El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de México informó este domingo que documentó “violaciones a derechos humanos” durante los operativos de desalojo de los maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), realizados el viernes pasado en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal por policías federales y estatales.
Dijo que durante las acciones realizadas por los uniformados, hubo “uso desproporcionado de la fuerza pública, privaciones arbitrarias de la libertad, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que conforman un patrón de represión y criminalización de la protesta social”.
En un comunicado asentó que, “en las acciones perpetradas por elementos de la Policía Federal, la Gendarmería y la policía estatal, se utilizaron de manera indiscriminada e injustificada gases lacrimógenos y balas de goma dañando la salud de quienes se manifestaban” en contra de la reforma educativa.
Además, abundó, “lesionaron físicamente a la población que pasaba o estaba en el lugar de la represión, incluyendo niñas, niños, mujeres y personas mayores de edad”.
El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, manifestó que las acciones policiacas “incluyeron allanamientos a casas particulares y negocios, uso de gases lacrimógenos dañando a familiares de enfermos que se encontraban en el hospital de las Culturas (de San Cristóbal), personas golpeadas que no tenían nada que ver con las manifestaciones, vigilancia de militares vestidos de civil e infiltración de grupos de choque para justificar la represión y generar confrontación”.
Aseguró que los policías “detuvieron de manera arbitraria y con tratos crueles inhumanos y/o degradantes, sin respeto a las garantías personales ni mediar protocolos que salvaguarden la seguridad e integridad, al menos a ocho profesoras, 10 profesores y tres personas que pasaban por el lugar: un repartidor de agua, un técnico en electricidad y un instructor de gimnasio,además de un estudiante que se encontraba en un taller mecánico y dos personas más no identificadas”.
Por separado, el obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel, afirmó que “el abuso de la fuerza pública sobre inocentes, es condenable” y “el ingreso Dijo que durante las acciones realizadas por los uniformados, hubo “uso desproporcionado de la fuerza pública, privaciones arbitrarias de la libertad, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que conforman un patrón de represión y criminalización de la protesta social”.(de policías) al hospital de las Culturas y la llegada de gas lacrimógeno a ese lugar, es totalmente reprobable”, pues “los enfermos y sus familiares son dignos de todo respeto y nada debe perjudicar su salud”.
Exigió a las autoridades federales y estatales que, “si es verdad que tienen obligación de hacer valer el libre tránsito, lo hagan sin abusar de la fuerza, pues la represión desmedida provoca una cadena de nuevos enfrentamientos, muy difíciles de controlar”.
En un comunicado, expuso que “los maestros tienen derecho a manifestar sus inconformidades y a luchar por lo que consideran sus justos derechos, pero deberían idear otros métodos de lucha que no dañen los derechos de quienes nada pueden hacer para resolver sus peticiones y si deciden bloquear carreteras, que sería como último recurso, que lo hagan de forma intermitente, para que puedan pasar tantas personas que tienen compromisos ineludibles, y que no cobren el paso. La palabra de Dios es muy clara: No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti”.
Remarcó: “Venga de donde viniera, la violencia siempre es deplorable”.
En las protestas del viernes, durante las cuales fueron quemados cinco vehículos en ambas ciudades y parte de la alcaldía de San Cristóbal, fueron detenidos 18 maestros que el sábado fueron trasladados por la Procuraduría General de la República (PGR) a un penal de máxima seguridad ubicado en Nayarit.
