A un día para que entre en vigor la Ley Arizona, y previendo un posible aumento en actos discriminatorios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que enviará personal a cuatro puntos fronterizos, específicamente en las garitas de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y Reynosa, por donde se presume que se realizarán deportaciones, incluso a gran escala.
También declaró que asegurará que el personal del Instituto Nacional de Migración “trate con pleno respeto” a los deportados, informó el diario mexicano El Informador, en su página web.
Arizona cuenta con 6.500.000 habitantes, de los cuales casi 2 millones son personas de origen hispano o latino.
Organizaciones como Ángeles de la Frontera, Human Borders, American Civil Liberties Union (ACLU) y Network Borders for Human Rights, junto con la CNDH articularán acciones expeditas en favor de los deportados.
ANUNCIAN ACCIONES
Decenas de organizaciones defensoras de los derechos civiles y de los inmigrantes están listas para salir a las calles en todo Estados Unidos si entra finalmente en vigor la Ley de Arizona que permitirá a la policía local detener a cualquiera que le despierte “sospechas razonables” de carecer de documentos. “Nosotros seguimos esperando que la jueza federal Susan Bolton, en Phoenix, bloquee la aplicación de la ley”, dijo a ANSA Loyda Alvarado, una de las voceras de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), uno de los principales grupos defensores de los derechos de los jornaleros, los trabajadores inmigrantes del campo.