Iván Alejandro Acevedo Hidalgo tenía 19 años cuando perdió la vida y “…la verdad es que no perdió la vida porque a Iván se la arrebataron” repite su hermana una y otra vez. A diario jóvenes mueren y no precisamente a causa de un accidente ni por alguna enfermedad. Son muchas las vidas cegadas por el abuso de poder.
En el caso de Iván algunos medios de comunicación reseñaron que habría muerto en un enfrentamiento con el Cicpc, y es que nadie sabe lo que sufre una familia cuando se refleja la mentira y se mancha la memoria de un hijo, de un hermano, de un tío. Historias como estas se repiten día tras días y por eso al profundizar acerca de lo que significa el abuso de poder lo reflejamos por medio de un hecho verdadero, una historia que sucedió el 28 de marzo en el municipio Naguanagua, en Valencia.
Si intentamos definir lo qué significa el abuso poder nos encontraremos con muchos conceptos y significados; sin embargo, especialistas del tema encuentran coincidencia en que esto sucede cuando una persona sobrepasa su autoridad y toma decisiones para beneficiarse a sí mismo, abusando de sus competencias para que otras u otros realicen acciones que no quieren, para humillar, torturar y en el peor de los casos creerse dueños de su humanidad. Entonces, el abuso consiste también en tratar a una persona de manera impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal y la autoridad, por su parte, es el poder, la soberanía, el mando o la influencia de quien la ejerce.
Ahora bien, si separamos estos conceptos podemos decir que el abuso se define como el uso impropio o injusto de algo o alguien, mientras que el poder es la facultad que se tiene para mandar o realizar acciones.
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una organización social que trabaja con víctimas y familiares de víctimas de abuso policial y militar, y por mas de 30 años ha atendido casos en los que funcionarias y funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado incurren en abusos, apoyándose en la violencia y haciendo uso desmedido de sus atribuciones. Un ejemplo de este tipo de situaciones, es precisamente el caso de la familia Acevedo que acudió a la organización para solicitar apoyo en su búsqueda de justicia.
MUCHOS JÓVENES COMO IVÁN
Yésica Acevedo busca justicia junto a su familia y está convencida en que limpiar la memoria de su hermano es su deber. “…Iván acababa de llevar a mi hija al colegio y llegó para cambiarse de ropa y volver a salir cuando los funcionarios del Cicpc entraron a la casa con violencia, gritando que buscaban a mi hermano porque estaba armado, luego bloquearon la puerta, sacaron a la familia y en ese momento se escuchó un disparo”.
La señora Lourdes Hidalgo es la madre de Iván y todavía no cree lo que le pasó a su hijo. A ella y a sus nietos la sacaron de la casa en ese momento para ser llevados a la Subdelegación. Luego de varias horas retenidos y sin recibir información de por qué estaban allí, los policías se burlaron de su angustia y dijeron que su hijo estaba muerto. Una familia humilde que presenció el abuso de autoridad y la pérdida irreparable de uno de sus integrantes y que ahora solo busca justicia para que nadie mas pase por esa trágica situación.
EL RESPETO DE LOS DERECHOS
Las constantes actuaciones policiales o militares que reflejan el patrón repetido de la violencia tomada de la mano del abuso reflejan que el modelo policial humanista se está abandonando. Resulta imperativo seguir llamando la atención a las autoridades para que tomen acciones en cuanto a la formación de sus funcionarias y funcionarios ya que son ellas y ellos quienes se encargan de accionar operativos de seguridad en resguardo de la sociedad. La violencia, la impunidad y el abuso de la fuerza policial y militar no puede persistir porque todo esto atenta contra los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos y además deterioran la justicia.
La política de “mano dura” en las sociedades democráticas incurre en el irrespeto de la integridad física; es por ello que como ciudadanas y ciudadanos debemos estar vigilantes de la inadecuada actuación policial ya que al justificar esto estaríamos aprobando violaciones de derechos humanos que se dan en operativos y procedimientos de seguridad que intentan adecuarse en la prevención del crimen y la delincuencia.
LOS DERECHOS POR ENCIMA DE TODO
La mayoría de las personas puede pensar que el control de la delincuencia y el crimen es la prioridad fundamental sobre lo que debería concentrarse el Gobierno Nacional, sin detenerse a analizar que el problema estructural podría referirse al costo que estaríamos dispuestos a pagar con un modelo de seguridad que atenta contra la vida y los derechos humanos. Imaginar si quiera que debemos aprobar “dispararles a quienes no respetan las normas, aunque sea en un brazo o en una pierna para que aprendan la lección” es de alguna forma aceptar que a mi hija, hijo, hermana, hermano, tía, tío o vecina o vecino le disparen solo para que todos sepamos quién o quiénes tienen el poder.
Etiquetar y hacer juicio a priori es parte del andar de nuestra sociedad, pero ¿qué pasa cuando nos toca de frente vivir la amarga experiencia con un familiar que sabemos que no es delincuente pero que alguien con poder lo criminaliza y justifica que lo mató porque hacía algo indebido?
Se asoma la posibilidad de reestructurar al Cicpc, decisión que debe ser apoyada y que desde nuestros espacios proponemos que se adecue a la función de la policía especializada en la investigación penal, teniendo como principio de actuación proporcional.
La delincuencia se combate con empleo, menos pobreza y con mas educación y es por ello que la necesidad de contar con la policía humanista sigue siendo prioridad.