El presidente del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, en su discurso durante la toma de posesión de la nueva junta directiva del Consejo de Rectores de Panamá para el período 2015-2016, en el que fue reconocido, el magistrado exigió la derogación inmediata de la «burda ley de blindaje» a los diputados y cárcel para los que saquearon las arcas del Estado.
Pinilla, se suma al concierto de voces que hoy reclaman en Panamá cambios a la Constitución del país para evitar que se repitan hechos como los del último quinquenio.
Calificó de inequívoca impunidad y anticonstitucional «jugarreta» al decoro de la Asamblea Nacional que pasado 60 días (dos meses) un funcionario no pueda ser procesado si no se concluye la investigación (Ley 55 de 2012).
Las exigencias de Pinilla llegan cuando la Corte Suprema de Justicia se prepara para investigar a 34 diputados y al expresidente Ricardo Martinelli por presuntos hechos de corrupción.
En el caso de Martinelli, quien es diputado del Parlamento Centroamericano, aún los magistrados del TE no han recibido la solicitud de levantamiento del fuero penal electoral que goza como presidente de su partido Cambio Democrático.
Durante su intervención, el juez tildó de conducta vergonzosa la interceptación de comunicaciones telefónicas y de correos personales sin autorización judicial, como avalan las recientes pesquisas contra dos exdirectores del Consejo de Seguridad por el peor escándalo de espionaje estatal.
Hasta el momento, unas 44 personas rindieron declaración jurada por este hecho protagonizado durante el gobierno de Martinelli, entre los que destacan políticos, diputados, periodistas, sindicalistas, empresarios y el propio magistrado.
Pinilla, quien fue objeto de presiones del Ministerio Público durante las pasadas elecciones, reconoció que la Nación entera está hastiada de tanta corrupción por lo que demandó justicia.
También señaló que se requiere de una revisión profunda de los órganos de poder y de la ética política, los cuales dependerán del gobierno de Juan Carlos Varela, quien decidió posponer el análisis de una nueva constituyente para el 2016, según reportes de prensa.