La compañía hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, empresa subsidiaria de la transnacional española Ecoener-Hidralia, ha anunciado que no continuará en Guatemala, después de ocho años de resistencia indígena. En un comunicado oficial, la empresa ha hecho pública su renuncia a los derechos asociados a la construcción de una presa hidroeléctrica sobre el río Cambalam, en el municipio guatemalteco de Santa Cruz de Barillas.
«El proyecto Cambalam, fruto de los estudios realizados, de los estándares de sostenibilidad y de las exigencias técnicas y económicas que implican, ha evidenciado no ser viable», ha reconocido la compañía.
«Es una gran noticia», celebra Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Local Sostenible en Alianza por la Solidaridad, en una conversación con eldiario.es. El pasado noviembre, esta ONG, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala, entregaron más de 20.000 firmas al embajador de Guatemala en España, Fernando Molina Girón, para exigir la retirada definitiva de Ecoener-Hidralia del país.
Pese a que el proyecto lleva paralizado desde 2009, «al no haber una comunicación oficial al Estado, existía incertidumbre en las comunidades afectadas», explica Moreno. La decisión, según la empresa, fue adoptada hace meses tras analizar el «impacto social y las peticiones recibidas por parte de diferentes ONG». Ahora, se ha comunicado de forma oficial al Estado de Guatemala la renuncia a la concesión.
Según un informe de Alianza por la Solidaridad, el proyecto consistía en aprovechar un salto natural de agua en el río Canbalam para instalar una minicentral hidroeléctrica con una potencia de 4,96 megavatios. Sin embargo, esta zona es utilizada tradicionalmente por los indígenas, población mayoritaria en Santa Cruz de Barillas, como centro ceremonial y de recreo. La apropiación de los recursos del río Cambalam por parte de la empresa se confrontaba, así, con el derecho de los pobladores locales al uso de sus aguas.
«Después de años de lucha, es una gran victoria. Esto demuestra que la movilización cambia las cosas», asegura la representante de Alianza. En total han sido ocho años de resistencia por parte de las comunidades q’anjobal, chuj, akatexo y popti’, que habitan en el municipio. La propia compañía admite que el proyecto «no ha adquirido la aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio».
Pero aún queda mucho por hacer. El conflicto que ha supuesto la presencia de Ecoener-Hidralia en la zona trajo, según la ONG, «altas cotas de vulneración de derechos humanos» entre los que denuncian «asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones a mujeres, encarcelamiento de líderes comunitarios y un grave deterioro del tejido social».
Por esta razón, uno de los retos más importantes en el escenario que deja la retirada de la compañía es, en opinión de Moreno, la reconstrucción de las relaciones en el tejido comunitario, dañadas por la división que crea un proyecto de estas características. «Se trata de una comunidad con una fragilidad enorme con raíces en el conflicto de los años 80. La irrupción, con malas formas, de la empresa abrió viejas heridas», explica.
El otro gran reto es lograr las reparaciones morales de los daños causados. En este sentido, Moreno valora que Ecoener-Hidralia diera un primer paso al retirar las acusaciones contra 30 líderes comunitarios encarcelados «por delitos que no cometieron». Los acusados fueron puestos en libertad sin cargos el pasado agosto.