Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de México analizará la legalidad del aborto en algunos estados del país, en concreto, las legislaciones que penalizan la interrupción del embarazo en 18 provincias, esto pese a que hace tres años se declaró «constitucional» una ley que despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en Ciudad de México.
La instancia judicial deberá decidir si es constitucional el hecho de calificar al óvulo fertilizado de «individuo» desde el momento de la concepción y reputarlo como nacido para todos los efectos legales, es decir, considerarlo como sujeto jurídico o normativo.
La resolución que discutirán los ministros es si la noción de persona es igual en todo el país o si cada estado tiene la suya propia.
De acuerdo con el juez Fernando Franco, quien presentó la iniciativa de declarar «inconstitucionales» dichas legislaciones en 18 estados mexicanos, los congresos locales «no pueden establecer en sus constituciones esa protección a la vida en contravención de la Carta Magna».
Para el juez, la «inconstitucionalidad» de las legislaciones se sustenta porque atentan «contra la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres».
A su vez, los congresos locales insisten en que deberían ser libres para definir a partir de qué momento se pueden reclamar los derechos constitucionales y si es factible considerar o no como homicidio, todo acto que atente contra el embrión.