Solo seis meses le duró la felicidad a la familia González, que en 2007 invirtió todos sus ahorros para poder adquirir una casa propia en un conjunto residencial de clase media.
El Conjunto residencial Villa Dorada sería construido por Asesores y Consultores de Vivienda (Conavica) en Pomona, sector ubicado en el sureste de Maracaibo. Cada vivienda tendría un costo aproximado de 180 mil bolívares. Y según el tipo de vivienda –en su mayoría dúplex de dos pisos– cada familia debía entregar hasta 54 mil bolívares o 30% de este monto, con una reserva de 23 mil bolívares.
En total, 107 familias hicieron su aporte, el resto debían pagarlo mediante la ley de Política Habitacional. No obstante, seis meses después de haber hecho el contrato y pagado casi la totalidad de la inicial, las familias comenzaron a sospechar que todo era una estafa. Y así era: este proyecto de conjunto residencial se sumó a los 14 complejos habitacionales que fueron declarados estafas inmobiliarias en el año 2010. Estafas que mantienen a 820 familias esperando por una decisión judicial que aún no llega.
HISTORIAS Y DRAMAS
Eglé González acudió en el año 2007 a unas oficinas ubicadas en un amplio terreno, donde le dijeron que construirían un conjunto residencial. En una rápida inspección ocular vio las máquinas removiendo el terreno y la maqueta de lo que sería su nuevo hogar. El argumento del vendedor y la recomendación de un familiar que trabajaba en la obra le hicieron confiar en el proyecto.
“La casa me salía en 120 mil bolívares, para reservar entregué 12 mil y en total di 42 mil bolívares, que para aquella época eran 42 millones porque aún no implementaban en bolívar fuerte”, explicó.
Uno de los detalles que encendieron las alertas de la familia González, era que cada semana disminuía el número de viviendas que se decía que serían construidas. Y aunque veían a “obreros trabajando e instalando las aguas servidas y blancas, la obra no avanzaba”.
“Me prometieron una casa de dos pisos con tres habitaciones, sala, comedor, cocina y espacio para ampliar”, expresó.
Luego de seis meses de haber entregado el dinero, sólo veían las bases en el terreno: “Empezaron a hablar de reducir el tamaño de las casas por exigencia de la Alcaldía y aumentaron el costo de las unidades, ese día decidí no entregar más dinero”, recordó Eglé González, quien encontró el terreno desolado y las oficinas desvalijadas cuando fue a buscar respuestas.
EL VIACRUCIS
La noticia de una estafa rodó como pólvora entre los afectados, las familias comenzaron a reunirse para hacer las denuncias respectivas y exigir castigo para la empresa que, sin entregar la vivienda prometida, se quedó con 4 millardos de bolívares.
Pero la historia para las 107 familias estadas se complicó cuando en enero del año 2009 el terreno fue invadido por personas que “luego revendieron los lotes como propios”.
“Nosotros no quisimos meternos en el terreno porque los abogados nos decían que perderíamos el derecho, pero una concejala del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT) promovió la invasión y aunque protestamos, quemamos cauchos y denunciamos ante los tribunales, no pudimos hacer nada, nos quedamos sin casa y sin dinero y ahora, hasta la Gran Misión Vivienda les ha construido casas a esas personas que están de ilegales en un terreno que está en disputa”, aseguró Xiomara Dimateo, una de las personas afectadas.
LARGA LUCHA
Uno de los entes gubernamentales que ha acompañado a las 820 familias afectadas, es el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ).
El diputado Eduardo Labrador informó que entre los casos más emblemáticos están: La Pionera, Panay, Los Avatares I, II y III; María Auxiliadora y Orión, entre otros.
Aunque los mecanismos se activaron una vez que el expresidente Chávez dio la orden, en el Zulia ningún caso ha progresado y hasta la fecha, sólo una persona resultó detenida.
“Algunos de estos procesos fueron viciados y hemos tenido que denunciar hasta a fiscales del Ministerio Público por estar involucrados en hechos de corrupción”, manifestó.
Según las estadísticas que maneja el diputado, el monto de las estafas asciende –en la actualidad- a 80 millones de bolívares, ya que para el año 2013, la cifra era de 50 millones: “Cada año hay que hacerle un ajuste”.
“Muchas personas invirtieron sus ahorros, aguinaldos, prestaciones sociales y fueron víctimas por la esperanza de una vivienda. Hemos solicitado apoyo del Defensor del Pueblo para exigir mayor celeridad y justicia para estas familias”, resaltó Labrador.
IRREGULARIDADES
“Una de las irregularidades más palpables de todos los casos de estafas inmobiliarias, fue la solicitud de erradicación de los causas a la ciudad de Caracas, esto significa que una víctima tendría que viajar desde el Zulia hasta la capital para poder defender su derecho y esto hace imposible ejercer el derecho a la defensa”, señaló.
Sin embargo, –continuó Labrador– “el 9 de marzo de este año el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un fallo negando esa solicitud y ordenó al Ministerio Público realizar los procedimientos desde el estado (Zulia), para garantizar así el debido proceso a las familias afectadas”.
Señaló la importancia de solicitar ante la Interpol la búsqueda de estas personas que estafaron a cientos de familias: “Estos estafadores deben hacer presencia para que estos casos no queden impunes”, insistió.
Labrador recalcó que desde el CLEZ han solicitado la destitución de varios fiscales “que han estado involucrados en hechos irregulares y siguen impartiendo justicia”. “Pedimos a la fiscala general que ante la denuncia pública que hemos hecho, con elementos probatorios, es indigno que estas personas sigan en la institución”.
Destacó el caso de Ciudad Naranjo, urbanismo que fue invadido y que la orden de desalojo que emitió un tribunal fue por siete días, “a los efectos de que no se ejecute. En los mismos órganos jurisdiccionales ponen las trabas. Próximamente denunciaremos a una jueza que responde al poder económico y trata de evitar que se ejecuten las acciones correspondientes”, insistió el diputado zuliano.