El Movimiento Al Socialismo (MAS) consideró que el Ejecutivo Nacional, con las últimas políticas que ha implementado (como el caso Farmatodo), llevaría al país a la violencia y afectaría la posibilidad de producir más en el país, pues “cada vez hay menos confianza para invertir” y para “trabajar en Venezuela”.
Segundo Meléndez, presidente de esta tolda política, consideró que el Gobierno ha tomado el camino “de la violencia, de la intimidación y del amedrentamiento de los venezolanos”.
Frente “a la incapacidad para resolver los problemas del país, para atender la crisis”, el Ejecutivo ha optado “por estas acciones que necesariamente culminarán en represión, porque todo lo que se está haciendo son preparativos para reprimir al pueblo venezolano, para reprimir las movilizaciones que necesariamente se desprenden del agravamiento de la crisis”.
Meléndez aseguró que las acciones implementadas inevitablemente conducirán “a una situación de violencia generalizada en el país” y advirtió que si esta política continúa “estamos en el camino de una violencia innecesaria, de una violencia fratricida”.
Instó al Gobierno a rectificar a fin de evitar “hechos lamentables”.
OTRA MIRADA SOBRE LAS COLAS
Con Farmatodo “se confisca, se detiene a los propietarios y gerentes con el pretexto de que supuestamente estos señores estaban conspirando porque a las puertas de su establecimiento se formaban colas y no controlaban las colas”, expuso. Si “ese argumento es válido, podríamos decir que en Venezuela todo el mundo está conspirando, porque las colas se están formando en todas partes y particularmente son grandes, voluminosas las colas en los centros de distribución públicos como Mercal, Pdval, Bicentenario”. De ser así, los gerentes de las redes públicas también “deberían estar presos”, consideró.
A su juicio, después de medidas como las tomadas en el caso Farmatodo, “¿qué empresario se atreve a invertir en Venezuela? El Gobierno viene haciendo llamados a invertir, pero ¿quién se atreve a invertir si sabe que, por cualquier circunstancia, le pueden confiscar sus bienes, lo pueden meter preso?”.
Con acciones como las de Farmatodo “quedan al garete un conjunto de trabajadores venezolanos”, criticó, porque “nadie sabe cómo va a operar este sistema, y la experiencia que tenemos” con otras expropiaciones indica que “perdieron casi todo”.
Meléndez vinculó estas acciones con la resolución 8610 del Ministerio de la defensa, y sostuvo que la norma viola la Constitución y tratados internacionales. Recordó que, de acuerdo con la Carta Magna, en el control de manifestaciones no se usarán armas, y también se establece que “quienes controlarán las manifestaciones son los organismos policiales y los organismos de seguridad”, sin espacio “para los militares en el control de manifestaciones”. Solo deja una excepción, acotó, que es la Guardia Nacional Bolivariana, y precisa que ningún componente de la Fuerza Armada puede actuar en manifestaciones.
La resolución, a su criterio, se inscribe en la línea “de intimidar, amenazar y prever que pueden venir grandes movilizaciones sociales” y que se controlarán “mediante el uso de las armas de los militares”.
IMPUNIDAD
Para el dirigente masista, habría una decisión de mantener la impunidad en algunos casos, como las manifestaciones pacíficas y violentas del año pasado y las denuncias contra funcionarios que no se investigan.
El vocero hizo alusión al caso del oficial Leamsy Salazar, quien presuntamente testificará en Estados Unidos contra el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello. “Nosotros no prejuzgamos sobre la veracidad o no de esas denuncias”, aclaró, pero consideró que cualquier gobierno tendría la obligación “de investigar esos hechos” sin que ello implique un juicio contra el funcionario.
Cuestionó que el Ministerio Público no inicie una investigación al respecto y se refirió a otros casos como el del narcotraficante Walid Makled y el magistrado Aponte Aponte.