Más de 500 voluntarios fortalecerán la contraloría en los diferentes niveles del sistema agroalimentario de Portuguesa, a través de la Red de Defensoras y Defensores de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, que fue juramentada este viernes en la entidad.
Esta instancia, integrada por servidores públicos y voceros comunales de los 14 municipios portugueseños, se sumará a las inspecciones que adelanta el Estado Mayor Contra la Especulación y el Acaparamiento de Productos, Bienes y Servicios de Primera Necesidad en procesadoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos.
“El trabajo será la contraloría social para luchar contra la especulación, el acaparamiento y el desabastecimiento”, aseveró la coordinadora del Instituto Nacional de Nutrición (INN) en el estado, Maritza Mejías.
El objetivo de la red es velar por la justa distribución de productos alimenticios, en articulación con el Instituto para la Defensa en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (Sundecop) y la Superintendencia de Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada), entre otros organismos.
Mejías explicó que antes de ser juramentados, los defensores fueron formados para garantizar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y de Contraloría Social, a fin de potenciar “el ejercicio del poder popular como instrumento garante de la justa distribución de alimentos”.
“Tenemos la voluntad y las herramientas jurídicas para actuar”, expresó Freddy Rodríguez, defensor de la seguridad alimentaria y vocero comunal de El Playón, municipio Santa Rosalía.
Destacó que la conformación de esta red en Portuguesa se inserta en “la necesidad de combatir los ataques de la derecha contra el pueblo” y asumir el ejercicio de las competencias que transfieren las leyes revolucionarias a la comunidad organizada.
“La alimentación es un derecho fundamental y nosotros, el poder popular, lo defenderemos con la denuncia, el control, el seguimiento y la generación de conciencia”, manifestó.
Sulma Vásquez, defensora del municipio Guanare, añadió que la incorporación a las fiscalizaciones del sistema agroalimentario de Portuguesa le permitirá al pueblo organizado “acompañar la lucha del Ejecutivo Nacional de manera protagónica y ejercer el Gobierno comunal”.