México: de la dictadura perfecta y Ayotzinapa

El PRI y el PAN lograron conjugar un Estado donde la justicia solo servía para los intereses de los poderosos. Hoy en día, López Obrador debe coordinar meticulosamente una consulta para poder juzgar a cinco expresidentes involucrados en la corrupción. En tanto, el sistema de justicia mexicano fue el alcahuete de quienes pretendían ocultar el crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa en 2014

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Dice la historia que era una dictadura tan perfecta que hoy en día el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene que consultar si es constitucional preguntar al pueblo sobre el probable enjuiciamiento de cinco expresidentes mexicanos involucrados en corrupción.

Vaya que tenía que ser perfecta esa dictadura para que se tenga que hacer una consulta para iniciar procesos judiciales contra quienes han cometido delitos. Sería como imaginarse también que el Poder Judicial sea tan tenue que haya normalizado que los delitos que cometan los poderosos queden en la impunidad.

El martes 15 de septiembre, López Obrador reiteró que respecto a los exmandatarios Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hay indicios de «concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos y corrupción generalizada».

Quizás algunos pudieran pensar que se trata de una debilidad de AMLO someter a consulta la actuación de la justicia, pero eso sería pensar que México de verdad tuvo una democracia o que en estos momentos tenga una democracia plena.

«La consulta solicitada tiene el propósito legal de llevar un asunto de interés general y trascendencia nacional, y posibilitar en su caso juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso», explicó el actual Presidente mexicano. En todo caso, si a los poderosos, que tienen un eterno peso en el Poder Judicial, se les escapa algo por alguna rendija, la consulta se realizaría en junio de 2021. Seguirán teniendo los saqueadores de México la premeditación, la alevosía y sobre todo la ventaja.

Los cinco expresidentes que podrían ser procesados gobernaron consecutivamente entre 1998 y 2018. Respecto a ellos, más allá de las denuncias sobre corrupción, existen también serias sospechas sobre al menos el encubrimiento de la violación sistemática de derechos humanos.

Por ejemplo, el 26 de septiembre se cumplirán seis años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Un caso que ha demostrado cómo el poder político mexicano, indistintamente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o del Partido de Acción Nacional (PAN), ha manipulado a su antojo la justicia para garantizar siempre su impunidad. Aun en casos de flagrantes masacres, como la ocurrida con los jóvenes de Ayotzinapa.

Entre 1968 y 2014

En México, las escuelas normalistas se encargan de la formación de docentes para primaria. Fue una modalidad que también existió durante varias décadas en Venezuela: el maestro normalista. Se trata también de un sector donde los estudiantes generalmente están bien organizados y donde la sensibilidad social es protagonista, sobre todo si se está ubicado en las regiones más olvidadas de México, como el estado de Guerrero.

Precisamente el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa salieron en buses de su institución a realizar una colecta para asistir a la conmemoración de la llamada Masacre de Tlatelolco, un hecho ocurrido en 1968, semanas antes del inicio de los Juegos Olímpicos en la capital mexicana.

Respecto a lo de Tlatelolco también predominó la impunidad. El 2 de octubre de 1968, una huelga estudiantil, que había conmocionado a la Ciudad de México y otros lugares del país, fue disuelta mediante una mascare. Más de 300 estudiantes fueron acribillados por las fuerzas de seguridad y las bandas paramilitares al servicio del PRI.

Lo de Tlatelolco fue una masacre continuada, antes y después. Durante todo el mes de septiembre del año 1968, los principales centros educativos de la capital mexicana fueron hostigados y tiroteados, incluidas escuelas técnicas y secundarias. Algunas fueron absolutamente clausuradas luego de la masacre.

Tlateloloco es un símbolo que también se convirtió en Ayotzinapa. Autoridades y mafias criminales en connivencia, aunque vale decir que lo de Ayotizanapa podía ser aún más ruin. En Tlatelolco argumentaban la “seguridad de Estado” poco antes de un evento como las Olimpíadas. Lo de los normalistas en 2014 es el producto de la absoluta podredumbre de los cuerpos policiales, un sector de los mandos militares y el liderazgo político tradicional mexicano.

Lo que pasó el 26 de septiembre

Sobre lo que pasó entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 se tienen muy pocas certezas. Se sabe, como hemos dicho, que un grupo de estudiantes normalistas se estaban organizando para recaudar fondos y asistir a una marcha en Ciudad de México.

El periodista mexicano Luis Hernández, en un texto publicado el 30 de septiembre de 2014 en el diario La Jornada, relataba lo siguiente: “La policía preventiva municipal de Iguala los cazó como conejos. A pesar de ser estudiantes, los trataron como si pertenecieran a un cártel rival. A los 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que el pasado 26 de septiembre en Iguala organizaron una colecta de recursos para financiar su asistencia a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México, los balearon a mansalva. Primero los uniformados, y luego los pistoleros vestidos de civil, les dispararon intermitentemente sin advertencia alguna. A Julio César Fuentes Mondragón, uno de los normalistas, lo torturaron, le arrancaron los ojos y le desollaron el rostro”.

Una primera versión da cuenta de que los buses donde se trasladaban los estudiantes fueron emboscados en la ciudad de Iguala por efectivos de la policía, junto a estos habrían actuado sicarios de los carteles del narcotráfico. A escasos tres kilómetros de donde ocurrió la primera matanza se encuentra un batallón de infantería del Ejército mexicano, que no actuó en absoluto para proteger la vida de estos ciudadanos.

Hay testimonios de sobrevivientes que narran que fue la policía la que se los llevó. Aún no está claro el móvil para ejecutar tan horrendo crimen. Denunciaron inclusive ante el batallón de infantería, identificaron inclusive a un grupo de los policías que participaron en los ajusticiamientos y desapariciones, pero no pasó nada. La Procuraduría (Fiscalía para los mexicanos) los ignoró, los mandos militares los calificaron como delincuentes.

“Un comandante de ellos nos dijo que, pues, nosotros no teníamos necesidad de estar allá, que adónde nos fuimos a meter, que nosotros buscamos nuestra propia muerte. Y nosotros empezamos a decirle que éramos estudiantes aquí de la normal. Y él nos decía que no, que para él éramos unos delincuentes”, relató uno de los sobrevivientes. Más tarde los expulsaron del cuartel militar y fue la solidaridad de la gente en Iguala lo que los salvó.

La masacre continuaba como una cacería contra varios de los sobrevivientes.

Construyeron una mentira histórica

No pudiendo ocultar por completo lo ocurrido, el Gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto emprendió el camino de construir lo que llamaron la “verdad histórica”, que no era más que una gran farsa. Manipulaciones, inventos, montajes y más violaciones a derechos humanos.

Según el Gobierno mexicano, a los estudiantes de Ayotzinapa los había secuestrado y asesinado el cartel del narcotráfico denominado Guerreros Unidos. Inventaron que los cuerpos de los jóvenes habían sido incinerados en el basurero municipal de la localidad de Cocula.

No hay que olvidar el nombre de quien dijo que habían encontrado la “verdad histórica”, el entonces procurador general Jesús Murillo Karam. Según este personaje, el motivo para que los narcotraficantes actuaran era que habían confundido a los estudiantes con una “banda rival”.

Para construir la farsa, que fue cuestionada de inmediato por organismos de derechos humanos y por los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, el Gobierno de Peña Nieto usó a un investigador estrella, el famoso Tomás Zerón.

Lo cierto es que seguramente si López Obrador no hubiera llegado a la Presidencia de México toda la verdad real hubiera quedado sepultada bajo la verdad de Peña Nieto y sus secuaces.

Con el actual Gobierno mexicano, las investigaciones demostraron científica y rigurosamente que en el Gobierno anterior habían montado una farsa.

«Se acabó la verdad histórica”, señaló en junio el actual fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero. Fue hecha trizas la versión de Peña Nieto porque además a inicios de julio de este año se logró identificar los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos. Evidentemente, carecía de sentido lo de la incineración y posterior lanzamiento a un río de las cenizas de los estudiantes, como habían pretendido imponer en el Gobierno mexicano anterior.

En esa oportunidad el fiscal Gertz Manero expresó que la identificación de uno de los desaparecidos, «da cuenta de que estamos actuando con toda la seriedad. Hemos roto el pacto de impunidad y de silencio que rodeaba Ayotzinapa».

En total son tres los cuerpos que han sido identificados.

Devuelvan a Zerón

Con el triunfo de López Obrador, uno de los implicados en la manipulación de los hechos de Ayotzinapa había huido, lo mencionábamos más arriba en este texto, Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC). Su destino fue Israel, ese “paraíso” de derechos humanos.

En ese contexto, el presidente López Obrador recordó el martes 15 de septiembre que sobre Zerón pesa una orden de aprehensión y es una responsabilidad de las autoridades israelíes devolver a ese sujeto a México.

«Ya hay aviso al Gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político porque participó en hechos muy lamentables», señaló AMLO.

La orden de aprehensión sobre Zerón fue notificada a Interpol en marzo de este año y hasta ahora el Gobierno israelí no ha respondido nada.

Ayotzinapa es una herida para los pueblos.

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas