Cabe destacar que este curso de agua del color del té lleva sobre sus “hombros” la responsabilidad de garantizar 70% del consumo eléctrico nacional.
“Hoy día, 27 millones de venezolanos estamos conscientes de que en esa margen derecha del río Orinoco se le va la vida al país”, enfatiza. Cuencas como las de los ríos Ventuari, Caura, Caroní y Cuyuni albergan la mayor biodiversidad y cantidad de agua en el mundo “por kilómetro cuadrado de cuenca”.
Pero esta riqueza verde corre peligro. “Si usted quiere matar un río, erosione sus nacientes. Y eso es lo que están haciendo los mineros. Al erosionar los nacientes, se pierde la capa vegetal y aumenta el transporte de sedimentos”.
Por eso, lo primero es detener la actividad depredadora y aplicar las leyes (fase actual del Plan Caura). En las zonas atacadas por los mineros ilegales, el proceso de remediación comenzará con la creación de barreras o anillos, a fin de evitar que la desertificación se extienda y que los bosques sigan desapareciendo.
De cualquier manera, para no crear falsas expectativas, el funcionario advierte que la recuperación de los sectores afectados puede tardar un siglo o dos. “Ya se perdió la capa vegetal, hay que generar los pisos vegetales de nuevo”, subraya. “Debemos tratar de que la selva vuelva a las partes ahora desérticas”.
Como vocero del Ejecutivo Nacional, Alejandro Hitcher asegura que se respetan los derechos humanos de los mineros. Prueba de ello es la participación de fiscales del Ministerio Público, y de varios Ministerios, en la operación militar. Detalló que a los mineros capturados en la zona “se les dan 24 horas para abandonar el área, se destruyen los equipos y se les da la opción de acogerse al plan de reconversión minera, para que puedan ganarse la vida dignamente”. A quienes son aprehendidos en flagrancia se les aplica “todo el peso de la ley”. Si son de otra nacionalidad, se los deporta inmediatamente.
La corresponsal del Correo del Orinoco en el sur de Venezuela, Scarlet Soto, corroboró que hasta la fecha han sido desalojadas 2.126 personas. Han sido eliminados 21 campamentos de mineros ilegales.
El petróleo “es el recurso de los 200 años” para Venezuela, sentencia el ingeniero hidráulico. “Pero en esa margen derecha del Orinoco tenemos los recursos naturales para la Patria de los mil años”. Siempre y cuando la minería no los haga desaparecer.
EL ESTADO EXPLOTARÁ ORO SIN DAÑAR EL AMBIENTE
El Estado constituirá una empresa minera dedicada a la extracción aurífera, con el empleo de tecnología ecológica, ratificó el titular de Ambiente, Alejandro Hitcher. “Igual que hay una empresa, Petróleos de Venezuela, que es la única que aprovecha el petróleo en el país, habrá una empresa nacional que aprovechará el oro en el país”.
Hircher aclaró que la explotación se hará sólo en las zonas del río Cuyuni donde se ha desarrollado la minería, pero hay dos diferencias fundamentales con respecto a las prácticas anteriores: la actividad estará limitada al Gobierno Nacional, y se efectuará de manera sustentable (de forma subterránea). “Si un gramo de oro pone en riesgo un gramo de biodiversidad, privilegiaremos el gramo de biodiversidad”, prometió.
T/ Vanessa Davies
F/ Scarlet Soto y REDI Guayana
ASAMBLENA NACIONAL APOYA LAS MEDIDAS
El diputado Manuel Briceño Méndez (PSUV-Mérida), miembro de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial, dijo que el Parlamento venezolano respalda de manera categórica la aplicación del Plan Caura, el cual busca poner fin a la minería ilegal en las orillas de los ríos Caura y Caroní, ubicados en el estado Bolívar.
Briceño Méndez, en declaraciones reseñadas por la página web de la Asamblea Nacional, destacó, en primer lugar, que la comisión a su cargo ha recibido denuncias sobre minería ilegal en el estado Bolívar desde hace más de año y medio. Agregó que no sólo le han hecho seguimiento a la situación, sino que elaboraron varios informes. También a esto obedece la aprobación de proyectos de normas como la Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio, Ley de Reforma de la Ley de Residuos y Desechos Sólidos y la Reforma de la Ley del Ambiente.
“Sin embargo, nuestro propósito es seguir trabajando, por esta razón estamos redactando una Reforma de la Ley Penal del Ambiente y no descartamos revisar nuevamente la Ley de Minas. Vamos a seguir afinando el marco legal hasta lograr un desarrollo integral, endógeno, sustentable y socialista del medio ambiente”, sentenció el parlamentario.
Calificó de muy graves las prácticas ilegales que se vienen practicando a las orillas de los ríos ubicados en el estado Bolívar. Dijo que causan destrucciones irreversibles a este ecosistema, el cual es considerado como uno de los escasos bosques prístinos en Latinoamérica.
“Bienvenido el Plan Caura por ser un operativo necesario para combatir la minería ilegal que grupos de delincuentes nacionales e internacionales practican en nuestro bosques y cabeceras de ríos”, precisó el parlamentario.
Por su parte, el diputado Julio García Jarpa (PSUV-Táchira) recordó que la semana pasada, y por orden de la plenaria, se nombró una Comisión Mixta, integrada por diputados de las comisiones de Ambiente, Pueblos Indígenas y Defensa, para estudiar desde el punto de vista integral del delicado tema.
Recordó García Jarpa que en los últimos 10 años de Revolución Bolivariana la Asamblea Nacional no ha dejado de investigar el caso de los llamados ‘garimpeiros’, que actúan inescrupulosamente en el estado Bolívar. Agregó que se trata de 5 millones de hectáreas que deben ser preservadas debidamente por el Estado venezolano, puesto que forman parte de uno de los ecosistemas más ricos del planeta.
T/ Redacción CO -Asamblea Nacional
INDÍGENAS QUIEREN PARTICIPAR EN EL PLAN
La conformación de un frente de defensa de la cuenca del río Caura, hábitat y tierra ancestral de los pueblos indígenas Yekuwana, Sanemá y Hoti, propuso el diputado José Poyo.
El parlamentario indígena aplaudió la decisión del gobierno nacional de desalojar a los mineros ilegales de la cuenca del río Caura, a través del denominado Plan Caura.
Poyo llamó a conformar el frente de defensa del Caura, por su importancia para el planeta y, especialmente, para los pueblos indígenas que habitan ancestralmente en la zona, reseló Radio Nacional de Venezuela.
“Hacemos un llamado a los hermanos y compatriotas, a constituir un frente de defensa de la cuenca del Caura y de los pueblos originarios, que acompañe la acción tomada por el gobierno nacional y le haga el seguimiento respectivo”, dijo el diputado.
Desde hace tres años, los pueblos indígenas han denunciado la presencia de mineros ilegales en la cuenca del río Caura y los graves daños ambientales que causaban a una zona protegida.
Celebró que el gobierno nacional haya asumido “como un problema de Estado la presencia ilegal de mineros en el Caura”, pues, en su opinión, los daños ambientales podrían ser irreversibles, como también lo sería el daño causado a los pueblos originarios.
En la implementación del Plan Caura, recalcó, debe darse la apertura necesaria para que los pueblos originarios del área participen como guardianes ancestrales, a través de sus autoridades tradicionales. Pidió, además, que se le garantice protección a los voceros indígenas de la zona.
El coordinador de la organización de los pueblos indígenas Yekuana y Sanemá, Alberto Rodríguez, aseguró que los mineros ilegales desalojados por la operación gubernamental “están recibiendo un trato justo por parte de las autoridades militares.