Las medidas de intervención y ocupación temporal tomadas por el Estado venezolano sobre varios conjuntos residenciales, fue una decisión para proteger y garantizar la propiedad privada de quienes compraron viviendas que estaban en proceso de construcción, así lo indicó la Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Durante su participación en el programa Al Descubierto, que transmite Venevisión, Ortega Díaz aseguró que el Estado tomó acciones en beneficio de los propietarios y los está protegiendo ante los presuntos delitos cometidos por estas empresas constructoras.
Explicó que la Fiscalía ha intervenido en esta problemática desde el año pasado, específicamente desde junio de 2009, cuando se creó un plan contra el fraude y la usura por el cobro indebido del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Ortega Díaz informó que este año el Ministerio Público (MP) ha solicitado 93 medidas cautelares con respecto a este caso. Así mismo, manifestó que hasta el momento no hay detenidos.
“Todos estos procedimientos los estamos haciendo por las denuncias realizadas por el cobro extra de las constructoras, pues están es ilegalmente disfrazando el IPC”, añadió.
Dijo que estos procesos de construcción de viviendas deben hacerse bajo la legalidad, “no puede ser que las personas estén en angustia porque les entregan o no las viviendas”, insistió.
NO HAN SOLICITADO EXTRADICIÓN DE CUBILLAS
Por otra parte, la Fiscal resaltó que Venezuela no ha recibido de parte del gobierno español ninguna solicitud de extradición del ciudadano de origen vasco Arturo Cubillas, ni ha obtenido información que ratifique su presunta vinculación y entrenamiento de grupos terroristas.
“Lo han dicho pero no lo han materializado. Todavía no hemos recibido ninguna solicitud de extradición. Lo que si es cierto es que nosotros tenemos una investigación a solicitud del propio ciudadano Arturo Cubillas, quien pidió que de conformidad con lo que prevé el Código Orgánico Procesal Penal se iniciara una investigación por la imputación pública que se le estaba haciendo”, recordó.
Puntualizó que si se le llegara a comprobar alguna colaboración con el grupo vasco ETA se le aplicarán las sanciones establecidas por la ley.