El comunicador Mario Silva, moderador del programa La Hojilla de VTV, negó las acusaciones en su contra difundidas por la publicación The Economist el pasado 12 de agosto de 2011.
Silva desmintió las informaciones difundidas en el texto (sin firma) titulado «On a razors’s Edge». Aclaró que no ha descalificado a María Teresa Castillo, madre del dueño del diario El Nacional. «No existe ni un solo segundo de transmisión del programa La Hojilla en el que yo mencione el nombre de María Teresa Castillo. Estarán a la orden de los tribunales los videos de todos y cada uno de los programas que hice y menciona el citado ciudadano, Miguel Enrique Otero
Agregó: «La señora María Teresa Castillo es, y lo he dejado bien claro frente a las pantallas, una persona honorable, viuda del excelente escritor Miguel Otero Silva, exdirector del diario que hoy muy mal dirige su hijo, Miguel Enrique Otero».
Silva sostuvo que no tiene vehículos con los órganos de inteligencia del país, y dijo que es falso que el Comandante Hugo Chávez «tenga algo que ver con las grabaciones emitidas en el programa La Hojilla o que avale cualquier acción fuera de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
Por otra parte, aseguró que «es falso y fue demostrado en su momento con videos y pruebas contundentes ante el pueblo venezolano, que yo hubiese insinuado que la actriz Norkys Batista le debe su éxito a favores sexuales» recalcó Silva.
Indicó también, que esos comentarios formaron parte «de la campaña sistemática que emprendió el canal de televisión RCTV (Radio Caracas Televisión) en contra de la Revolución Bolivariana y en contra de quienes adversamos a los canales que estuvieron implicados en el golpe de Estado de abril de 2002″.
Añadió que The Economist desconoce u oculta «que esas grabaciones son de dominio público y emanan de un espacio en twitter denominado La Mesa de Alacranes (@mesadealacranes) espacio que «presuntamente fue abierto por integrantes de los partidos de oposición de la Mesa de Unidad y muy molestos con la política de exclusión de sus liderazgos».
FALTA DE PRUEBAS
Mario Silva negó haber ordenado «la agresión en contra de Lorent Saleh y afirmó que el estudiante opositor no pudo denunciarlo ante el Ministerio Público por falta de pruebas, por su mal hábito de ejecutar acciones de calle fraudulentas con connotaciones desestabilizadoras y por sus vínculos estrechos con la extrema derecha».
Igualmente, aclaró que no ha difamado al Sindicato de Trabajadores de Venezolana de Televisión. «Lo que sí es cierto es nuestra permanente trinchera de lucha en contra de un sindicato enquistado en el seno de la televisión estadal, que tiene vínculos con la extrema derecha y es dirigido por un señor que tiene cuatro acusaciones por violencia de género y aún hoy, después de tres años, no haya rendido cuentas por el dinero recaudado durante dos años a un sector de empleados y obreros de ese canal
EL RECLAMO DE SILVA
Silva acusa The Economist de hacerse eco «de una sola parte del caso, pues evidencia una violación» de la ética periodística, ya que «no investiga, consulta ni verifica la información que va a ser emitida por el medio de comunicación que representa».
El comunicador planteó que este medio ejercería un papel cómplice «en una campaña de descalificación orquestada desde Venezuela hacia el exterior».
Mario Silva manifestó que le llama la atención que quienes defienden con tanto encono la libertad de expresión, se sientan agredidos ante el derecho que tenemos todos los seres humanos a ejercerla», y enfatizó que «la libertad de expresión no es exclusiva de un sector o tendencia política».
La Asamblea Nacional aprobó investigar la compra de un canal de televisión por cable en Colombia por parte del empresario opositor Alberto Federico Ravell, recuerda. «Sobre esta investigación no hay una sola línea en el medio impreso El Nacional, y tampoco fue reseñado en The Economist. Sin embargo, la campaña en contra de Mario Silva y su programa La Hojilla en ese diario, es continua, perversa y sistemática».
También se preguntó por qué The Economist no difunde información acerca del financiamiento que recibe la oposición por parte de la National Endowment for Democracy (NED). Y llamó la atención sobre el hecho de que una de las organizaciones que presuntamente se beneficia de los fondos de la NED haya acudido al Ministerio Público para «abogar por la honorabilidad de la señora María Teresa Castillo aún cuando en el pasado «la defenestraron y la excluyeron a ella y a su esposo, Miguel Otero Silva, por sus tendencia de izquierda en periodos de la Cuarta República».