Muchos recuerdan en la década de los 90 el caso del edificio Los Andes en plena plaza Venezuela, donde los inquilinos fueron desalojados por la fuerza por los dueños del inmueble. Estuvo desocupado muchos años hasta que el Gobierno Nacional lo recuperó y convirtió en una residencia estudiantil.
Hoy por hoy más de 600 mil familias que viven alquiladas en Venezuela están pendientes de que la nueva Asamblea Nacional no vaya a derogar la ley de arrendamiento existente. Unas 39 familias de Residencias Caribe, en plena avenida Libertador de Caracas, hacen un llamado al Ejecutivo Nacional debido a una orden de desalojo emitida por un juez para que salgan de este inmueble.
«Antes de aprobar la ley había 5 mil familias en todo el país que tenían sentencia fija para desalojar, lo que se paralizó. Es cierto que los pequeños propietarios que necesitan su propiedad deben tenerla disponible», señaló Rigel Sergent, representante del Movimiento de Inquilinos, «pero deben haber mesas de trabajo para reubicar esos inquilinos”.
Según dijo, se maneja “una cifra de 11 mil casos de pequeños propietarios que quieren sus apartamentos».