Siguen los ataques de varias naciones contra Venezuela, especialmente a las megaelecciones conovocadas para el 20 de mayo por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Califican al Gobierno como un regimen opresor, y dicen que en el país no existen libertades, entre otros argumentos falsos o no comprobados. En América Latina, México, Argentina, Perú y Brasil son quienes llevan la voz golpista.
Desmenuzando este informe, que incluye a todas las naciones del mundo, vemos que estos países tienen “su rabo de paja”. Al realizar un análisis, el Correo del Orinoco seleccionó áreas en las que estas naciones que atacan a Venezuela, con o sin razón, también presentan fallas, graves en muchos casos.
Debemos señalar que este informe se centra, en la mayoría de los casos, en las carencias de cada país en áreas específicas, lo que es muy válido, porque es la esencia de Amnistía Internacional. Sin embargo, otros organismos foráneos deberían citar los aciertos de todas esas naciones. En el caso venezolano la Gran Misión Vivienda Venezuela, la tenencia de tierra para quienes de verdad la cultivan y la promulgación de leyes que protegen a pueblos indígenas, entre otras, también deberían ser informadas a los habitantes del orbe.
Venezuela tiene fallas, pero también muchas son creadas o exageradas por la derecha nacional e internacional. Igual pasa en otros países. Lo importante es que el lector investigue por su cuenta y compruebe o no las denuncias sobre diferentes tópicos.
INCAS SUFREN
Perú le niega el derecho al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de ir a Lima para asistir a la Cumbres de las América en abril, con el argumento, palabras menos, palabras más, de que su legítimo Gobierno “es una dictadura”, colocando el Gobierno peruano como paladín de la democracia.
Sin embargo, en el caso peruano “continuaban las amenazas y el acoso por parte de agentes tanto estatales como no estatales contra defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente contra quienes trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, sin que existieran políticas para su protección efectiva ni un reconocimiento público de la importancia de su labor. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían criminalización y acoso mediante procedimientos judiciales con penas elevadas, y normalmente carecían de recursos económicos para asegurarse una asistencia letrada adecuada”.
Mientras Venezuela otorga tierras a campesinos que la trabajan, en la tierra de los incas, “los derechos relacionados con la tierra y el territorio seguían viéndose amenazados por la adopción de leyes que debilitaban el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas y socavaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado”.
En la tierra del “Alma llanera” ya el Arco Minero del Orinoco tiene más de un año de actividad, pero enmarcado en la explotación ecológica del oro, diamante y otras piedras preciosas, mientras en Perú “la adopción de una serie de normas que rebajaban los requisitos ambientales y facilitaban los procedimientos de acceso a la tierra con el objetivo de promover proyectos extractivos o de infraestructura seguía colisionando con el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas”.
Un ejemplo, según el informe, la comunidad de Cuninico, en la región de Loreto, y las comunidades de Espinar, en la región del Cusco, “seguían padeciendo una crisis de salud porque sus únicas fuentes de agua habían sido contaminadas con metales tóxicos, y el gobierno no realizaba las acciones necesarias para brindarles atención médica especializada y acceso a agua limpia y apta para el consumo”.
Grave es que mientras en Venezuela la Fiscalía abre procesos y la Defensoría del Pueblo supervisa la protección de los ciudadanos, en Lima indultaron y con gracia presidencial por supuestas razones humanitarias al expresidente peruano Alberto Fujimori, decisión que generó honda preocupación por lo que suponían para la impunidad y las garantías del debido proceso.
GARDEL LLORA
Si Carlos Gardel viviera, no cantaría hoy por hoy “Mi Buenos Aires querido”, por la vergüenza que le podría generar la actual gestión presidencial. Hace exactamente un año y durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, “se produjeron detenciones indiscriminadas. Muchas mujeres denunciaron haber sido maltratadas, detenidas y humilladas por las fuerzas policiales; algunas afirmaron que las habían obligado a desnudarse por completo”.
Ni los maestros se salvan, “ya que en abril (2017) se reprimió con violencia a docentes que se manifestaban en reclamo de salarios justos. En septiembre, 31 personas fueron violentamente detenidas y retenidas durante más de 48 horas en varias comisarías de policía de la capital, Buenos Aires, por participar en una manifestación masiva tras la desaparición de Santiago Maldonado. Las personas detenidas denunciaron que las habían golpeado, y a algunas mujeres las habían obligado a desnudarse”.
En diciembre, “una multitud de manifestantes tomó las calles de Buenos Aires para expresar su desacuerdo con una reforma legislativa propuesta por el Gobierno. La policía hizo un uso excesivo de la fuerza, y hubo denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas”.
Vuelve a repetirse en esa nación el problema de la tenencia de la tierra, “ya que la mayoría de las comunidades indígenas aún no contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a que la Constitución reconocía su derecho a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales”.
Según este informe internacional, “las autoridades emplearon procedimientos judiciales para intimidar a los pueblos indígenas, a los que acusaron, entre otras cosas, de sedición, resistencia a la autoridad, robo, tentativa de agresión y homicidio. Agustín Santillán, líder indígena del pueblo wichí en la provincia de Formosa, pasó 190 días en prisión preventiva entre abril y octubre y afrontaba más de 28 procesos penales”.
Venezuela se ha caracteriza por abrirle las puertas a gente proveniente de cualquier latitud. Muchos argentinos y sureños en general deben recordar que la patria de Bolívar les dio cobijo durante las olas represivas en los 70 y 80 en Chile y Argentina, principalmente.
Ahora resulta que sin debate parlamentario, el Gobierno modificó la Ley de Migraciones de 2004 para limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones. Once años después de su aprobación, la Ley de Asilo aún no se había reglamentado plenamente, y la Comisión Nacional para los Refugiados no contaba con un presupuesto específico.
Y más grave: “El sistema de recepción de solicitantes de asilo seguía siendo lento e insuficiente, y no había un plan de integración vigente para ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a acceder a derechos básicos, como la educación, el trabajo, la atención médica y el aprendizaje del idioma”.
¿SAMBA PA’TI?
En la tierra de la samba con miles y miles de kilómetros de tierras vírgenes, muchas y con calidad para sembrar, estas no se otorgan al campesinado, ya que “los conflictos por la tierra y los recursos naturales se saldaron con decenas de homicidios”.
Por citar un ejemplo: “El 20 de abril (2017), al menos nueve hombres murieron y otras personas resultaron heridas en Colniza, en el estado de Mato Grosso, cuando unos hombres armados atacaron a trabajadores rurales en el asentamiento de Taquaruçu do Norte. Siguiendo una tendencia iniciada diez años atrás, persistían los ataques frecuentes y violentos por parte de hombres armados a sueldo de latifundistas y de madereros ilegales”.
Y también en septiembre de ese año un grupo de mineros armados amenazó a pequeños agricultores en el asentamiento rural de Montanha e Mangabal, en la zona del río Tapajós, en el municipio de Itaituba, estado de Pará.
De hecho, Brasil se sometió por tercera vez al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos. El país recibió 246 recomendaciones en relación, entre otras cosas, con los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, los homicidios perpetrados por la policía, las torturas y las condiciones degradantes en las prisiones, y la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos. Brasil aceptó todas las recomendaciones menos cuatro. Sin embargo, persistía la preocupación por su implementación en el contexto de las leyes y políticas regresivas que se habían adoptado durante el año.
Tampoco las fuerzas policiales cariocas salen bien paradas en el informe, ya que en varias ciudades se incrementaron los casos de “homicidios múltiples” (sucesos únicos con más de tres víctimas) y de chacinas (homicidios múltiples al estilo de ejecuciones), “sin que, a menudo, las autoridades los investigaran adecuadamente”.
RANCHERA DESAFINADA
No hace falta leer el informe pues por las redes sociales y los medios de comunicación locales y foráneos se muestra que la violencia aumentó en todo México. Las fuerzas armadas seguían llevando a cabo labores habituales de la policía; pero también continuaron las amenazas, los ataques y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos; los ciberataques y la vigilancia digital eran especialmente habituales.
Las detenciones arbitrarias generalizadas seguían derivando en torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Citemos este párrafo textual para que se pueda analizar la magnitud de esta acusación: “Las detenciones arbitrarias muchas veces incluían la colocación de pruebas falsas, generalmente armas y drogas ilegales por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades parecían tener como objetivo a personas históricamente discriminadas, especialmente hombres jóvenes que vivían en la pobreza”.
Y en cuanto a las desapariciones forzadas “con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo práctica habitual, y los responsables seguían gozando de una impunidad casi absoluta. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, un padrón oficial, indicaba que seguía sin esclarecerse la suerte o el paradero de 34.656 personas (25.682 hombres y 8.974 mujeres). Las cifras reales eran más altas, porque la cifra oficial excluía los casos federales anteriores a 2014 y los casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas… Y las investigaciones de los casos de personas desaparecidas seguían adoleciendo de irregularidades y las autoridades normalmente no iniciaban de inmediato la búsqueda de las víctimas”.
Se señala que en Venezuela existen amenazas, hostigamiento y agresiones contra los medios de comunicación, válidas en muchos casos, pero México no es un ejemplo de libertad de información, ya que hasta aumentaron los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
Perdieron la vida al menos 12 periodistas, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2000. Entre ellos se encontraba el periodista galardonado Javier Valdez, fundador del periódico Ríodoce, asesinado el 15 de mayo (2017) en el estado de Sinaloa.
Muchos de los homicidios de periodistas se produjeron a la luz del día y en espacios públicos. Las autoridades no realizaron avances significativos en las investigaciones de estos homicidios. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión no investigó si el trabajo de estos profesionales podía haber motivado los ataques en la mayoría de los casos. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de carácter federal, no brindaba protección adecuada a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Y en enero se conoció que una red de personas empleaba internet para hostigar y amenazar a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en todo México.
T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas