Multitudinarias manifestaciones tienen lugar este miércoles en toda la República de la India en apoyo al activista social Anna Hazare, quien se encuentra en huelga de hambre para exigir leyes anticorrupción más severas.
En un millón se calculan los focos de protestas que proliferan a lo largo y ancho de la segunda nación más poblada del planeta y la séptima en extensión, lo que según diversos medios viene configurando una situación de virtual guerra entre la sociedad civil y el gobierno.
Hazare fue detenido en la mañana de es martes, cuando se disponía a iniciar un ayuno por tiempo indefinido para exigir la creación de una oficina autónoma y con facultades para investigar delitos de corrupción sin importar el rango o los cargos de los ciudadanos sospechosos de cometerlos.
Tan instantánea como espontáneamente, las manifestaciones se sucedieron unas tras otras en Nueva Delhi y en las ciudades más distantes, en una reacción en cadena que ha dejado sin aliento al gobierno y sorprendido a más de un analista de la compleja realidad social india.
Pese a que ayer y hoy ha llovido en gran parte del país -es la época del monzón- millones de personas de los más disímiles orígenes sociales, étnicos, políticos y religiosos colman plazas y calles para demandar la liberación de Hazare y apoyar sus reclamos de una legislación anticorrupción más severa.
Las protestas revisten las más variadas formas, desde marchas a pie y en motocicletas, hasta procesiones con velas o «diyas» (lámparas de barro), pasando por plantones ante instituciones gubernamentales y juicios simbólicos al gobierno.
Decenas de miles de ciudadanos, además, se han declarado en huelga de hambre, bien por un día o por tiempo indefinido.
Pese al alto nivel de ira popular, desde ningún punto de la nación se ha reportado un hecho de violencia significativo, lo cual sería una rareza en un país con otra cultura, pero no en la India, donde las manifestaciones pacíficas, incluidas las huelgas de hambre, tienen una profunda raigambre.
Hazare, seguidor de las doctrinas de Mohandas Gandhi, llamó a sus seguidores y a la ciudadanía en general a no caer en provocaciones y, si fuera necesario, realizar un «jail bharo andolan» (dejarse arrestar en masa hasta repletar las cárceles).
El activista social, de 74 años, dijo en repetidas ocasiones estar dispuesto a llevar su ayuno hasta las últimas consecuencias. Y en la India, este es un mecanismo de presión de incalculable fuerza.
Su actitud obedece fundamentalmente a la negativa del gobierno de crear una oficina al estilo de la occidental Defensoría del Pueblo (aquí llamado Lokpal), con facultades para investigar a los funcionarios sobre quienes recaigan sospechas de corrupción, incluido el primer ministro.
El equipo de Hazare redactó un proyecto de ley con esas características, pero el Ejecutivo lo desestimó e intenta forzar la aprobación de otro de tan limitado alcance que hizo decir a organizaciones como el Partido Comunista de la India (Marxista) que nacía «sin dientes».
En los últimos meses el gobierno se ha visto sacudido por varios escándalos de corrupción, el más sonado de los cuales tiene que ver con el reparto fraudulento de licencias de móviles de segunda generación, causante de pérdidas por unos 40 mil millones de dólares al erario público.
Los partidos de la oposición continúan librando una intensa batalla por la aprobación de un Lokpal autónomo y de vasto alcance, pero tal como pintan las cosas, el epicentro del sismo social que hoy conmueve al país se ha desplazado a las filas de la sociedad civil.