El presidente panameño, Ricardo Martinelli, expresó este domingo que el asilo político concedido a la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) María del Pilar Hurtado, es una decisión soberana y aseguró que no existe polémica con esa determinación.
El gobernante dijo a medios locales que Hurtado cumplió con todos los requisitos para solicitar el asilo y que Panamá la recibe porque “es un país abierto para todas las culturas”.
“No hay ninguna polémica en esa concesión, ya que es una decisión soberana de un Estado como lo es Panamá», expresó Martinelli.
SANTOS MOLESTO
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, lamentó este sábado que el gobierno vecino no le informara de la decisión de conceder asilo a Hurtado, al menos por “cortesía”.
«Sí nos hubiera gustado, precisamente por la amistad que tenemos, que nos hubieran informado. Porque es de elemental cortesía entre amigos que se informen sobre estos hechos«, dijo el mandatario.
Panamá accedió a conceder el asilo, tras analizar «cuidadosamente la solicitud (…) y las circunstancias de razonable temor por su seguridad personal que han llevado a Hurtado a abandonar su país».
La ex directora del organismo de inteligencia (23 de agosto de 2007 al 23 de octubre de 2008), es una de las principales figuras involucradas en el proceso judicial que se le está siguiendo a varios ex funcionarios gubernamentales por el caso de las escuchas ilegales y es una de los cuatro que están bajo investigación por su presunta responsabilidad.
Por temor a su seguridad Hurtado decidió abandonar su país y refugiarse en Panamá, pese a la promesa de Bogotá de cuidar todas sus garantías.»La Fuerza Pública tiene toda la capacidad de garantizar a ella y a los demás colombianos su seguridad personal, si realmente piensa que está en peligro», fijo Santos el sábado.
Hurtado ha señalado que es “un chivo expiatorio” y ha afirmado que nunca ordenó el espionaje a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El escándalo de las chuzadas comenzó a emerger en Colombia en el año 2007, cuando era presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su ministro de Defensa era el actual mandatario.
Las actividades ilegales del DAS, según denuncias, se efectuaron contra los magistrados que desarrollaban investigaciones sobre parapolítica, que involucra a funcionarios del Gobierno y parlamentarios de la coalición uribista.
Las chuzadas también se hicieron contra opositores como la ex senadora Piedad Córdoba y periodistas que llevaban la fuente de política.